Minoría Catalana y andalucistas retiran su apoyo al Gobierno en el debate de los Presupuestos

Por un solo voto de diferencia no fue devuelto ayer al Gobierno el proyecto de ley de Presupuestos Generales de¡ Estado para 1981. Los grupos parlamentarios andalucista y Minoría Catalana, que habían apoyado al Gobierno hace cuarenta días en la cuestión de confíanza,- abandonaron ayer al partido centrista con motivo de¡ debate y votación, en la comisión correspondiente del Congreso, de las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de Presupuestos.

La trascendencia política de una derrota de UCD en este tema, que estuvo a punto de producirse al contar el partido centrista exclusivamente con sus propias fuerzas, fue puesta de relieve precisamente por el representante de Minoría Catalana. Ramón Trías Fargas, portavoz del grupo catalán, afirmó que los debates presupuestarios constituyen en todas las democracias occidentales el verdadero debate sobre la cuestión de confianza o el voto de censura a las políticas gubernamentales.El portavoz de Minoría Catalana, en su intervención, afirmó que en los Presupuestos se desconocía lo que es un «Estado de las autonomías», y criticó al Gobierno por las medidas que está adoptando en los últimos días (decreto sobre competencias de los gobernadores generales de Cataluña y Euskadi y «una medida que está preparando sobre finanzas privadas, altamente negativa para las autonomías»). Ante todo ello, añadió Trías, Minoría Catalana se considera libre para votar en el sentido que estime oportuno en el tema presupuestario, máxime cuando «nuestro voto, a la vista de la aritmética parlamentaria, reviste una especial importancia».

Las palabras de Trías Fargas, que supusieron una auténtica sorpresa en la comisión, coinciden con el malestar que ha provocado en la Generalidad de Cataluña un requerimiento enviado por el Gobierno «para que dé marcha atrás en sus intenciones de asumir las competencias sobre las cajas de ahorro de la región». El requerimiento ha planteado un conflicto entre la Administración central y la Generalidad sobre la interpretación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, especialmente grave al haberse dictado ya un decreto de la Generalidad sobre el tema en litigío.

Ramón Trías, interrogado por Enric Canals a su regreso a Barcelona, manifestó que, tras una primera lectura del requerimiento gubernamental, piensa que éste no tiene ninguna base jurídica. «Me preocupa sobre todo», añadió, «que políticamente pueda significar esto una involución del espíritu autonómico demostrado hasta ahora por la Administración central». Consejeros de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros («la Caixa») señalaron a EL PAIS que desconocían el requerlmiento y que pensaban que el decreto de la Generalidad había sido previamente negociado con el Gobierno central, «como se nos indicó en fuentes cercanas a la Conse)ería de Finanzas de la Generalidad».

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