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Se radicaliza el conflicto vecinos-Obras Públicas por la remodelación de los barrios

El enfrentamiento entre el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) y la coordinadora que agrupa a todos los vecinos pendientes de que se culminen las obras de remodelación de sus respectivos barrios para, después de varios años de lucha constante, conseguir una vivienda digna parece haber llegado a su punto culminante.

Ayer coincidieron en el tiempo una nota para la Prensa en la que los vecinos acusaban al Ministerio de incapacidad, inexperiencia y falta de competencia, y una reunión del delegado provincial del MOPU Alvaro Perea, con los informadores en la que aquél llegó a afirmar que las manifestaciones que día tras día protagonizan los vecinos en denuncia de los retrasos que se producen en la remodelación de los barrios «son producto de una falta de información y de errores de interpretación de la normativa vigente».La coordinadora vecinal de los veintiocho barrios madrileños actualmente en curso de remodelación urbanística hizo público ayer por la tarde un comunicado en el que denuncia, una vez más, la falta de cumplimiento, por parte del Ministerio, del acuerdo que fue alcanzado entre esa coordinadora y la Delegación Provincial del Ministerio en julio de este año, que servía para actualizar la orden comunicada del mes de mayo del año pasado.

Según los vecinos, las denuncias de los últimos cuatro meses, en el sentido de que los retrasos registrados en las remodelaciones son producto de la falta de presupuestos para la construcción de la totalidad de las viviendas, de la indefinición de las condiciones de adjudicación a los afectados y de la ineficacia de los organismos creados para la ejecución y seguimiento del programa han chocado siempre con la preocupación ministerial de «ocultar con datos falsos el alcance real del problema en vez de tomar medidas para subsanar esta situación».

La denuncia vecinal se concreta en que de las 35.090 viviendas que el Ministerio se comprometió a construir sólo se han iniciado 14.828, en tanto que otras 10.000 están ya programadas y las 10.000 restantes han sido «ignoradas». Por lo que respecta a los retrasos en la construcción, tantas veces denunciados, la coordinadora asegura que «baste con señalar que de 16.568 viviendas que se tenían que iniciar en 1979 se han iniciado realmente 5.045 en ese año, 9.331 en 1980 y 1.076 se retrasan a 1981, en el que sólo se prevén 2.476 viviendas nuevas, por lo que ocho barrios con obras previstas para este año se quedan sin ellas.

Por todas esas razones, los vecinos insisten en su solicitud de entrevistarse directamente con el ministro, Jesús Sancho Rof, ante «la falta de experiencia y competencias del delegado provincial y la incapacidad para el diálogo por parte del director general del Instituto Nacional de la Vivienda». Por negarse el jueves pasado a abandonar el recinto de la Delegación Provincial del MOPU en tanto no se les asegurara la entrevista con el ministro, 36 representantes de la coordinadora vecinal fueron detenidos por la policía.

No hubo denuncia, según el delegado

Sin embargo, el delegado provincial del MOPU, Alvaro Perea, en el curso de una reunión informativa que ayer convocó con los periodistas, aseguró que él no dio ningún tipo de orden para que se detuviera a nadie. Aunque dejó entrever que tal orden pudiera haber partido del gobernador civil, aseguró Alvaro Perea que él lo único que hizo fue solicitar que fueran desalojados de la Delegación «quienes querían quedarse allí».Por lo que respecta al grado de cumplimiento del programa de remodelaciones, Alvaro Perea insistió en que éste es «satisfactorio», habida cuenta de los condicionantes en cuanto a la disponibilidad de suelo y a la situación del planeamiento urbanístico.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 17 de diciembre de 1980

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