Otros técnicos provinciales pueden ser expedientados por corrupcion

Algunos funcionarios del servicio de Vías y Obras de la diputación provincial sobre los que en estos días pesa la amenaza de expediente sancionador por presunta apropiación indebida de sumas de dinero utilizaron dos sistemas algo más complicados, pero también muy sencillos, que el que adelantábamos en la información de EL PAIS del martes pasado.Según los expertos consultados, en todos los proyectos sacados a concurso por las delegaciones de Vías y Obras y Cooperación y Coordinación, el contratista adjudicatario tiene que pagar un 1,1% del importe total en concepto de replanteo y liquidación de obra. El replanteo son las operaciones sobre el terreno, que realizan técnicos de la diputación, y que indican al Contratista el espacio físico concreto donde debe realizar las obras. La liquidación se refiere a las modificaciones del proyecto original que hay que realizar después, dado que, por lo general, en el trascurso de la ejecución de los trabajos siempre hay detalles que varían

La cantidad que el contratista abona debe ingresarse en las cuentas oficiales de la diputación, y, en cambio, se ingresaban en una cuenta corriente de la Banca March a nombre del ingeniero director del servicio.

Varias vías de fraude

Otro sistema que parece se ha utilizado también, se refiere a todas las obras de la Delegación de Cooperación y Coordinación realizadas por un contratista, pero en las que el proyecto de dirección de la obra corre el riesgo del aludido servicio de la diputación. En estos casos, el contratista ingresa el 4% del importe total en el Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos. para que este organismo se lo traslade al ingeniero autor del proyecto.Dado que éste es funcionario de la diputación, el porcentaje debería ir, en última instancia, a los fondos públicos, pero, como en el sistema anterior, se quedaba en bolsillos privados.

Lorenzo Hernández, diputado comunista y presidente de la Delegación de Vías y Obras, una de las personas que denunció los hechos ante el presidente de la diputación, se negó ayer a hacer cualquier declaración, por entender que el mutismo es absolutamente necesario hasta que las diligencias previas y el posterior expediente no lleguen a conclusiones definitivas, e incluso se mostró contrario a la información aparecida ayer, debidoa que puede perjudicar la honorabilidad de unas personas sobre las que oficialmente aún no recaen cargos. El señor Hernández afirmó también que, en caso que la culpabilidad quede suficientemente probada, se tomarán las sanciones oportunas, con riguroso respeto a la ley.