El Ayuntamiento de Ponferrada, obligado judicialmente a investigar irregularidades urbanísticas
La sala de lo contencioso-administrativo de Valladolid ha dictado sentencia por la que se ordena al Ayuntamiento de Ponferrada la apertura de una investigación sobre irregularidades urbanísticas cometidas en tiempos de la última Corporación franquista y denunciadas hace más de dos años por un grupo de 820 vecinos. La sentencia concede plena validez a una «acción pública» emprendida por estos últimos contra la anterior comisión municipal permanente y se produce un mes después de que la Audiencia de León desestimara una querella por presunto delito de prevaricación en la concesión de licencias.
La denuncia de los vecinos incluye una relación de 55 edificios cuyas licencias fueron concedidas de forma discrecional, cuando se estaba elaborando un nuevo plan de urbanismo por el que el propio Ayuntamiento había decretado un período de suspensión de un año para este tipo de permisos. Ninguna de las edificaciones, según un estudio técnico realizado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), se ajustaba al plan entonces vigente, mientras que el nuevo se encontraba todavía «en fase inicial de toma de datos».
La acción pública contra el Ayuntamiento está suscrita en su casi totalidad por propietarios de terrenos que se han visto perjudicados por estas licencias, al autorizarse construcciones con alturas muy superiores a la media del municipio, sin tener en cuenta la dotación de equipamientos colectivos. Esta circunstancia resta volúmenes de edificabilidad a los demás solares, sobre los que deberá recaer el grueso de las cargas para zonas verdes y este tipo de equipamientos.
Gran parte de los terrenos pertenecen a pequeños propietarios y a emigrantes.
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