Una comisión real británica pide mayores poderes para la policía

Después de tres años de trabajo, la Real Comisión Británica sobre Procedimientos Criminales publicó el jueves un voluminoso informe en el que recomienda nuevos poderes para la policía y ciertas restricciones en el tiempo de retención de presuntos criminales o delincuentes en las comisarías. El informe ha sido recibido en Gran Bretaña con grandes críticas, especialmente entre los laboristas y grupos para la defensa de las libertades civiles.

Los nuevos poderes, de ser aprobados, autorizarán a la policía, entre otras cosas, a detener y registrar a cualquier sospechoso, especialmente para comprobar si va armado o ha cometido algún robo. Esto podría llevar a abusos, según los críticos, y a empeorar las relaciones de la policía con las minorías étnicas, las más afectadas por estas medidas, ségún reconocieron algunos miembros de la propia Comisión.

La policía debería también poder parar y registrar a cualquier coche, aunque las barreras policiales no deban impedir el normal desarrollo de las libertades de los ciudadanos. Los registros, en casos de crímenes graves, podrían hacerse sin necesidad de una autorización judicial.

La Comisión desearía, sin embargo, que el poder de detención estuviera limitado, sin llegar a obstruir las funciones policiales necesarias en la prevención del crimen. Tras seis horas de detención, si aún no se hubiera materializado ninguna acusación concreta, un oficial que no estuviera en relación con la investigación debería decidir si hay bases para retener al sospechoso.

Intervención del juez

En casos de delitos graves, la policía debería poder retener a alguien sin acusación por un período de tiempo no especificado, aunque antes de pasadas veinticuatro horas el sospechoso debería comparecer ante un tribunal.Manteniendo el sacrosanto derecho al silencio, el informe recomienda que el detenido tenga derecho inmediato a un abogado, sin ninguna clase de restricciones, salvo en casos de crímenes muy graves, hasta que se hubiera conseguido una orden de arresto para otras personas implicadas o si la acción del abogado interfiriera en los procedimientos criminales.

La Comisión no recomienda que se obtengan las huellas digitales de toda una población en un área particular, ya que el valor de tal acción sería muy dudoso (en Gran Bretaña no existe el carné de identidad). Sin embargo, el informe quiere que se rebaje a diez años la edad en que se pueden tomar las huellas digitales de una persona, igualándola a la existente para la responsabilidad criminal. Estos niños, añade el informe, «forman una gran proporción de los implicados en delitos procesales».