El aplazamiento en el pago de las pensiones de la guerra civil será debatido hoy en el Congreso

El Pleno del Congreso de los Diputados decidirá esta tarde la convalidación de un real decreto-ley, del 26 de septiembre, sobre fraccionamiento en el pago de los atrasos de pensiones derivadas de la guerra civil. Con la convalidación de este decreto-ley se aplaza el pago de 70.000 millones de pesetas, se modifican algunos puntos de la Ley número 5/79, eliminando diferencias existentes en relación a los funcionarios del Estado, y se acuerda abonar 100.000 pesetas a todos los pensionistas, cualquiera que sea el importe de los atrasos.La cantidad que correspondía asignar a estas pensiones de la guerra civil en el presupuesto de 1981 era de 130.000 millones de pesetas, cantidad considerada por fuentes del Ministerio de Hacienda como «exorbitante», teniendo en cuenta, además, la mala coyuntura económica y la necesidad de mayor inversión pública para crear empleo.

Aplazado el pago de 70.000 millones por este decreto-ley, quedan asignados en el presupuesto 60.000 millones de pesetas. Con esta reducción, el crecimiento de los gastos corrientes del Estado pasa del 29 % al 21 %. Fuentes consultadas en Hacienda estiman que «era urgente e imprescindible adoptar esta medida, ante el elevado número de personas afectadas y que, por la falta de antecedentes debidamente contrastados, era imposible evaluar previamente». Según los últimos datos de fuentes solventes, parece ser que «el número de pensiones que se ha de reconocer como consecuencia de la guerra civil ascenderá a unas 94.000, oscilando el valor individual de los atrasos, que son objeto de fraccionamiento -referidos al período 1976-1980-, desde 500.000 pesetas hasta cerca de once millones de pesetas.

Lo que más ha sorprendido a los técnicos de Hacienda es que el Parlamento pudiera aprobar, por razones políticas, un compromiso de gasto público de magnitud desconocida. Sin esta medida, el gasto de clases pasivas iba a pasar de los 149.000 millones de pesetas previstos inicialmente en el presupuesto de 1980 a 309.000 millones para 1981. Las cantidades que se aplazan devengarán un interés del 8%, que es igualmente el interés' que el Estado percibe cuando se aplaza el pago de una deuda tributaria.

La segunda parte del real decreto-ley introduce modificaciones en la Ley 5/79, por las que se reduce el 100% la pensión en favor de las huérfanas de miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden Público, con lo que estas pensiones se ponen en línea con la legislación general vigente. También se establece la imposibilidad de reconocer dos pensiones por el fallecimiento de una misma persona. «La interpretación literal de la ley», han comentado funcionarios de Hacienda a EL PAIS, «ha dado lugar a casos tan curiosos como el de que, por fallecimiento de una misma persona durante la guerra -por ejemplo, un oficial de las Fuerzas Armadas-, se solicitaba una pensión al amparo de la Ley 5/79, que alcanzaba una cuantía del 200%, y otra pensión ordinaria por la condición del causante».

Los afectados por la ley, que se convierten en pensionistas por la guerra civil, ascienden a 218.000, mientras el resto de los pensionistas suman 450.000.

Al conocerse los primeros datos del número de pensionistas y de la cuantía de las pensiones, los ministros económicos consideraron -en la reunión de Fuensalida (Toledo), presidida por Abril Martorell- dos propuesta: una consistía en la simple derogación de la ley citada, y que fue desestimada, y otra consistía en aplazar los atrasos aceptando el principio del reconocimiento.