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Levantado el procesamiento contra los promotores de Villa Fontana II

El Juzgado de Instrucción número 9 de los de Madrid ha levantado el auto de procesamiento dictado contra cuatro personas representantes del grupo empresarial promotor de la urbanización Villa Fontana II (1.200 viviendas), acusados del delito de estafa.Según fuentes del despacho de abogados que lleva el caso, el juez deja sin efecto el procesamiento contra José Luis Pinto Fontán, presidente del consejo de administración del grupo promotor; Carlos Benito Pérez, arquitecto; Julián Gómez Rodríguez y Justo Calvo Cabañas, apoderados, por considerar que se diluyen los indicios de criminalidad a que aludía la querella presentada por veintiséis comunidades de propietarios de la mencionada urbanización de la localidad de Móstoles.

La resolución judicial, fechada el 26 de septiembre pasado, levanta el proceso iniciado el 13 de noviembre de 1979, que había establecido una fianza de 350 millones de pesetas para cubrir las responsabilidades civiles de los implicados. Los procesados presentaron recurso de reforma y ahora el juez señala que «los dictámenes periciales revelan que la empresa constructora ejecutó obras no proyectadas, cuyo coste rebasó los cien millones de pesetas y tan cuantioso gasto no manifiesta que concurra en los hechos depurados ánimo de lucro ilícito».

Añade el escrito del juzgado «que tampoco se desprende de las alteraciones de los planos y proyectos de construcción ni de las deficiencias de calidad de algunos de los elementos componentes de los pisos vendidos y al faltar tal elemento no cabe estimar la indiciaria existencia de un delito de estafa». Asimismo, la resolución judicial señala «que los precios cobrados no rebasan los límites máximos autorizados a cobrar por viviendas acogidas a créditos oficiales y que algunos de los conceptos cargados a los compradores lo fueron en virtud de pacto».

Según la resolución judicial, «los contratos contienen cláusulas que permiten la modificación de las obras que fueron objeto de planos diferentes».

Los vecinos afectados, que venían reclamando desde hacía varios años ante las empresas constructoras y el Ministerio de Obras Públicas por irregularidades en la contratación y entrega de las viviendas, incumplimiento de la memoria y los proyectos y vicios de construcción derivados de un cambio de calidad en determinados materiales, interpusieron querella criminal por delitos de coacciones y estafa bajo la dirección de los abogados Leopoldo Torres y Manuel de la Rocha. La querella dio lugar al auto de procesamiento en noviembre de 1977 y en ella se señalaba que los promotores de Villa Fontana II habían percibido sesenta millones por conceptos no autorizados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 18 de octubre de 1980