La Diputación reconoce oficialmente que dos ingenieros cobraron dinero de forma ilegal

Sócrates Gómez, como presidente de la Diputación Provincial, hizo público ayer un comunicado sobre el expediente sancionador contra funcionarios de dicho organismo, en el sentido de que, por ahora, el expediente sólo afecta a dos personas, Manuel Bada Herrera, ingeniero director del servicio de Vías y Obras, y Angel de Llaguna, ingeniero habilitado pagador, «sin perjuicio de que, como consecuencia del desarrollo del expediente, pudieran las actuaciones dirigirse eventualmente a otras personas» (véase EL PAÍS de ayer). El comunicado no especifica el número de éstas.

Se reconoce que los dos ingenieros citados tuvieron que devolver la cantidad de 9.673.613 pesetas, que ingresaron en la Diputación el 28 de octubre, y que los informes han pasado al conocimiento de la autoridad judicial.El 4 de octubre, el entonces presidente, Carlos Revilla, ordenó al interventor general la instrucción de un proceso de diligencias previas «relativas a retenciones y percepciones, presuntamente irregulares, de funcionarios y empleados provinciales». El resultado de las diligencias aconsejó, como medida cautelar contra Bada y Llaguna, expedir certificación de descubierto para asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios a la Hacienda de la Diputación, como consecuencia de la percepción del 1,1 % del importe de las certificaciones que se expiden por el servicio de Vías y Obras provinciales. Es entonces cuando se devuelven las cantidades citadas anteriormente.

Asimismo, en las diligencias previas, que determinaron la apertura de expediente sancionador contra los dos ingenieros, se considera improcedente que los técnicos actúen como profesionales libres en las obras de cooperación de la Diputación, y se propone formalmente la incompatibilidad entre ambas funciones.

El 27 de octubre, un decreto de la presidencia ordena la puesta en conocimiento de la autoridad judicial penal de los hechos motivadores de estos expedientes, por si se estimase la existencia de indicios de delito penal. Mientras tanto, se trabaja en el expediente sancionador, administrativo y disciplinario, cuyo juez instructor es el diputado socialista José Borrell.

El comunicado añade que es José Borrell a quien corresponde únicamente dictaminar, una vez que se hayan efectuado las diligencias que salvaguarden todos los derechos de los funcionarios y se proceda a la práctica de las pruebas correspondientes «En tanto esto no ocurra», termina, «la Diputación Provincial la menta que la información aparecida en la Prensa pueda venir a interferir el normal desarrollo de los procedimientos en curso prejuzgando el resultado de los mismos, con posible lesión para los intereses de los afectados, de los funcionarios en general y de la propia institución».

Los datos son públicos

Hay que reseñar, por último, que Javier Ruiz Jarabo, uno de los dos ingenieros encargados de obras citados en la información de ayer, dejó de percibir su parte en el reparto desde el pasado mes de marzo. La cuenta abierta en la Banca March a nombre de Bada y Llaguna, en la que se ingresaban las cantidades cobradas irregularmente, se abrió el 13 de marzo de 1976, y su número es el 4.789.A pesar de todas las cautelas conque los diputados que actuaron y actúan de jueces instructores llevaron las diligencias previas y el actual expediente, no se ha podido evitar que un asunto de tal envergadura se filtrara al conjunto de funcionarios, no sólo a nivel de rumores, sino con documentación incluida. EL PAÍS tiene en su poder un informe completo, en el que figuran exactamente las cantidades percibidas por 44 personas de las que forman el servicio, reconocidas, además, por la mayoría de ellas. Este informe circula libremente, aunque con ciertas precauciones formales, entre los funcionarios de varios departamentos de la Diputación.