El Comité Central del PCE andaluz podría aceptar hoy la dimisión de Soto

El Comité Central del Partido Comunista de Andalucía (PCA) podría aceptar la dimisión de su secretario general, Fernando Soto, y mantener en el cargo al secretario provincial de Sevilla, Juan Bosco Díaz-Urmeneta, en la reunión que comienza esta mañana en Jaén y a la que tiene, en principio, previsto asistir Santiago Carrillo. Después del PSUC, el PCA es la organización comunista más importante de todo el país, por su implantación social e influencia política.La oposición a la gestión de Soto ha aumentado considerablemente en el seno del PCA después de que éste anunciase su intención de dimitir y pidiese la adopción de medidas disciplinarias contra Díaz-Urmeneta, acusándole de deslealtad, engaño y mala fe (véase EL PAIS de 2-1-1981). Otros dirigentes comunistas, sin llegar a cuestionar la permanencia de Soto, consideran inadmisible el procedimiento elegido por éste para dirimir sus discrepancias con el secretario de Sevilla.

En estos medios se estima que las diferencias Soto-Juan Bosco Díaz deberán ser resueltas mediante la convocatoria de una conferencia provincial extraordinaria en Sevilla y no por decisiones administrativas tomadas por arriba. En la última reunión del Comité Ejecutivo del PCA, el veterano líder comunista Manuel Benítez, alcalde de Dos Hermanas y uno de los comunistas andaluces que más tiempo permanecieron en las cárceles franquistas, llegó a comparar la propuesta de Fernando Soto con las purgas políticas realizadas en el PCE en los años cuarenta, en pleno auge estalinista.

De acuerdo con estas fuentes, los planteamientos críticos hacia el secretario general son compartidos por los secretarios políticos de Cádiz, Málaga, Córdoba y Jaén (y, obviamente, Sevilla). Hay que subrayar, sin embargo, que Soto cuenta con el apoyo, entre otros, de los secretarios de organización y prensa del PCA, Francisco Acosta y Antonio Iglesias, respectivamente; el secretario general de CC OO de Andalucía, Eduardo Saborido, y el secretario de organización de la misma central, Antonio Rodrigo. Los tres primeros son, a su vez, miembros del Comité Central del PCE.

Volviendo al documento de Soto, que curiosamente fue entregado a EL PAIS por iniciativa propia de dos dirigentes comunistas que mantienen posiciones enfrentadas en esta crisis-, sus acusaciones contra Juan Bosco Díaz van desde la de haber preparado su candidatura a secretario provincial en reuniones ajenas a los cauces orgánicos del PCA hasta la de no informar de los acuerdos del comité ejecutivo, del que forma parte; desprestigiar a este organismo, apoyarse en militantes que se jactan de acusar a la dirección del PCE de «socialdemócrata», despreocuparse de potenciar la actividad de las agrupaciones y comités y haber alentado el abucheo de que fue objeto Alejandro Rojas-Marcos a la salida del famoso pleno de la Junta de Andalucía en el que se rechazó la vía del 144.

Capítulo aparte merecen las acusaciones contra la política puesta en práctica por la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, en manos comunistas, con el visto bueno del secretario provincial. «Se avecina un estrepitoso fracaso en este enfoque urbanístico, que la mayoría de los propios concejales no comparte, que se enfrenta a los criterios del colegio de arquitectos, a los promotores (no sólo a los grandes), que encarece al final la vivienda en el centro de la ciudad y coadyuba a reducir el empleo», se lee en el documento.

Tras denunciar su marginación durante la reciente campaña electoral al Senado, Fernando Soto subraya: «En la vida del partido se puede dar algo más sutil que aquello de ser agente de tal o cual centro de poder, sea éste de los yanquis, de los alemanes, de Moscú, Pekín o el Vaticano, algo más fino que la figura del infiltrado. Alguien puede estar en el partido, aparecer disciplinado, trabajador y hasta innovador, pero para hacer otra política ajena a la del partido, para servir otros intereses, incluso de egolatría o de lo que sea». Y termina: «Se trata ahora de sanear, de curar, de unir al partido en la aplicación de su política revolucionaria».