Irritación en Bruselas por el "retraso suplementario"

La Comisión Europea «lamenta todo retraso suplementario en la adopción de medidas para hacer frente a la crisis siderúrgica de los nueve». Un portavoz comunitario acogió con estas palabras y una mal disimulada irritación la petición de la República Federal de Alemania (RFA) de celebrar un Consejo de Ministros extraordinario a fin de examinar nuevamente la propuesta de declarar el «estado de crisis manifiesta» en el sector del acero de la CEE.El portavoz añadió que será el presidente del Consejo de Ministros, el luxemburgués Gaston Thorn, quien decida la convocatoria de los ministros de Asuntos Exteriores o de Industria de los nueve.

Bajo la aparente disputa sobre el mejor medio de hacer frente a la crisis siderúrgica de la Comunidad Económica Europea subyace otro importante problema: el papel y las competencias de la Comisión Europea, un organismo comunitario que teóricamente no depende de forma directa de los Gobiernos europeos.

La comisión, a iniciativa del comisario belga Etienne Davignon, responsable del capítulo industrial, decidió hace ya un mes que se daban las circunstancias explícitas en el tratado de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero (CECA) para tratar el «estado de crisis manifiesta» y proceder a una contingentación autoritaria de las cuotas de producción de acero.

La propuesta de la Comisión obtuvo el respaldo de ocho de los nueve países miembros de la CEE. Sólo la RFA expresó sus reticencias ante una «declaración del estado de excepción» que concederá poderes casi omnímodos a los «tecnócratas» de Bruselas. El enfrentamiento entre Bruselas y Bonn pareció dulcificarse cuando la RFA renunció a solicitar un Consejo de Ministros extraordinario y conformarse con una mayor información por escrito.

Ganar tiempo

Pero cuando expiraba ya el plazo fijado por la propia Comisión, 22 de octubre, para poner en marcha las medidas excepcionales, Bonn ha vuelto a las andadas. Fuentes oficiosas de la Comisión estiman que la República Federal de Alemania quiere, sobre todo, ganar tiempo para intentar convencer a otros países -fundamentalmente Gran Bretaña y Francia- de la «inconveniencia» de sentar tal precedente.

Según dichas fuentes, los grandes de la siderurgia de la RFA están dispuestos a comprometerse a respetar una disminución de la producción, siempre que se haga «voluntariamente», mientras que británicos y franceses -golpeados más duramente por la crisis- desconfían de las promesas y prefieren un control garantizado.

Para la Comisión Europea el veto exclusivo de la RFA o la eventual, «marcha atrás» de otros países supondría una «desautorización» y un «descrédito». Davignon, que sigue siendo candidato de Bélgica para la próxima comisión, que se formará en enero de 1981, se mostró muy seguro, en la conferencia de Prensa en la que anunció el propósito de la comisión, de declarar el estado de crisis manifiesta.

Adelantó que las medidas de control y restricción de la producción tendrían efectos retroactivos, en el caso de que algún país intentara hacer perder tiempo.

La Comisión, dijo, puede, de acuerdo con el artículo 58 del Tratado de la CECA, instaurar un régimen de cuotas a la producción. Es ella quien considera si se han producido las circunstancias previstas en ese mismo tratado. Lo cierto es que Bonn posee suficiente fuerza él sólo como para negar «el pan y la sal» a la Comisión, aunque no parezca desear ejercer en solitario el derecho de veto.