El pretexto del divorcio

LA ELECCION de Miguel Herrero como portavoz del Grupo Parlamentario Centrista ha facilitado a los sectores neoconfesionales y conservadores de UCD la tarea de trasladar al terreno del Congreso, en una privilegiada posición táctica, su sorda batalla contra el liderazgo de Adolfo Suarez. Sería seguramente erróneo juzgar esa confrontación en términos personales, tal y como viene siendo usual en la política española de la transición. La fracción centrista que se está segando la hierba bajo los pies al Gobierno, en las comisiones y plenos de la Cámara baja, libra un serio combate ideológico y político para imponer una nueva estrategia al Poder Ejecutivo o, en su defecto, ocuparlo. Se trata, en última instancia, de conducir la política estatal hacia los espacios fronterizos con Alianza Popular y de reconstituir un bloque homogéneo de la derecha emparentado con el gilroblismo de la preguerra y depurado de los elementos de laicismo y de autonomía que distancian todavía al Gobierno de los sectores más inertes de su electorado y de los poderosos centros de decisión institucionales, situados en la vida pública, aunque no se hallen formalmente dentro del Estado.La primera escaramuza entre los sectores neoconfesionales y conservadores del centrismo y el Gobierno fue el asunto del régimen de imcompatibilidades, rechazado por el Grupo Parlamentario Cenntrista en connivencia con Coalición Democrática. Para un proyecto de modernización y saneamiento de este país, sin embargo, la supresión de los privilegios públicos disfrutados acumulativamente por los profesionales del poder no es un gesto retórico,sino una contribución mínima a la moralización de la vida ciudadana. Ahora corresponde el turno a otras dos bestias negras de la ofensiva conservadora: la ley de Autonomía Universitaria y la ley de Divorcio. Tiempo habrá para analizar y comentar las diversas fases y etapas de la estrategia de los sectores neoconfesionales y conservadores del centrismo para emascular ambos proyectos. Baste ahora con señalar que la estratagema de denunciar como radicales ambos textos es un ardid demasiado visible para ser astuto.

Tanto la ley de Autonomía Universitaria como la ley de Divorcio enviadas por el Gobierno a las Cortes Generales, con las enmiendas transaccionales negociadas en los pasillos o las antecámaras con la oposición, son el mínimo que una sociedad industrial avanzada y una nación occidental moderna necesitan. El sector público de la enseñanza superior, depauperado hasta extremos de indigencia, no puede ser sangrado de recursos para alimentar con dinero de todos los contribuyentes a las universidades religiosas ni se puede elevar el bajo tono vital de la vida universitaria sin proceder a su democratización y sin aflojar su corsé gremialista. En cuanto a la ley de Divorcio, resulta simplemente obsceno que un admirador del electo presidente Reagan, como es Miguel Herrero, utilice la imagen de Las Vegas para demoler el divorcio por mutuo consenso o que se asocie en un tolum revoltum la decisión voluntaria de una pareja de disolver su vínculo matrimonial con el problema, totalmente distinto a efectos judiciales, del cuidado, alimentación y protección de los hijos. Se diría, al oír o leer a estos adalides, que el Gobierno ha enviado a las Cortes Generales un proyecto de ley de Divorcio obligatorio para todos los españoles o una norma para impedir a los matrimonios que desean hacerlo que vivan juntos, o una disposición para enviar al hospicio a los hijos de una pareja que se divorcia.

Sin embargo, ese texto mínimo tan sólo se propone situar al alcance de los hombres y las mujeres de este país que no quieren o no pueden seguir viviendo como pareja legal y que carecen de los recursos económicos (y en ocasiones de la falta de escrúpulos) para anular canónicamente su matrimonio la posibilidad de divorciarse sin calumniarse mutuamente, sin simular conflictos, sin representar dramas calderonianos o escenas del marqués de Sade y sin gastar demasiado dinero y demasiado tiempo en un interminable deambular por los juzgados. ¿Por qué tendrían los matrimonios felices que añadir a la desgracia de las parejas desavenidas el sumo desprecio de negarles, además, el derecho a reconstruir sus hogares? ¿Y cómo las personas de renta elevada, que pueden disponer de varios domicilios sin mayor problema, pretenden exigir a un matrimonio de trabajadores modestos que alquilen un nuevo piso para aspirar al divorcio, negándoles el derecho a argüir el cese de la convivencia bajo el mismo techo?

Es tanto el olvido hacia la opinión pública divorcista que muestran los sectores neoconfesionales y conservadores del centrismo, que cabe albergar ciertas dudas respecto a los pensamientos e intereses que están moviendo realmente ese intento de linchamiento moral del proyecto de Femández Ordóñez en el ánibito del Congreso. Seguramente la circunstancia de que sólo una minoría tiene necesidad de utilizar las posibilidades que proporcionaría una ley de Divorcio barata, fácil e indolora permite a ese sector de UCD lanzar esa campana que no pone en riesgo los votos de una amplia franja del electorado y que puede servir para dar un nuevo jaque al presidente Suárez. Miguel Herrero presume de hacer compatibles sus devociones democristianas con su lealtades liberales. Extraño liberalismo, en verdad, el que se encarniza con una minoría -la minoría de los eventuales divorciados- para ganar popularidad y mejorar sus posiciones en una legítima aspiración al poder, pero que debería estar refrendada por una mayor -y más lógica- conciencia de la ética cristiana.