El Congreso elige a los vocales del Consejo de Administración de RTVE
Ayer, nueve meses después de la entrada en vigor del Estatuto de RTVE, el Pleno del Congreso de los Diputados eligió, tras una larga negociación entre centristas y socialistas -materializada en las últimas semanas por Rafael Calvo y Alfonso Guerra- los seis vocales del Consejo de Administración de RTVE que corresponde elegir a esta Cámara. Los grupos andalucista, PNV y Minoría Catalana estuvieron ausentes del hemiciclo, mientras los comunistas expresaron su protesta por el veto al candidato comunista, Manuel Serrano.Resultaron elegidos los siguientes candidatos, propuestos por los grupos que se indican: con 249 votos, José María Alvarez del Manzano y Carlos Plaza (ambos por UCD) y José María Calviño y Ramón Gómez Redondo (ambos por el PSOE); Antonio Kindelán (por el PCE), con 248, y con 247, Carmen Llorca (propuesta por Coalición Democrática). Se registraron ocho votos en blanco y uno nulo. El mínimo requerido eran dos tercios de la Cámara, es decir, 234 votos.
Los comunistas hubieron de sustituir a Manuel Serrano por Antonio Kindelán, y expresaron en los pasillos del Congreso -no hubo explicación de voto- su irritación. Alfonso Guerra, en cambio, mostró su satisfacción por el resultado de la negociación, y aseguró haber obtenido garantías de que «la televisión cambiará».
El secretario general de UCD, Rafael Calvo, negó que hubiera existido veto, y señaló que la exclusión de Manuel Serrano fue consecuencia del acuerdo entre los dos grupos negociadores de que no hubiera parlamentarios entre los vocales elegidos, así como que ningún grupo pudiera presentar más del 50% de los candidatos que le correspondieran entre personas empleadas en RTVE. Dado que al Grupo Comunista le correspondía un solo candidato, no era posible que fuera Manuel Serrano, en quien concurre esa circunstancia. Calvo justificó la negociación bipartita en la mayoría cualificada exigida.
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PSOE y UCD, satisfechos por la solución alcanzada para RTVE
Viene de primera página
El secretario general de UCD, Rafael Calvo explicó a los informadores, tras la votación, el procedimiento de negociación utilizado, Este ya existía cuando inició los contactos con Alfonso Guerra, que anteriormente habían sido protagonizados sucesivamente por Fernando Abril y José Pedro Pérez-Llorca. Aseguró que se había informado a las minorías sobre las líneas generales de los acuerdos adoptados y que el objetivo común de todos es obtener una RTVE objetiva e imparcial, de acuerdo con lo que establece su estatuto.
Calvo aseguró que el nombramiento del director general de RTVE corresponde al Gobierno, y que sólo el Gobierno lo designará, oído el consejo de administración, como establece el estatuto. Sobre la ausencia de las minorías nacionalistas en la votación, recordó que están previstos canales regionales, cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas. José Manuel Bravo de Laguna, asistente al encuentro con los informadores, añadió que las comunidades autónomas estarán representadas en RTVE a través de los consejos asesores. Rafael Calvo insistió en su satisfacción por el desbloqueo de la negociación, aseguró que no se había producido veto «ni nada que se le parezca», y declaró que el entendimiento entre UCD y PSOE era preciso para obtener la mayoría requerida.
Los comunistas, en general, y Pilar Brabo, en particular, se mostraron irritados por lo que denominaban veto contra Manuel Serrano. La versión inicial fue que el Gobierno impedía a un trabajador de RTVE su presencia en el organismo citado. Rafael Calvo recordó después que la propia UCD había restringido la presencia de empleados de RTVE propuestos por su grupo en el consejo de administración citado. De los tres que le corresponderían, según el acuerdo UCD-PSOE, sólo habría dos.
Fuentes comunistas estimaron que el veto había procedido directamente del actual director general, Fernando Arias-Salgado, por ser Manuel Serrano un destacado líder de Comisiones Obreras.
El socialista Pedro Bofill consideró que no había tanto motivo para enfadarse, teniendo veintitrés votos. «A nosotros también nos han vetado candidatos sindicalistas», dijo. Esta afirmación fue desmentida poco después por Alfonso Guerra, presidente del Grupo Socialista, quien aseguró, además, que él nada tenía que ver con vetos.
Profesionalizar y despolitizar el medio
Alfonso Guerra añadió que era conveniente profesionalizar el medio y despolitizarlo, tanto por la derecha como por la izquierda. Sobre el cambio de actitud que había permitido el acuerdo con Rafael Calvo tras sucesivas negociaciones frustradas con otros miembros de UCD, manifestó: «Yo quería tener garantías de que la televisión cambiará. Ahora las tengo». Preguntado sobre cómo iba el barrido de los altos cargos de RTVE se limitó a decir, sonriendo:-«muy bien, muy bien».
Sobre la mediación de Landelino Lavilla, Guerra dijo que para los socialistas había resultado bien. «Mejor que para UCD, porque nunca querían que estuviera presente. Querían verse sólo con nosotros y rehuían la presencia del presidente. En cuanto a la candidatura de Fernando Castedo y José Antonio Escudero para la Dirección General de RTVE -desmentida poco antes por Rafael Calvo-, Alfonso Guerra aseguró que nada hay decidido, pero que no sólo existen esos dos candidatos, sino muchos más. Respecto a la marcha del hemiciclo de los grupos parlamentarios minoritarios, Guerra preguntó, irónico: «¿Y adónde van?»
El representante comunista en el consejo de administración elegido ayer, Antonio Kindelán -único de los electos que acudió al Congreso-, afirmó que el veto a Manuel Serrano era profundamente gratuito si pretendía impedir la defensa de los intereses de los trabajadores de RTVE, y señaló como puntos principales para iniciar la actuación en RTVE la aplicación del Estatuto y el saneamiento del medio.
Pilar Brabo afirmó también que las negociaciones «secretas y excluyentes» que habían llevado UCD y PSOE carecen de sentido «porque se ha llegado a lo que estaba pactado en la ponencia desde julio de 1,979».
El resto de la sesión plenaria estuvo dedicada a diversas interpelaciones. En respuesta a una de ellas, planteada por el PSOE, sobre malos tratos a detenidos -en los locales de la Dirección de la Seguridad del Estado -que fueron presenciados por el diputado socialista José Bono, el 14 de diciembre de 1979-, el ministro del Interior admitió que se había localizado a la persona concreta que había cometido los malos tratos -un miembro de la brigada regional de seguridad ciudadana-, que está sometido a la decisión de la autoridad judicial, al igual que las otras dos personas que protagonizaron los incidentes.
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