Funcionarios de Prisiones piden el esclarecimiento de lo sucedido en Herrera

El encierro de los ochenta funcionarios de la prisión central de El Puerto de Santa María, en Cádiz, concluyó anoche. La Coordinadora de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias se pronunció horas antes en contra del encierro. Este se produjo en solidaridad con los funcionarios de Herrera de la Mancha, la prisión de máxima seguridad del Estado, que pudieran ser procesados por malos tratos a los presos.Se trata de la primera vez que una organización de funcionarios de Prisiones, aunque sea minoritaria, se manifiesta abiertamente sobre la conflictividad de este centro penitenciario de carácter especial, cuya eficacia ponen en duda.

La coordinadora opina que la presión que están realizando los funcionarios encerrados en Cádiz es «una contradicción», porque «lo último que cabe esperar de unos empleados de la Administración es que obstaculicen, explícita o implícitamente, la acción de la justicia», y desea, por el contrario, «que los hechos se aclaren al máximo y se delimiten las responsabilidades hasta sus últimas consecuencias». La otra organización de funcionarios, la Asociación Profesional, más próxima, según fuentes de la coordinadora, a la Dirección General de Prisiones, ha preferido guardar un prudente siIencio sobre el tema,

La coordinadora, por el contrario, asegura que, contra un «mal entendido espíritu de cuerpo, no hay que asumir supuestas responsabilidades que alcanzan sólo a algunos de sus miembros», y cuestiona al mismo tiempo la viabilidad de las cárceles de máxima seguridad. En este sentido, solicitan que, cuando menos, se enjuicien las directrices de los órganos superiores de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en el funcionamiento interno de Herrera (ya que no existe todavía un reglamento que regule los penales de máxima seguridad), y no acierta a explicarse cómo uno de los principales acusados en la querella sobre posibles torturas -como es el inspector Barroso- asista en la actualidad a unos cursillos en la Escuela de Estudios Penitenciarios de Madrid para capacitación de mandos.

Finalmente, la coordinadora exige responsabilidades superiores: «El funcionamiento de un establecimiento penitenciario depende en gran medida y lleva la impronta», dicen textualmente, «del talante de sus mandos; nosotros queremos creer que esto se tuvo en cuenta a la hora de designar a los de Herrera de la Mancha. Si al final resultan probadas las supuestas irregularidades denunciadas, ¿van a permanecer intangibles», se preguntan, «los directivos que han hecho tales designaciones?». En este sentido, finalizan, «¿cómo explicar, al menos su oportunidad, la decisión de los directivos de enviar a uno de los principales implicados en el affaire Herrera (el citado inspector) a un cursillo para ascender a administrador?».