Un pueblo minero de León crea brigadas de vigilancia nocturna ante los incendios provocados en edificaciones

El pueblo minero de Tremor de Arriba, situado a unos cuarenta kilómetros de Ponferrada, y uno de los cinco ayuntamientos con mayoría comunista en la provincia de León, vive desde hace semanas en una situación de creciente nerviosismo por los incendios provocados por personas desconocidas en varias casas y pajares, que han obligado a crear grupos armados de vigilancia en colaboración con la Guardia Civil.

Los incendios ocurren un año después de que el alcalde de lgueña, municipio al que pertenece el pueblo, denunciara públicamente la existencia de tráfico de armas en esta localidad, que registra, al amparo de la minería, una tasa de inmigración espectacularmente alta: casi la mitad de los habitantes de Tremor son portugueses o norteafricanos.Los incendios se iniciaron el pasado día 7 de noviembre, llegándose a contabilizar hasta cuatro en diez días, uno de ellos pudo ser atajado de forma inmediata, y en otro hubo que desalojar algunas viviendas colindantes por el riesgo de expansión del fuego. En general afectaron a pajares y casas deshabitadas. Las patrullas de vigilancia, integradas por una pareja de la Guardia Civil y ocho vecinos, comenzaron a funcionar una semana después -día 13- entre las 0,30 horas y las seis de la madrugada.

Todos los incendios han surgido hasta ahora entre las dos y las 3.30 de la madrugada, en ocasiones durante noches de fuerte lluvia, lo que, sin embargo, no impidió la propagación de las llamas. Las brigadas de vigilancia no han dado hasta ahora con los autores de los incendios, cuyas motivaciones parecen bastante confusas. Según el alcalde de Tremor, Laudino García (PCE), y el portavoz de la junta vecinal y maestro del pueblo, Félix Ordás (PSOE), por el momento se barajan dos hipótesis: que todo se deba a la labor de un pirómano o que los incendios tengan una «razón política».

No hay pistas

Las dificultades para encontrar una pista que avale razonablemente cualquiera de las dos hipótesis son notables en una zona que cuenta con un 50% de población inmigrante y, en muchos casos, indocumentada, con sólo cinco números de la Guardia Civil por toda vigilancia, un único teléfono para todo el pueblo y difíciles accesos por carretera. La posibilidad de que se esté buscando a un pirómano no debe ser descartada, según el alcalde, pero el hecho de que en una ocasión dos incendios se iniciaran de forma simultánea hace pensar en otro tipo de implicaciones.A la pregunta de si puede haber algún grupo o personas interesadas en desestabilizar la vida municipal, el alcalde y el portavoz de la junta se limitan a señalar que el Ayuntamiento no ha tenido problemas especiales durante los últimos meses, si se exceptúan algunos conflictos con empresas mineras propietarias de explotaciones a cielo abierto sin permiso municipal y con las cuales se llegó recientemente a acuerdos negociados para su reapertura. Las entregas de carbón procedentes de este tipo de explotaciones habían sido clausuradas hace más de un año por ENDESA, que monopoliza el mercado energético de la zona, a pesar de lo cual las minas continúan abiertas. La decisión de ENDESA estaba motivada, por razones de estrategia económica -las explotaciones a cielo abierto son una reserva fácil de carbón para casos de emergencia- y por cuestiones sociales relacionadas con la conservación de puestos de trabajo, dado que estas minas funcionan con muy poca mano de obra.

La posibilidad de que la supuesta desestabilización obedezca a móviles políticos es algo también muy remoto, por cuanto la propia composición del Ayuntamiento, desde las últimas elecciones, no deja margen a la existencia de grupos de ultraderecha. El actual Ayuntamiento está integrado por cuatro concejales del PCE, dos del PSOE, tres de Coalición Democrática (CD) y dos de UCD. Los dos últimos partidos cuentan con el apoyo del voto rural de pueblos vecinos y notoriamente diferenciados de Tremor, donde, según el alcalde, «sólo hubo quince votos para Coalición Democrática».

Los inmigrantes, en medio

Cuestión aparte es la posible manipulación, por grupos anónimos, de los inmigrantes que residen en el pueblo, muchos de los cuales pueden calificarse de «incontrolados» en el sentido de carecer de documentación o medios de subsistencia. Las confusas circunstancias que rodean a los incendios se reflejan en los propios comunicados reivindicativos, algunos de los cuales aparecieron escritos en servilletas de bar con apariencia de haber sido redactados con la mano izquierda y, en ocasiones, con términos y palabras de origen portugués. La firma de uno de los comunicados correspondía a un extraño grupo autodenominado El gallo rojo, mientras que otros dos aludían a cuestiones de carácter personal con dos muchachas de la localidad amenazándolas si insistían en «salir de noche» con sus amigos.En principio no existe ninguna relación entre los propietarios que han sufrido los incendios, aunque algunos de ellos son miembros o simpatizantes del PCE. El alcalde piensa que esta circunstancia puede ser una primera pista, sobre todo si se vieran amenazados nuevos militantes de izquierda o sus familiares, como recientemente ha sucedido en el vecino pueblo de Pobladura de las Regueras, a unos cuatro kilómetros.

Tráfico de armas

La posible relación de los incendios con el tráfico de armas, denunciado hace un año por el alcalde en una reunión de los ayuntamientos de El Bierzo con el gobernador civil, es tratada también con suma prudencia, a pesar de que el propio PCE había difundido días atrás en Madrid una nota en la que, junto a esta hipótesis, se hablaba de posibles actuaciones de bandas ultraderechistas en la zona, lo que explicaría que los vecinos hubieran escuchado «tiroteos similares a los de entrenamiento». El alcalde, sin embargo, calificó de exagerada esta versión en declaraciones a EL PAÍS. Dijo que varios vecinos habían asegurado oír los tiroteos, «pero yo no».En cuanto al comercio de armas, se señala que ha desaparecido de Tremor, tras la denuncia, o al menos carece ya de notoriedad pública. Las armas procedían de Portugal y su precio oscilaba para las pistolas entre 8.000 y 20.000 pesetas, llegándose a vender incluso en locales públicos, siempre según esta denuncia.

Fuentes policiales y del Gobierno Civil, por su parte, habían restado importancia desde el principio a estos hechos, alegando que podía tratarse de casos aislados difíciles de prever y de controlar.

La denuncia, en todo caso, dio lugar a la detención de dos personas, una de ellas de nacionalidad portuguesa, aunque las inspecciones llevadas a cabo en domicilios particulares no dieron los mismos resultados.