Se respetarán, a efectos civiles, las normas del derecho canónico sobre el matrimonio

Tal y como estaba previsto, los votos de Coalición Democrática, UCD y la abstención de las minorías, confirmaron ayer la declaración expresa a «las normas del Derecho canónico» en el artículo 60º del proyecto de ley del divorcio, cuyo texto regula los efectos civiles de los matrimonios religiosos. Este fue el punto más polémico de los debates que mantuvo ayer la Comisión de Justicia del Congreso, cuyos miembros, a lo largo de cuatro horas, aprobaron, prácticamente sin modificaciones, trece artículos, del 59º al 66º.

De todo este tiempo, más de dos horas y media, se consumieron en el debate del ya mencionado artículo 60º. Antes de comenzar la sesión, el representante de la Minoría Catalana, Trías Debés, advirtió que «no nos quedaba otra opción. En la ponencia, UCD ya nos advirtió que, al menos en un artículo, había que dar preferencia a la lglesia católica; y ¡qué le vamos a hacer!».Pese a la actitud resignada de la oposición, que ya de antemano sabía que tenía perdida la batalla, todos los grupos parlamentarios hicieron amplias explicaciones de sus respectivas posturas.

Pese a que ayer se trató «el asunto más espinoso de todo el proyecto de ley», en palabras de Luis Apostua, no se percibió en ningún momento tensión o rigidez, sino más bien al contrario. Parecía que los miembros de la comisión habían aceptado la idea de que muy pocas cosas pueden cambiarse del texto de la ponencia y que lo mejor era acelerar los debates para llevar la ley al pleno del próximo día 16, empeño casi personal del presidente de la comisión, Oscar Alzaga. Y, así, cuando Alzaga pasaba por alto las enmiendas del Grupo Parlamentario Comunista, su portavoz, Solé Barberá, lejos de sentirse molesto, comentaba con una amplia sonrisa: «Mire, señor presidente, aunque usted esté convencido de que nuestra enmienda va a salir derrotada, a nosotros nos gustaría defenderla, aunque no por nada».

Derecho "extraestatal"

El representante del Grupo Socialistas de Cataluña, José Verde i Aldea, se refirió durante la defensa de su enmienda a un hecho particularmente delicado: el que, al conceder rango de ley a la subordinación a las normas católicas, «esta ley que estamos elaborando quedará para siempre supeditada a las variantes del Derecho canónico, por lo que incluso podrían invalidarnos todo el proyecto». Su compañero Virgilio Zapatero resaltó, además, lo peligroso que resultaba legislar sobre unas normas que la Iglesia católica pueda cambiar en cuanto quiera, «y no debemos olvidar», dijo, «que el derecho del Vaticano es un derecho extraestatal». Para Virgilio Zapatero, el único sentido que podía tener el ejemplo de UCD de mencionar a la Iglesia en la ley era el de «dorarles la píldora a los antidivorcistas». «Pero bien que se equivocan», comentó, «porque a los antidivorcistas, no les van a poder convencer de que esto es una ley necesaria por más consesiones que se hagan de cara a la galería». «Esto», concluyó el diputado socialista, «es un engendro que no se puede aceptar ».

La defensa del texto del Gobierno como a cargo de Luis Apostua, quien, ante la sorpresa general, reveló: «Mi maestro en la vida es Paco Camino, y de él he aprendido a no defraudar a la afición». Inmediatamente después, calificaría de vaticanista el discurso de Virgilio Zapatero y añadiría, en una frase que parecía surgida del subconsciente, que se había leído los Acuerdos Jurídicos con la Santa Sede «desde la cruz a la fecha». Para Apostua, existen tres precedentes jurídicos que justifican la mención expresa a la Iglesia católica: la Constitución, en donde ya se señala su supremacía, los acuerdos Iglesia-Estado y la ley de Libertad Religiosa, además de «observar unas normas mínimas de respeto» y «sacar adelante esta ley de divorcio que están llevando dos brillantes ministros en un magnífico ejercicio de unidad conjunta».

Nido de bígamos

Lo de «unidad conjunta» hizo sonreír maliciosamente a un diputado socialista, que comentó, en voz baja, «lo mal que le ha sentado a Cavero que Fernández Ordóñez se haya apropiado de su ley».

Hasta el artículo 63º que establece la inscripción en el Registro Civil de los matrimonios religiosos, no hubo apenas debate. Al llegar a este punto, Díaz Pinés protestó «porque no se puede dejar en manos del encargado del Registro Civil un asunto de tanta trascendencia», criticas que, junto a las realizadas por Juan Luis de la Vallina, de CD, provocaron la defensa del centrista Escartín: «El funcionario civil tiene que dar validez o negarla al matrimonio religioso, si no, este país acabaría convertido en un nido de bígamos», explicó.

El siguiente artículo, relativo a la inscripción del matrimonio secreto, originó una irónica intervención del comunista Solé Barberá, quien dijo que su grupo se oponía a este tipo de casamiento «conocido universalmente como matrimonio-Escartín». Y es que fue este diputado centrista el único que defendió la existencia legal del matrimonio secreto, en base a unos casos que él conocía en su provincia de Logroño.

El capítulo V del proyecto, que habla de «los derechos y deberes de los cónyuges», sólo sirvió para que los diferentes grupos expusieran su filosofía del matrimonio, ya que los artículos no fueron modificados. En el proyecto del Gobierno, «los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente». Para CD, «por el matrimonio se crea una familia, a cuyo interés prioritario se subordina la actuación de sus miembros. Implica su vida en común, la educación y el cuidado de los hijos y el desarrollo en común de la personalidad de padres e hijos», mientras los del PNV pedían explicaciones sobre qué significa eso de «vivir juntos», ya que, según ese razonamiento, «los marineros no podrían casarse».

Para los socialistas, la definición de matrimonio es similar a la de UCD, y, finalmente, para los comunistas, un casamiento es «una comunidad de vida entre hombre y mujer, con entero respeto a la libertad de cada uno de los cónyuges y plena igualdad de derechos».