Posible acuerdo en la enseñanza privada sobre un aumento de las cuotas de los padres

Los sindicatos y patronales de la enseñanza privada están de acuerdo en solicitar de los padres de alumnos que aumenten sus cuotas de financiación de los centros en unas cincuenta pesetas cada uno, como medida transitoria, hasta que se apruebe la ley de financiación de centros, según se puso de manifiesto durante una mesa redonda celebrada el pasado miércoles por la noche, convocada por el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados.

Los sindicatos FESITE-USO, FETE-UGT, CC OO, UCSTE y FESIE, así como las patronales CECE y ACADE, se mostraron decididos partidarios de la medida mencionada, teniendo en cuenta «la crítica situación salarial de los trabajadores de la enseñanza», los sindicatos y «ante el déficit de los centros, debido a la insuficiencia de las subvenciones estatales», las patronales.La Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos, representada por Carmen Alvear, secretaria de la organización, se opuso a esta medida, por entender que ello no haría sino retrasar la solución que debe dar la Administración: la aprobación de la ley de financiación. Los sindicatos expusieron, por otra parte, la mala situación laboral de los, trabajadores y propusieron a las patronales la necesidad de negociar un nuevo convenio colectivo, a lo que éstas se mostraron dispuestas inmediatamente: «Mañana mismo».

La CECE, ACADE, la Asociación de Centros Autónomos y la FERE, volvieron a insistir en la necesidad de que sea toda la sociedad, mediante la Administración, la que de solución al problema de la enseñanza privada. Santiago Martín, secretario general de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, señaló que la ley de financiación conduce a una socialización de la enseñanza, y afirmó: «La FERE acepta esta socialización, siempre que ello no signifique estatalización».

Respecto a la transparencia económica de la administración de los centros, los participantes se mostraron partidarios de un control de los fondos públicos, destinados tanto a los centros no estatales como a los estatales, y que el Estatuto de Centros Escolares establece a través de las juntas económicas.