Andalucía ante su autonomía

EL ACUERDO entre el Gobierno y el PSOE para resolver el enconado conflicto de Andalucía tiene que ser recibido por la opinión pública con el alivio y la satisfacción que siempre produce comprobar que el sentido común y el sentido del Estado terminan por abrirse paso en medio de esa maraña de ambiciones personales y ventajismos de partidos que a veces invaden la vida pública.Siempre se ha dicho que lo importante de las historias es que acaben bien. Por esa razón, el final feliz de este largo, complicado y en ocasiones incomprensible contencioso podrá servir para aplicar el principio del borrón y cuenta nueva a los diversos episodios de oportunismo, debilidad y demagogia que en buena parte componen el relato, entre pintoresco y abusivo, de la exasperación autonómica en Andalucía.

Hace sólo tres años, el nacionalismo andaluz era la bandera de un grupo político minoritario deseoso de intercambiar las invocaciones a Blas Infante por un lugar al sol honorable dentro del PSOE. El indudable talento de Alejandro Rojas Marco para dramatizar su mensaje y para encauzar por la vía de los agravios políticos comparativos con vascos y catalanes Ios angustiosos problemas económicos y sociales del pueble andaluz, azotado por la emigración masiva, el desempleo, la escasa industrialización y la deficiencia de equipamientos colectivos, encontró la ayuda inestimable del Gobierno de UCD, que alentó y ayudó financieramente esa opción electoral para debilitar a los socialistas en los territorios del Sur. Luego, la transformación, a lo general De la Rovere, de Manuel Clavero en el ayatollah del nacionalismo centrista andaluz, enseñó a UCD los riesgos de jugar a aprendiz de brujo y los peligros que para el normal funcionamiento de las instituciones estatales podía acarrear la estrategia de fomentar los agravios comparativos y de anegar el nacionalismo vasco y catalán con la proliferación de unas reivindicaciones autonómicas que en las vísperas del fallecimiento de Franco no existían fuera de la clase política.

Pero justo en el momento en que el Gobierno y su partido -a comienzos de 1980- trataron de rectificar sus errores, el PSOE y el PCE se percataron de las posibilidades que les deparaban las equivocaciones de UCD en el terreno autonómico y se lanzaron a explotar las frustraciones y los agravios que en el pueblo andaluz había creado el violento viraje del poder ejecutivo. Si a esta disposición de ánimo se añade la prepotencia con la que el Gobierno enfocó el referéndum del 28 de febrero, desde la surrealista pregunta impresa en las papeletas hasta las restricciones a, la propaganda en favor del voto afirmativo, pasando por la recomendación de UCD a sus seguidores de abstenerse en la consulta, resulta casi disculpable que socialistas y comunistas cayeran en la tentación oportunista de convertir la vía del artículo 151 en el camino para acabar con el paro y la miseria en Andalucía y para conducir al presidente Suárez a su Waterloo.

El referéndum del 28 de febrero arrojó una mayoría de votos sobre el censo en favor de la mítica y fetichizada vía del artículo 151 en siete de las ocho provincias andaluzas y una holgadísima mayoría absoluta -aunque no sobre el censo- en Almería. En el caso de que el artículo 151 de la Constitución no hubiera sido desarrollado por la malhadada ley de Modalidades de Referéndum -aprobada el 18 de enero con los votos a favor de los socialistas-, sino por otra norma más congruente con su espíritu, lo lógico hubiera sido que esas siete provincias se hubieran constituido en comunidad autónoma, con independencia de que en el futuro Almería pudiera incorporarse a su ámbito.

Sin embargo, esa infórtunada ley orgánica estableció que el referéndum de iniciativa autonómico tendría que ser ratificado por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia, de forma tal que la derrota en una sola de esas circunscripciones impedía que prosperara en las restantes. Disposición tanto más absurda cuanto que la ley de Modalidades establece en el artículo siguiente -regulador del referéndum de aprobación del estatuto previamente encarrilado por esa iniciativa- que podrían constituirse en comunidad autónoma aquellas provincias en las que la mayoría de los votos emitidos sean afirmativos, aunque haya otras que en la misma consulta se hayan manifestado de forma adversa y queden descolgadas del proyecto.

El férreo condicionamiento del referéndum de iniciativa -mayoría sobre el censo en todas las provincias- no sólo contrasta con la benevolencia del referéndum de aprobación de ese mismo estatuto que haya pasado ya por los ritos iniciáticos -mayoría de votos emitidos y posibilidad de que unas cuantas provincias se constituyan en comunidad autónoma, aunque otras no aprueben el estatuto-, sino que además se halla reforzado por la sanción de no poder ser reiterado hasta cinco años después de su eventual fracaso.

La solución adoptada ayer para Andalucía por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria ofrece una fórmula política de desbloqueo que saca el tema andaluz del callejón sin salida al que también entre todos le habían conducido, pero adquiere visos de inconstitucionalidad. Parece un tanto perturbador corregir de este modo los resultados del referéndum del 28 de febrero. La solución adoptada, políticamente útil, puede rozar razonablemente los escrúpulos de quienes piensan que en el sistema democrático el respeto a las leyes es esencial.