De los funcionarios
Esta España nuestra de los vaivenes parece haber encontrado, ¡al fin!, la raíz de los numerosos males que la aquejan, la culpa es de los funcionarios. Así, la codiciada situación de funcionario, en otro no tan lejano tiempo, ha pasado a ser poco menos que la escoria vituperada y vituperable de la sociedad, a tenor de lo que a diario se oye y se escribe en los medios de difusión. En tal campaña parecen tomar indirecta participación altos responsables de la política gubernamental a quienes debe resultar harto cómodo descargar sobre los funcionarios toda la incompetencia e incapacidad de administrar de los Gobiernos que se suceden.Pocas son las voces, sin embargo, que intentan realizar un mediano análisis de cuál es la situación real de nuestra Administración pública y de los males que la aquejan. Desearíamos contribuir a ello.
El primer dato que se constata objetivamente es que la Administración española no es ese Moloch que devora al país implacablemente. La Administración pública española, con sus 1.300.000 empleados, ocupa al 10% de la población activa frente al 16% de promedio en la Comunidad Económica Europea, donde la muy liberal Inglaterra se alza con la palma al tener, nada más y nada menos, que al 21% de su población activa empleado en la Administración. Sería faltar a la objetividad no advertir que las difrencias más abismales se producen en el campo de la Admínistración local, donde los efectivos en España no alcanzan el 25% de lo que es habitual en otros países, como es necesario tener en cuenta que el volumen presupuestario español sobre el total del PIB es también netamente inferior al porcentaje promedio de Europa. Estas aclaraciones, sin embargo, no eliminan la evidente constatación de que España no es un país sobre cargado de Administración, sino más bien lo contrario.
El hecho anterior no supone que sea tesis defendible el aumentar la Administración pública. Aquí y ahora la tarea es hacer productiva y eficaz la que tenemos, ya que todo el mundo parecemos estar de acuerdo en que la que hay funciona mal.
Y es a la hora de analizar este mal funcionamiento y asignar responsabilidades cuando se echa de menos un mínimo de objetividad. No es serio pretender que es la indolencia natural e individual de los funcionarios la causa del mal funcionamiento de la Administración. Por decirlo en palabras llanas, no se puede cerrar un análisis sobre el mal funcionamiento de la Administiación diciendo que los funcionarios son vagos por naturaleza o, lo que es peor, que «la Administración es lenta, ineficaz, irresponsable, inhumana, cínica, arrogante e indisciplinada», en frase atribuida al ministro responsable de la función pública, que éste no ha desmentido y, que de ser cierta, cuestiona, ante todo, la capacidad del ministro para ocupar el puesto que ocupa, como cuestiona la seriedad profesional del periódico que la hacía suya.
Las raices de la inericacia
Los funcionarios, muchos de ellos llegados a la Administración en las últimas décadas con evidentes ganas de trabajar y hacer las cosas bien, son ciudadanos normales e los que además se ha exigido una seria preparación teórica -via oposiciones- para acceder al puesto de trabajo.
Las raíces de la ineficacia hay que buscarlas más al fondo. Un fondo en el que concurren una multitud de causas, buena parte de las cuales son de la incumbencia del poder político presente y pasado. Un poder político que no ha abordado las reformas de Administración y función pública, generalizadas en toda Europa tras la segunda guerra mundial, que no utiliza para la toma de decisiones el ingente capital humano de que dispone y que en los últimos años, al congelar constantemente la toma de decisiones administrativas, por razones que no es del caso analizar aquí, congela, al mismo tiempo, el funcionamiento de la rnaquinaria administrativa. Un poder político, en fin, que carente de una política global de función pública parece empecinado en sembrar el caos y la disfunción diseminando competencias entre Presidencia y Hacienda, y que al limitarse a tapar cada día los socavones abiertos la víspera, logra que en la Administración el sistema natural de organización sean los reinos de taifas corporativos y sectoriales que el ciudadano tiene tanto que sufragar corno soportar.
Este análisis no significa que los funcionarios estemos exentos de toda culpa. También somos corresponsable.s de la situación. Sobre todo porque hemos aceptado el juego que marcaba el poder. El juego de ver bajar vertiginosamente nuestro poder adquisitivo en los últimos años y aceptar a cambio reducciones de horario que posibilitaban la salida del pluriempleo. El juego de que no exista carrera administrativa e intentar a cambio la «hinchazón de plantillas», provocando reformas administrativas únicamente destinadas a crear nuevos puestos. El juego de no tener derecho a la negociación colectiva y recurrir, a cambio, a la presión sectorial y corporativa para así sacarnos las castañas del fuego. En definitiva, haber aceptado las puertas de salida falsas en lugar de encarar de frente la situación. Y aún este mea culpa cabe decirse de ciertos grupos de funcionarios, burócratas en su mayor parte, pero no se puede aplicar a amplios colectivos funcionariales que se han limitado a soportar pasivamente la crisis. Porque es hora de que la opinión pública sepa que también hay funcionarios que barren las calles, vigilan los montes y tapan los baches de las carreteras.
Y, claro es, no todo puede reducírse a la seguridad en el empleo, como últimamente se nos aduce constantemente a la hora de pedirnos un año más que aceptemos topes salariales por debajo de los del sector privado, reduciendo aún más nuestro ya menguado poder adquisitivo. Es cierto que los funcionarios tienen estabilidad en el empleo. Pero, ¿acaso no la tienen también los trabajadores de Renfe, Iberia, Ensidesa o Seat? Ello no les exime, sin embargo, de ganar cantidades muy superiores a las que ganan los funcionarios y de tener unos derechos sociales y sindicales muy por encima de los de éstos.
Por eso entendemos que es una mala política y un mal negocio para cualquier país una administración pagada, de desmoralizada y de mala imagen, como comienza a ocurrir en España. Qué son necesarias reformas en profundidad, estamos tan de acuerdo que no hacemos otra cosa que pedirlas desde hace años.
