Nuevo parón en las negociaciones sobre el Estatuto valenciano
El cambio de los actuales negociadores del estatuto fue, entre otras, una de las soluciones propuestas por dirigentes valencianos de los tres partidos mayoritarios, que participaron en un debate en la facultad de Derecho para salvar la nueva paralización del proceso autonómico del País Valenciano.
El pasado mes de noviembre comenzó con la fundada esperanza de que se iba a proceder a la convocatoria del plenario de los parlamentarios, para elegir de entre ellos una comisión redactora del estatuto, cuyo contenido está prácticamente pactado por los partidos. Sin embargo, a lo largo de las últimas semanas se ha abierto un nuevo aplazamiento cuyas razones reales no son explicadas por las ejecutivas de los partidos, que, por el contrario, mantienen las promesas, y repiten los argumentos esgrimidos los últimos meses para culpar del retraso al contrario.Los dirigentes regionales de UCD aseguran que antes de Navidad el proyecto de estatuto estará aprobado, mientras la ejecutiva socialista fundamenta el paro de la negociación en las tensiones internas de la UCD, de cara a su próximo congreso, que ha disminuido el margen de acción de sus interlocutores en la negociación.
El diputado centrista Joaquín Muñoz Peirats, del sector liberal, abogó, a partir de estos antecedentes, por un cambio de los negociadores con personas más próximas a posiciones nacionalistas para que el País Valenciano no perdiera, como en 1936, en que su estatuto quedó a las puertas del Parlamento, el tren histórico de las autonomías. Asimismo consideró inevitable que el título VIII de la Constitución fuera modificado por un nuevo texto pactado para salir del actual callejón sin salida, y resaltó las resistencias del poder central a ceder parcelas si no es multiplicando la burocracia.
Por su parte, el diputado socialista Antonio Sotillo, que al igual que Muñoz Peirats no interviene en la mesa de negociaciones del estatuto, afirmó que el problema es saber quién manda en los parecidos, si su ejecutiva federal o la valenciana. En su opinión, ninguna de las tres formaciones políticas parlamentarias tenían posibilidad de decidir de manera autónoma y, por tanto, sus estrategias venían fijadas desde Madrid.
El hecho nacional
Más adelante dijo que la dificultad en la negociación no surgía de aspectos formales del estatuto, sobre lo que siempre hay soluciones posibles, sino que procedía de la división social creada en el pueblo valenciano, especialmente en la ciudad de Valencia, en torno al hecho nacional. Dijo también que, en caso de no llegar a este acuerdo de fondo, la oposición podía plantearse esperar hasta las elecciones de 1983, que redefinan una nueva correlación de las fuerzas políticas y salven las actuales crisis.El ex secretario general del Partido Comunista del País Valenciano (PCE), Ernest García, que, pese a dejar el cargo ejecutivo, ocupa un espacio importante en las negociaciones autonómicas, destacó que la política valenciana estaba mediatizada por la estatal, que en determinados períodos, como el actual, acapara toda la atención de las ejecutivas federales, en perjuicio de las diferencias nacionales. Aunque en situaciones como la andaluza se ha dado un ejemplo de que la actuación de las masas populares rompe esta estrategia decidida desde Madrid.
