La demora de los créditos oficiales ha supuesto a los astilleros 3.000 millones de pesetas

La demora en la tramitación de un crédito extraordinario de 24.000 millones a los astilleros ha significado para éstos unos gastos financieros superiores a los 3.000 millones de pesetas, según informan fuentes socialistas. Esta demora en la tramitación coincide con el deterioro paulatino del sector a los dos años largos del famoso «pacto de la Castellana», acuerdo suscrito por sindicatos, empresarios y Administración para afrontar la crisis del sector naval.

De aquellos acuerdos, según las fuentes socialistas, lo único que ha venido cumpliéndose regularmente han sido los acuerdos sobre regulación temporal de empleo.El proyecto de ley para concesión de un crédito de 24.000 millones para mejora de la estructura financiera de los grandes astilleros fue introducido sobre la marcha, tras un año de retraso, en el orden del día de la Comisión de Presupuestos última, «en trámite de urgencia». Tal inclusión fue propuesta por UCD y apoyada por el PSOE, pero a la hora de debatirse el proyecto de ley se comprobó que en el artículo primero del mismo figuraba el Plan de Mejora de la Estructura Financiera y éste no existe. Los diputados centristas propusieron la tramitación del proyecto de ley, previa supresión del artículo primero, y los socialistas presentaron una enmienda transaccional para que antes del 31 de enero próximo se. presente al Congreso, para su debate y aprobación, el Plan de Mejora de la Estructura Financiera de los Grandes Astilleros.

Las pérdidas de los grandes astilleros, según las fuentes reseñadas, se han incrementado cerca del 400% entre 1978 y 1979. Las pérdidas de 1978 de Astano fueron de 2.338 millones de pesetas, y las de AESA, 8. 100 millones de pesetas.

Los socialistas, en contra

Los socialistas, sin embargo, habían manifestado en junio pasado que no apoyarían el mencionado crédito de 24.000 millones de pesetas. en la forma que proponía el Gobierno. En tal sentido presentaron una enmienda a la totalidad justificada en la falta absoluta de documentación. No había dictamen del Consejo de Estado, ni informe de la Dirección General de Presupuestos, ni memoria sobre el estado financiero de las empresas beneficarias, y también faltaba el programa de actuación que el Gobierno debió remitir junto al proyecto.Por otra parte, la Administración accedió el miércoles último a la prórroga de los acuerdos navales hasta final de año, tras una reunión mantenida con repre sentantes de los astilleros pubucos y de las centrales sindicales CC OO. UGT, USO y ELA-STV.

Esta última prórroga se produce, como las anteriores, como una solución transitoria hasta que se negocie un plan de viabilidad de la construcción naval, que incluirá también a los astilleros del sector privado. La complementariedad de los salarios, en esta última prórroga correrá a cargo de las empresas hasta alcanzar el 95% de las percepciones con las cantidades procedentes del Fondo Nacional de Protección al Trabajo.

Hace aproximadamente un año -el 6 de noviembre-, la Administración, el INI, las empresas públicas del sector naval y las centrales sindicales llegaron a un acuerdo para la reestructuración a medio plazo de los astilleros del sector público. El acuerdo consistía en la coordinación de los distintos astilleros, en el mantenimiento durante tres años del sistema de financiación y apoyo a las ventas en condiciones de competividad, y la adopción en un período de seis a ocho meses de uña serie de medidas complementarias (creación de puestos de trabajo alternativos y jubilaciones anticipadas, entre otras).

Pese a todas estas reuniones, acuerdos y prórrogas, lo cierto es que la situación de los astilleros sigue siendo crítica y que desde hace dos años las regulaciones de empleo vienen afectando a 4.500 trabajadores al mes, de los 42.000 que componen el sector.