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El lunes comienza la campaña de Navidad de contención de precios

El Gobierno Civil y el Ayuntamiento de Madrid tienen prácticamente ultimados los preparativos de la operación Navidad, que se desarrollará desde el 15 de diciembre al 7 de enero, tanto para la contención de precios como para evitar que se produzca durante las próximas semanas una invasión de vendedores ambulantes. Estos controles no impedirán, sin embargo, que algunos comerciantes practiquen el intrusismo al vender artículos navideños o de reyes sin licencia o que empresas, centrales sindicales o colegios aprovechen estas fechas para dedicarse a vender juguetes o turrón a sus empleados, militantes o alumnos, respectivamente.

Los representantes de los sectores ganaderos, agricultores, apicultores y de pescadería han mantenido en las últimas semanas varias reuniones con representantes de la Jefatura de Comercio Interior y del Gobierno Civil, con objeto de establecer una lista de los precios máximos que serán cobrados en los artículos de mayor consumo desde el 15 de diciembre al próximo 7 de enero. La operación Navidad, que estará vigilada por inspectores de Comercio, está orientada, como todos los años, a contener los precios y evitar los abusos por parte de los comerciantes. El pasado año, como consecuencia de estas inspecciones, el Gobierno Civil impuso multas a diversos comercios por valor de doce millones de pesetas.Al márgen del control de precios, la Delegación Municipal de Seguridad y Policía Municipal ha preparado un plan de actuación contra los vendedores ambulantes que actúen en la capital sin el correspondiente permiso municipal. En caso de necesidad se podría contar para las operaciones de control de venta con cien policías municipales destacados en los distritos y unos cuarenta pertenecientes a la Unidad de Protección Ciudadana, con los que colaboraría la Policía Nacional.

Sin embargo, todos estos planes no conseguirán impedir que muchos comerciantes amplíen ilegalmente su actividad comercial a la venta de juguetes o turrones.

Denuncias por intrusismo

Según informaron distintas fuentes municipales, cada año se producen durante las Navidades numerosas denuncias por intrusismo comercial. Estas denuncias, tras ser comprobadas, son seguidas normalmente de una multa que oscila entre las 5.000 y las 10,000 pesetas. La venta de juguetes fuera de las jugueterías, sin embargo, es cada año más usual. Colegios y guarderías que venden a los padres de los alumnos o empresas que tienen una exposición y venta de juguetes para los hijos y los trabajadores, solucionan el problema de las compras a numerosos padres.Las centrales sindicales, por su parte, también intervienen con objeto de conseguir un beneficio para sus afiliados.

Según informaron miembros de CC OO y UGT, la compra de juguetes sólo puede ser realizada por afiliados, aunque a veces otras personas aprovechan un descuido en el control o pasan a los locales donde se venden con el carné de otro.

Este tipo de venta, como ocurre con la realizada por colegios y empresas, es normalmente permitida por las autoridades y sólo es investigada en el caso de que exista una denuncia expresa por ejercer una actividad comercial sin la preceptiva licencia municipal.

Veinticinco pesetas por pino

Al igual que ocurre con los juguetes, los árboles de Navidad también tienen un precio libre y, por tanto, no existe sobre su venta ningún control gubernativo o municipal. Los miles de pinos y abetos que son comprados en Madrid proceden, en general, de las numerosas talas que realizan por esta época las delegaciones provinciales del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Icona), con el objeto de clarear y reforzar el monte. Prueba de este precio libre es que este año la Delegación Provincial del Icona ha vendido 3.000 pinos talados en Puebla de la Sierra, a veinticinco pesetas unidad, a un mayorista que se encargará del transporte y distribución, Igual han hecho otras delegaciones provinciales con los pinos o abetos talados.La necesidad de que cada uno de los intermediarios obtenga un margen comercial y la demanda existente serán los causantes de que el precio original se multiplique al final por cien, doscientos o cuatrocientos, según el tamaño del árbol.

Según informaron fuentes de la Delegación Provincial del Icona, las únicas denuncias que se reciben cada año en ese organismo son las provocadas por la tala de un solo árbol, casi siempre cortado por una persona para ahorrarse quinientas o mil pesetas, sin que exista constancia de talas masivas de árboles para ser vendidos.

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