Escasa capacidad de autofinanciación de las comunidades autónomas

Los problemas que plantea la descentralización administrativa, y en concreto los que afectan a la Hacienda pública, tanto de las comunidades autónomas como del Estado, fueron abordados ayer en el curso del segundo congreso del Centro de Investigación y Técnicas Políticas (CITIEP). José Manuel García Margallo, diputado e inspector financiero y tributario; Thomas J. Courchene, de la Western-Ontario University de Canadá; Rodrik A. W. Rhodes, de la Essex University de Inglaterra; el profesor de la Universidad Complutense madrileña Francisco Fernández Marugán, y Juan Linares Martín de Rosales, director de Asuntos Económicos de la Diputación General de Aragón, fueron los encargados de desarrollar las ponencias quese trataron en la sesión.Para García Morgallo, la Constitucion espanola y la ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) dejan un escaso margen de actuación en el campo impositivo y por tanto de autofinanciación a las comunidades autónomas. Esta situación precisa de un régimen de transferencias de la Administración central a los Gobiernos autónomos, ya que los tres pilares en los que, en su opinión, se va a basar el sisterna fiscal español -impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuestos sobre sociedades y el futuro impuesto sobre el valor añadido (IVA)no son transferibles a las comunidades autónomas.

En su intervención, García Margallo hizo referencia al doble problema hacendístico al que se enfrenta España en estos momentos. Por una parte se plantea la descentralizacion de funciones, y por otra ésta se hace necesaria de cara a la integración española en las Comunidades Europeas.

Thomas J. Courchene apuntó que, en su opinión, la Constitución española era demasiado prolija en normativa en el campo de las relaciones entre las comunidades autónomas y la Administración central.

También quedó claro, en las intervenciones de los profesores canadiense y británico, que en sus respectivos países las comunidades locales tienen muy poco que decir en los planes económicos de los Gobiernos centrales, y que sólo reciben funciones delegadas en el campo recaudatorio.