Reforma de la Administración pública.

En los últimos tiempos estamos asistiendo a un proceso continuo de crítica hacia la Administración española. Esta crítica no es única y aislada, sino que parte de todos los estamentos de la vida social, tales como la Prensa, los empresarios y fundamentalmente de los que sufren cotidianamente esa ineficacia burocrática: los ciudadanos en general.La necesidad de reformar la Administración pública está en el ánimo de todos los administrados y para comprobarlo sólo hay que atender a las continuas referencias que sobre este tema se expusieron en los debates parlamentarios de la moción de censura y el voto de confianza. Tanto el partido político en el Gobierno, UCD, como el PSOE, el PCE y los partidos nacionalistas coincidieron en afirmar que la Administración española es ineficaz , improductiva e inadecuada a los servicios que la sociedad española actual demanda. Sin embargo, ninguno ha presentado un plan, programa o esquema de lo que debería ser una Administración eficaz, racional y democrática.

No cabe la menor duda que cualquier planteamiento de reforma administrativa debería ser global, y no dirigido, como se ha venido haciendo hasta ahora, a modificar aspectos parciales del aparato admin istrativo. La, necesidad de una reforma amplia viene determinada por el papel que la Administración ha desempeñado durante el franquismo y que todavía dista mucho de las exigencias actuales.

En modo alguno vamos a anaflzar aquí las disfuncionalidades que se presentan en la Administración española; pero sí es conveniente recordar que la estructura administrativa actual se consolidó y fundamentalmente,se desarrolló como órgano de apoyo al Pasado régimen franquista. La burocracia administrativa durante este período estaba dirigida fundamental mente y en primer lugar a servir de apoyo a la clase gobernante, defendiendo tanto sus intereses económicos como políticos; en segundo lugar, a crear un núcleo ideológicamente idóneo y técnica mente aceptable del que se pudiera reclutar la elite política de servicio; y, por último, servir al entramado intervencionista para que pudiera garantizar el control sobre los diferentes sectores sociales.

Prebendas del franquismo

Por otra parte es innecesario profundizar en cuáles eran los beneficios derivados del servicio prestado por numerosos funcionarios. Es ampliamente conocido el papel que han jugado los altos cargos de la Administración en la sociedad española. No obstante, se puede mencionar como recordatorio que las prebendas obtenidas por su servicio al franquismo son fundamental mente dos. Por una parte, les permitió acceder a los privilegios económicos que el sistema ofrecía. Pos otra, les facilitó un amplio poder administrativo basado fundamentalmente en el reparto de parcelas de poder, atendiendo al cuerpo administrativo de procedencia. En definitiva, con todo ello se consiguió un modelo perfecto de Administración pública intervencionista y corporativa.

Pese a esta situación parece evidenciarse que después de cuatro años de período democrático no sólo no se han establecido las bases de la tan esperada reforma administrativa, sino que por el contrario se ha mantenido la instrumentalización de la Administración en favor de intereses políticos específicos.

Los párrafoss anteriores ponen de manifiesto a urgencia de esta blecer unas bases mínimas para la necesitada reforma administrativa. Hasta ahora, el debate público se ha centrado casi exclusivamente en aspectos tecnocráticos y no por ello desdeñables, tales como el abultado presupuesto de gastos corrientes que derrocha el sector público o la reducida productividad de los funcionarios. Sin embargo, ambas manifestaciones. no son sino la consecuencia lógica de una Administiación socialmente condicionada mal estructurada. Por tanto, cualquier programa que pretenda reformar nuestra Administración debería contemplar los aspectos esenciales de la misma; aspectos que desde una perspectiva global podrianser los que se mencionan a continuación.

Primero. Disminución de la influencia política en el aparato administrativo. Para ello se tendría que acabar con la creciente instrumentalización por parte, no ya de un partido, sino incluso de tendencias dentro del mismo partido. De esta forma al mertos se vería cierta continuidad en la labor de la Administración, al no ser interrrumpida por la continuasustitución de los altos cargos en función de la amistad, la ideología o incluso familia política.

Esto no quiere decir que los funcionarios y su actividad no deban adecuarse a los objetivos diseñados por el Gobierno. Todo lo contrario, se acepta con generalidad que la actuación administrativa tiene que ajustarse al programa político del partido gobernante, pero sin que ello suponga la subordinación manifiesta del aparato de Estado a los intereses partidistas.

Carrera administrativa

Segundo. Definición de las funciones de los trabajadores de la Administración. La continua pérdida de funciones a que se ven sometidos los funcionarios en favor de un grupo de personas extrañas a la función pública, pero merecedoras de la confianza política de los altos cargos de la Administración, es una de las causas principales del desaliento y baja productividad del funcionario. Esta situación podría aceptarse si sólo el ministro se asesorara por un reducido grupo de personas afines política o técnicamente. Pero en una Administración como la nuestra, en la que subsecretarios, directores, generales, e incluso asesores son asesorados por personal de fuera de la Administración, la eficacia no puede ser la norma directriz; ni la austeridad tampoco. Otro juicio merecería el que personal de fuera de la Administración dedicara temporalmente su experiencia a aquellos temas que sean, por sus especiales características técnicas o científicas, inabordables por los trabajadores públicos. En este caso, la labor de los funcionarios no sería ni duplicada ni alulada, sino, por el contrario, se vería mejorada.

Eliminación de los cuerpos de elite de la Administración

Al hilo de estos argumentos es necesario plantear la problemática del personal contratado en la Administración.Parece, evidente quel la solución de los problemas que tiene planteado este colectivo, muy importante, por otra parte, para el adecuado funcionamiento de la Administración, pasa por analizarlos dentro del contexto de una política general de personal. Independientemente de este hecho, se debería asignar a este grupo la condición de trabajadores laborales y, por tanto, sujetos a las normas vigentes en el campo laboral privado. Claro está que esta condición se debería adquirir siempre y cuando la contratación se realizase bajo los principios de publicidad del puesto, objetividad en la selección y nec esidad de personal.

Tercero. Eliminación de los poderes corporativos. Esta pretenson, casi utópica,por otra parte, en niaestra actual Administración pública, introduciría pautas de racionalidad en el funcionamiento del aparato administrativo. Mientras que algunas funciones del Estado sean aignadas en exclusiva a los cuerpos superiores de la Administración, difícilmente podrán subsanarse muchas de Ias causas que determinan la baja productividad e ineficacia de los servicios públicos. Lo dramático, no es solamente que la actividad y funcionamiento de un ministro vengan adecuándose desde tiempo atrás a las pretensiones de los altos cuerpos de dicho departamento, sino que los pretensiones dicho departamen o, sino que, los propio objetivos del Gobierno puedan ser alterados por las presiones de esos todopoderosos grupos.

Es necesario resaltar, por otra parte, que los, mencionados cuerpos no responden a opciones ideológicas determinadas, sino a intereses de grupo. Este aspecto es importante resaltarlo por cuanto que los cuerpos superiores de la Administración, aun estando integrados por personas ideológicamente dispares, su actuación corporativa es uniforme, independientemente de la ideología de sus componentes, con lo que una posible alternativa política en los Gobiernos no escaparía al ejercicio de presión de los funcionarios agrupados en cuerpos.

Cuarto. Adecuación del aparato administrativo a las normas de eficacia, objetividad y productividad exigibles a un servicio público. Dentro del aparato administrativo son varios los aspectos que permitirían su clarificación. En primer lugar, y considerando que el sistema de oposiciones no es el más idóneo para la selección de personal, habría que, racionalizar el sis tema de acceso a la función pública para adecuarlo a las funciones a desempeñar. Segundo, sería deseable que todos los puestos de trabajo se cubrireran en razón de la titulación académica y méritos de cada funcionario, y no en función del cuerpo de procedencia. En tercer lugar, sería necesario establecer y garantizar una verdadera carrera administrativa que valore la dedicación y aspectos objetivos, reduciendo al máximo los puestos políticos. Cuarto, en aras, a la transparencia que debe imperar en todo aparato público sería muy conveniente establecer la simplicidad, publicidad y rigurosa justificación de la tabla de retribuciones de los funcionarios públicos, evitando cualquier tipo de discriminación por razón de pertenencia a un cuerpo, organismo o puesto de trabajo concreto, siempre y cuando se desempeñe una función análoga. Por último, y ajustándose al man dato de la Constitución, habría que hacer efectivo un sistema riguroso de incompatibilidades, al tiempo que se efectuará publicidad de los puestos públicos ocupados en razón del cargo administrativo.

Es probable que ajustando nuestra Administración a los requisitos aquí expuestos, las denuncias sobre pluriempleo y absentismo de los funcionarios y/o las críticas sobre abuso de poder y corruptelas administrativas, tenderían a desaparecer; y lo que es más importante aún, impediría que los males presentes en la actual Administración pública se reprodujeran en las administraciones autonómicas en trance de formación.

Por tanto, hasta que no se dilucide qué tipo de Administración, queremos, si Administración pública o Administración política, con lo que ambas opciones representan, no será posible mejorar la eficacia del aparato administrativo ni aumentar su productividad. Hasta que no se acabe con los po deres corporativos, hasta qué no se implañte un sistema de incompati bilidades correcto, hasta que no se profesionalice la Administración, etcétera; es decir, hasta que no, se acaben las causan difícilmente se reducirán los efectos. Y querámos lo o no, hasta que no se contemplen estos principios en el quehacer público, estaremos al amparo de los intereses de poder, de grupos políticos o cuerpos administrativos y evidentemente tendremos que soportar la Administración que nos merecemos,