Comienza el estudio en comisión del Estatuto de Asturias
La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados estudiará mañana el proyecto de Estatuto de Autonomía de Asturias. Después del previsible rechazo de la única enmienda a la totalidad, presentada por Coalición Democrática, la ponencia comenzará a trabajar sobre el texto y las enmiendas de los distintos grupos. El proyecto, cuyo articulado en los aspectos conflictivos fue aprobado con el voto de la izquierda, mayoritaria en la asamblea redactora, será aprobado como ley orgánica en el Parlamento, donde UCD tiene asegurados los 176 votos mediante el pacto legislativo con la Minoría Catalana y el PSA.Un portavoz centrista aseguró ayer a EL PAIS que su partido liará todo lo posible por llegar a un, entendimiento con el PSOE. El Estatuto asturiano ha sido el primero en entrar en las Cortes por la vía del artículo 143 de la Constitución. Los puntos más conflictivos entre UCD y la izquierda son la fecha de las primeras elecciones al Parlamento regional, que se denominará Junta General del Principado de Asturias; el sistema electoral; el tratamiento del bable y la participación de la comunidad autónoma en la gestión de las empresas públicas estatales (Hunosa y Ensidesa) radicadas en Asturias.
UCD pretende hacer coincidir las primeras elecciones con las municipales en 1983 y formar hasta entonces una asamblea legislativa integrada por 45 miembros designados por los parlamentarios asturianos y los diputados provinciales. El texto de la izquierda exige la convocatoria de elecciones en el plazo de ocho meses, después de la publicación del Estatuto en el Boletín Oficial del Estado. En cuanto al sistema electoral, UCD defiende la aplicación del sistema proporcional, dividiendo la región en tres circunscripciones, frente al sistema proporcional personalizado del proyecto. UCD se opone al tratamiento del bable como lengua específica de Asturias y hace referencia a los bables como modalidades lingüísticas que serán objeto de respeto y protección.
El partido del Gobierno trtta el tema de la representación regional en la empresa pública estatal con una ambigüedad similar a la del Estatuto catalán, mientras que la izquierda atribuye a la comunidad autónoma la facultad de nonibrar un tercio de los representantes que corresponden al Estado en los consejos de administración de Hunosa y Ensidesa.
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