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Comisión de Administración Territorial

La ley de Régimen Local se presentará dentro de plazo

El ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa, anunció ayer, ante la comisión del Congreso encargada de las cuestiones relacionadas con su departamento, que el Gobierno está dispuesto a presentar en las Cortes, el proyecto de ley de Régimen Local en el plazo previsto, es decir, antes del 1 de noviembre próximo, si bien comentó que una prórroga de dos meses permitiría consultar adecuadamente el contenido de la ley con ayuntamientos y partidos.Ante los diputados pertenecientes a la Comisión de Administración Territorial, y a una pregunta del socialista Gabriel Urralburu sobre la afirmación realizada por el ministro del Interior, Juan José Rosón, en la que ponía en entredicho la capacidad legislativa del Parlamento de Navarra, Martín Villa dijo que efectivamente el Parlamento navarro tiene ciertas competencias legislativas. «Los ministros también nos equivocamos», agregó, «pero esas posibles equivocaciones no tienen nada que ver con el sincero propósito del Gobierno de apoyar el amejoramiento del fuero navarro».

Martín Villa enumeró a lo largo de su intervención varios aspectos básicos de la ley de Régimen Local; entre ellos, la potenciación de la autonomía de los ayuntamientos, el fortalecimiento de la figura del alcalde, el establecimiento de un régimen de incompatibilidades para los funcionarios de las corporaciones locales y la articulación de cauces para un mayor diálogo entre municipios, diputaciones y Gobierno central.

Desconfianza socialista

La exposición del ministro fue precedida de una pormenorizada disertación del diputado socialista Luis Fajardo, responsable de la política municipal del PSOE, que mostró su desconfianza en la política del Gobierno en esta materia. Fajardo señaló que la situación económica de los ayuntamientos es caótica, en gran parte, porque la Administración no cumple el calendario previsto para transferencias de fondo.

El ministro replicó a estas aseveraciones precisando que a los ayuntamientos, cuya deuda a 31 de diciembre de 1979 era inferior a cincuenta millones de pesetas, les habían sido abonadas las cantidades correspondientes.

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