Transportistas de seis provincias intentan bloquear los accesos a Vizcaya

Los empresarios del transporte de Santander, Burgos, Logroño, Alava, Navarra y Guipúzcoa iniciaron ayer una operación simultánea de bloqueo de las carreteras de acceso a Vizcaya, considerada como eje de la serie de medidas decididas en apoyo de la patronal Asetravi, de esta última provincia. Según los promotores de la acción, se impedirá el paso de todos los camiones «hasta que la autoridad ejerza sus poderes para garantizar la legalidad vigente». La medida puede provocar en pocos días la paralización de 4.000 vehículos.

Esta acción de fuerza se produce cinco días después de que Asetravi publicase en la Prensa local un «remitido» en el que, bajo el título Basta, se vertían graves acusaciones contra el Gobierno vasco, a cuyo presidente se exigía la inmediata destitución del titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones, José Luis Robles, por el «creciente caos desatado en el sector». La nota, tras aludir a los «cuatro meses de constante agresión indiscriminada», padecida por Asetravi de manos de «los empresarios autónomos», hace recaer en el Gobierno vasco la «responsabilidad de cuantos daños y perjuicios han sido producidos y de los que, de continuar este caos, pudieran producirse».

La respuesta del Gobierno vasco, basada en su incapacidad, por falta de competencias, para intervenir en el conflicto más allá del mero papel de intermediario entre las partes, no convenció a Asetravi, que, tras reiterar sus acusaciones, decidió convocar a las patronales del transporte de las provincias limítrofes para pasar a la acción.

Bloqueo de varios puertos

Esta se inició a primeras horas de la mañana de ayer con el bloqueo, por parte de afiliados a la patronal vizcaína, de los puertos de Santurce, Sestao, Ansio, Canal de Deusto y Abando. Simultáneamente, piquetes de afiliados de las provincias vecinas han recomendado a los transportistas que transitaban en dirección a Vizcaya que vuelvan a sus bases.Responsables de Asetravi declaraban ayer mismo que el objetivo de su acción es «presionar al Gobierno vasco para que se "moje" en el asunto, haciendo aplicar, en tanto no se legislen nuevos métodos de contratación, las disposiciones legales vigentes.

El conflicto, que se prolonga, con intermitencias, desde comienzos de año, está motivado por la creación por parte de los transportistas autónomos de centros de contratación que distribuyen, sin intermediarios, las ofertas de transporte existente. Estos centros encuentran desde el comienzo la oposición de las agencias, en particular de aquellas que funcionan como tales sin disponer de vehículos propios, mediante un régimen de subcontratación a particulares.

Los autónomos decidieron unirse, con el apoyo en aquel momento del Consejo General Vasco, para evitar la proliferación de este tipo de intermediarios. Sin embargo, la falta de legislación específica sobre esos centros de contratación hizo que el gobernador decidiera su cierre, lo que provocó la generalización del conflicto.