"Los ferroviarios deben decidir si incrementan su salario o aumentan la plantilla"
Renfe trata de negociar con las centrales, dentro del convenio colectivo cuya discusión se inició ayer, una política de personal en la que se compatibilice la moderación en el crecimiento salarial con la creación de nuevos puestos de trabajo. Según declaró a EL PAIS su presidente, Alejandro Rebollo, en el viaje inaugural del nuevo tren Corail que cubre la línea Madrid-Gijón, ambos objetivos no son términos absolutos, por lo que el incremento de plantilla no debe impedir un crecimiento razonable de los salarios de los trabajadores de Renfe.
El porcentaje de incremento salarial, no obstante, no está aún decidido por la empresa, aunque «esta es una alternativa que corresponde decidir a los sindicatos: en la medida que renuncien a mejorar sus salarios se podrá ampliar la plantilla».Para la alta dirección de Renfe, el diálogo con las centrales sindicales «es el elemento indispensable para la fijación no sólo de la política de personal, sino en general para el logro de los objetivos empresariales fijado por la nueva gerencia de la sociedad».
Entre estos objetivos, en primera instancia, figura la ordenación entre la dinámica del presupuesto real de la empresa y el presupuesto oficial establecido por el Ministerio de Hacienda. En esta línea, la coordinación de la explotación de la empresa, desde su carácter de servicio público, se complementa con una especial dedicación al mantenimiento de sus efectivos técnicos.
También constituye un objetivo prioritario la simplificación de los procesos administrativos y la anulación del vacío que hoy separa a los dos grandes colectivos de la empresa: personal laboral, afectado por el convenio colectivo, y los casi 1.500 agentes excluidos del convenio y cuya integración en el mismo tratan de forzar las centrales sindicales.
Acabar con las exclusiones
«La compenetración de ambos colectivos», señala el señor Rebollo, «no tiene que pasar necesariamente por la inclusión de ambos en un solo convenio. La formación de todo el personal, la concertación de objetivos a través del diálogo y la carrera ferroviaria, por ejemplo, así como que ambos colectivos puedan acceder a la provisión de determinados puestos de trabajo, indistintamente, creo que aproximarán y vincularán a todos los agentes de la red. Todo eso no se puede conseguir de un día para otro y por real decreto. Insistir en esa práctica, no obstante, conducirá a que ambos colectivos puedan entrar en un mismo convenio de un modo concertado y voluntario las legítimas organizaciones representativas de ambos colectivos».La disposición de los sindicatos en este sentido debería ser de apertura, según la presidencia de Renfe, especialmente por parte de aquellas organizaciones obreras que aparecen más claramente identificables con la concienciación profesional que que presenta el colectivo hoy excluido del convenio.
Para la presidencia de Renfe, el encuentro entre ambos colectivos constituye la bisagra que permitirá el perfecto funcionamiento de la empresa como un todo con el que se identifique la totalidad de su plantilla. La traducción práctica de dicha identificación, según Alejandro Rebollo, «comporta un sistema participativo que no supone el gobierno de la empresa por sus empleados, ni es autogestión, ni gestión, ni tampoco confusión de responsabilidades; es el trabajo en equipo, con la adopción de decisiones a distintos niveles para crear motivaciones en quienes han de cumplir las decisiones». El señor Reboilo, políticamente incluido en las filas de UCD, se declara socialdemócrata.
En cuanto a la política gerencial, según Alejandro Rebollo, el Plan General Ferroviario no es más que un instrumento. «Es preciso contar con una política de transporte que acabe con la actual competencia desleal que el ferrocarril padece desde la carretera, con la pasividad del Estado, que pone al servicio del transporte de superficie una infraestructura que para Renfe representa el 60% de su déficit».
«Se hace preciso, pues, una adecuada política tarifaria, repercutiendo en cada medio de transporte sus costes reales, o bien exonerándolas de los costes de infraestructura. Después, que se deje libertad de actuación, a cada medio para que haya la suficiente competencia como para que el servicio que se preste al viajero sea el que justamente reclama la sociedad española de hoy».
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