El Gobierno Civil prohíbe que se aplique el cobro de un canon especial en las farmacias de guardia

El Gobierno Civil de Madrid prohibirá que los farmacéuticos apliquen a partir del 1 de enero el cobro de un suplemento de doscientas pesetas por cada producto vendido sin receta en farmacias de guardia, tal y como anunciaron hace unos días. Dicha medida fue comunicada ayer verbalmente por el gobernador civil, Mariano Nicolás, al presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Pedro Gómez de Agüero, a quien advirtió que se impondrían las multas que contempla la ley en el caso de que se pusiera en vigor la medida.

Dicha comunicación se produjo después de que la Comisión Provincial de Precios, que preside el gobernador civil, emitiera el dictamen de que la medida no se ajusta a la ley, ya que si se trata de una subida de precios debe ser la Junta Superior de Precios (formada por subsecretarios de ministerios y otros altos cargos de la Administración) quien lo autorice, y hasta ahora no lo ha hecho ni es previsible que lo haga; y si se trata del cobro de un canon especial no está contemplado en la actual legislación.Pedro Gómez de Agüero declaró con posterioridad a EL PAIS que «como no nos han dado una contestación oficial y por escrito del acuerdo de la Comisión Provincial de Precios, los farmacéuticos aplicarán la subida el 1 de enero». La junta de gobierno del colegio estimó que, efectivamente, no estaba planteado como una subida de precios, sino como un canon especial. «Si fuera el primer caso, es evidente que la competencia es de la Junta Superior de Precios; pero, por tratarse de un canon, la competencia es de la Comisión Provincia l de Precios, que se ha inhibido al no tornar ningún acuerdo», señalaron fuentes farmacéuticas.

Para los farmacéuticos, una injerencia profesional

No obstante, Gómez de Agüero señaló que hoy será cuando el colegio adopte una decisión al respecto. Los farmacéuticos consideran la actitud del Gobierno Civil como una injerencia en un tema que consideran de su estricta competencia.La decisión de la comisión fue similar a la tomada hace siete meses, ya que la situación desde entonces no ha variado nada. En aquella ocasión, el abogado del Estado informó desfavorablemente, ya que se pretendía cobrar un canon por unos productos que teóricamente no tenían por qué ser vendidos por las farmacias de guardia al existir una orden ministerial que limitaba la expedición de productos durante las horas de guardia a aquellos que contaran con receta médica. Esta orden ministerial, con el paso del tiempo, fue olvidada por los propios farmacéuticos ante la disminución de sus ventas.

El deseo de los farmacéuticos de cobrar un canon de doscientas pesetas desde las 22.00 horas de la noche hasta las 9.30 horas del día siguiente, en las farmacias, se debe a que, según un muestreo realizado entre 1978 y 1979, el 90% de los productos vendidos no era medicamentoso; del 10% restante sólo la mitad era expedido con receta médica. Ante esta situación, la junta general del Colegio de Farmacéuticos acordó que las veinticinco farmacias que a diario están de guardia en Madrid capital, y las del resto de la provincia que prestan también servicio fuera de las horas normales, cobraran un canon por cada producto que se vendiera sin receta.

Según Pedro Gómez de Agüero, la intención que se tenía al aprobar este canon, del que la mitad será para los farmacéuticos jubilados, era acabar con una situación de total irregularidad y dar a la profesión su auténtica dimensión de servicio. Entre las ventajas que el presidente esperaba obtener estaban la limitación de la automedicación, la necesidad de que los médicos de guardia tuvieran que desplazarse a los domicilios, con lo cual dejarían de recetar por teléfono, y la regulación de un servicio.