Esperanzas y temores de un nuevo rector

La universidad española necesita una ley marco, más dinero y mejor organización interna.Lo primero quizá lo logremos con la ley de Autonomía Universitaria. Digo quizá porque el tema está en el Parlamento y habrá que esperar su decisión final. El proyecto de ley enviado a las Cortes por el Gobierno resultaba inaceptable para muchos. Por fortuna, el texto empezó a mejorar en el Congreso de los Diputados y hoy cabría abrigar serias esperanzas si no fuera porque el sector más conservador de UCD parece negarse a aceptar variaciones esenciales del texto inicial, incluso las ya admitidas por los ponentes de los distintos grupos parlamentarios.

Como rector electo de la primera universidad del país -primera por el número de alumnos-, quisiera pedir a mis colegas parlamentarios que hicieran lo imposible por llegar en este tema al máximo denominador común. Si no fuera así y si el sector antes citado se empecinara en sus posiciones ocurrirían probablemente estas tres cosas: una crisis interna de UCD, una dificilísima aprobación de la LAU en las Cortes y un rechazo de la ley por la mayoría de la comunidad universitaria y muy especialmente por los estudiantes. La LAU se acataría, ya que el Parlamento es soberano, pero no se aplicaria. La universidad no sólo no mejoraría, sino que volvería a los tiempos de la dictadura.

Ambos puntos -ley de autonomía adecuada y mayores presupuestos- son, claro está, condiciones necesarias, pero no suficientes. En efecto, la propia universidad tiene que organizarse mejor. Mucho mejor, me atrevería a decir, sin dejar por ello de reconocer los denodados esfuerzos en estos años pasados de muchas personas. Resumir todo lo que se debería hacer resulta casi imposible. Ofrecer una doble vía de acceso al profesorado -cuerpo de catedráticos y adjuntos o contratación con iguales deberes y derechos que los anteriores para iguales responsabilidades-, perspectivas razonables de permanencia en una misma universidad, aclaración de lo que es y exige cada tipo de dedicación, investigación como acompañamiento indispensable de la enseñanza superior y mejor remuneración son, entre otros muchos, algunos de los temas que atañen al personal docente. Potenciar y democratizar el departamento, otorgarle autonomía para su funcionamiento, asignarle el control de la docencia y de la investigación, fijarle unas normas flexibles pero obligatorias para todos -que incluyan, por ejemplo, alguna participación de los estudiantes y la designación del director por elección entre cualquier profesor permanente- son aspectos que hoy nos parecen difíciles y que, sin embargo, están a la orden del día en bastantes universidades de todo el mundo.

Informar al estudiante, impulsarle a que intervenga en el autogobierno de la universidad, facilitarle no sólo el estudio, sino todo tipo de actividades culturales, políticas, deportivas o de cualquier índole, siempre que sean pacíficas y constitucionales, acompañar todo ello de mayores exigencias en el rendimiento, explicar a los interesados que el país en su conjunto -lo que quiere decir, a pesar de la reforma fiscal, fundamentalmente la clase trabajadora- paga el 80% del costo de sus estudios, son, con algunos otros, los puntos más importantes que conciernen al estamento es-

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tudiantil. Estamento este, claro es, que constituye el objetivo final de la universidad y su razón de ser, por más que sus componentes sean los que sólo pasan por la universidad (hoy, muchos, más que pasar por ella, pasan de ella) mientras los demás estamentos son permanentes.

Tener un personal de administración y servicios -que en el caso de la Complutense suponen varios miles de funcionarios y contratados- que no esté infrapagado, descontento, sin incentivos suficientes y a veces incluso sin representantes parece otra condición sine qua non para alcanzar cotas mínimas de eficacia.

Como puede verse, la tarea es enorme. De los tres aspectos señalados, dos dependen del Parlamento, es decir, de la sociedad entera. El tercero, sin embargo, incumbe a los propios universitarios. El año de gracia de 1981 puede ser decisivo para la universidad española. Por grande que -sea el escepticismo, como consecuencia del bajo nivel general, todavía no se ha perdido del todo la ilusión. Prueba de ello es el apoyo que ha conseguido una candidatura al rectorado como la mía, que enarbolaba como bandera fundamental la promesa de cambio. Al lado de muchísimos objetivos, que sólo el tiempo dirá si somos capaces de ir consiguiendo, es obvio que acrecentar esa ilusión requiere un llamamiento a todos los miembros sin excepción de la Universidad Complutense. También que desde el primer momento se proceda con claridad.

Con ese afán por la claridad y a la espera de poder demostrar con hechos la eficacia, cuando tome posesión del rectorado de la Universidad Complutense, me gustaría hacer dos promesas: primero, tras justificar al máximo la buena administración de los recursos económicos que tendrá la UCM en 1981, mediría al extremo las necesidades presupuestarias mínimas para 1982 y lanzaría una campaña, conjuntamente con las demás universidades españolas, para conseguir las oportunas dotaciones. Si, agotadas todas las vías, se siguiera estando, como sospecho que estamos actualmente, bajo mínimos, sugeriría a mis colegas rectores medidas extremas para protestar por ese hecho bien peculiar de que un país no quiera dar a su universidad unos medios, no mayores de lo que corresponden a su nivel de desarrollo, pero tampoco, como ocurre ahora, mucho menores. (En teoría, eses recursos los podría aumentar, el Senado, donde empieza esta semana el debate presupuestario y no faltará mi voz, junto a la de mis compañeros, para intentarlo, pero, salvo un milagro, las cifras no van a aumentar.)

Segundo: si la ley de Autonomía Universitaria resultara, por desgracia, inaceptable para la mayoría de los miembros que componen la Universidad Complutense, huelga decir que no seguiría de rector ni un solo día más.

Espero, con todo, mejores horizontes. El pasado 3 de diciembre, bastantes personas hicimos una primera apuesta en condiciones difíciles y la ganamos. ¿Por qué no confiar en el futuro? ¿Tan difícil sería que entre todos, universitarios y ciudadanos, lográramos una universidad a la altura de los tiempos? ¿O es que acaso cabe pensar ni remotamente en una España mejor sin una universidad mejor?