El Gobierno retrasa la subida de tarifas para estudiar los gastos financieros presentados por las eléctricas

El próximo martes y 13, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, presidida por Leopoldo Calvo Sotelo, estudiará nuevamente la propuesta de elevación de tarifas eléctricas, que ya ha sido reducida por la Junta Superior de Precios del 30% al 16%. Una de las razones aducidas ante el retraso producido en la subida ha sido la publicación (EL PAÍS, 6-1-1980) de los resultados de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA) que ha multiplicado por cinco sus beneficios.

La segunda razón ha sido la consideración en medios oficiales de que los gastos financieros presentados por las empresas eléctricas y la política de amortizaciones están «algo inflados» para financiar por la vía de tarifas las enormes inversiones que exigen las centrales nucleares.Para estudiar con mayor detenimiento la situación real de las empresas eléctricas, el comisario de la Energía, Luis Magaña, pidió el pasado 14 de noviembre una auditoría externa a las empresas del sector. Las auditorías no se realizaron a todas las empresas, sino a unas pocas elegidas por muestreo. Las eléctricas, agrupadas en Unidad Eléctrica, SA (Unesa), que preside Juan Alegre Marcet, de Fuerzas Eléctricas de Cataluña, presentaron al Gobierno los gastos del año 1980 y las previsiones para 1981, acentuando muy especialmente los gastos de amortización y los financieros, ligados también a las nuevas inversiones en curso para justificar la subida de tarifas. La propuesta de Unesa fue de un incremento del 24%, más otro del 6% como repercusión del mayor coste del fuel a partir del 5 de diciembre de 1980.

La Junta Superior de Precios, que no tuvo acceso a las auditorías, redujo la petición del 30% al 16%, con el voto en contra, al parecer, de los Ministerios de Industria y Hacienda.

La Comisión Delegada del Gobierno, según fuentes próximas a la vicepresidencia económica, está considerando plantear al próximo martes y 13 una subida que ronde el 22%, intermedia entre la Junta Superior de Precios y las eléctricas.

El retraso en la subida de tarifas y el estudio minucioso de las cuentas han puesto de manifiesto, en fuentes gubernamentales, la necesidad de aplicar criterios transparentes de amortización y subidas que garanticen el mantenimiento del negocio, financiando las nuevas inversiones, y una estructura apropiada de recursos propios y ajenos, asegurando el dividendo que las empresas deben dar a los accionistas para hacer atractivas sus acciones.

En este sentido, la financiación de las nuevas centrales nucleares por la vía de las tarifas ha tenido la oposición de los partidos de izquierda. Señalan que, de este forma, «las nucleares son de quien las paga», lo que supone una cierta nacionalización. También han señalado fuentes socialistas que «las empresas privadas que se financian con tarifas de servicio público, fijadas por el Gobierno, tienen que ser mucho más transparentes, si cabe, que las propias empresas públicas».

Javier Solana, contra la subida

«El anuncio de una nueva subida de tarifas eléctricas, como única respuesta a las variaciones de coste del crudo en los mercados internacionales, pone de manifiesto la escasez de instrumentos y de objetivos de la política energética del Gobierno de UCD», declaró ayer a Efe Javier Solana, miembro de la comisión ejecutiva federal del PSOE.

«La subida propuesta», añadió Javier Solana, «la cuarta de los dos últimos años, supone una duplicación del precio de kWh durante este período».

«Una tendencia alcista de este último, difícilmente se justifica por los aumentos de precios de los combustibles o de otros costes (personal, financieros, etcétera), por lo que hay que buscar su justificación en la necesidad de dotar de fondos a las empresas con objeto de hacer frente a los compromisos de construcción de nuevas centrales».

Por último, Javier solana ha manifestado que «el Gobierno de UCD sigue mostrándose incapaz de ofrecer al país la información sobre las empresas eléctricas que justificará la necesidad económica y financiera de estos aumentos de tarifas, en función de la situación de las mismas».

Por otra parte, en respuesta a la nota de UNESA en la que se ponían en duda los espectaculares beneficios obtenidos por ENDESA en 1980 y se sugerían «especulaciones financieras, revaluaciones de activos, negocios mineros o cualesquiera otros», fuentes próximas a la presidencia de la empresa pública han confirmado nuevamente a EL PAIS la veracidad de los resultados adelantados por este periódico, si bien aclararon que una parte importante de los beneficios se debe, naturalmente, al sector minero de la empresa.