Suspendida la decisión judicial de reducir las tarifas del agua de Barcelona

La Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado un auto para dejar en suspensión una decisión anterior por la que se obligaba a la Sociedad General de Aguas de Barcelona a rebajar en 3,27 pesetas el metro cúbico la tarifa por el consumo de agua a particulares en Barcelona y su área metropolitana.

La Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB) había aumentado el precio del agua a 20,32 pesetas/metro cúbico, mientras que, según el incremento del índice del coste de la vida, la tarifa tenía que situarse en 17,058 pesetas el metro cúbico. El cobro de la diferencia reportaba a la Sociedad de Aguas, unos ingresos diarios del orden de los tres millones de pesetas. Por ello esta sociedad recurrió contra la decisión de rebajar la tarifa alegando la imposibilidad de devolver a los usuarios la diferencia que les cobraba de más.Anteayer, la Sociedad General de Aguas de Barcelona anunció públicamente a sus abonados que, debido a la última decisión judicial, la tarifa vigente continuaba siendo la de 20,32 pesetas. Si, bien ello es cierto, la decisión judicial no ha entrado aún en la cuestión de considerar la validez o no de esta tarifa, la cuál continúa estando impugnada.

En su día, la mayor parte de ayuntamientos del área metropolitana suministrados por la SGAB, se mostraron contrarios a esta tarifa, a excepción del Ayuntamiento de Barcelona, cuyo concejal de servicios -por aquel entonces el hoy diputado de Esquerra Republicana (ERC), Juan Hortalá- la aprobó.

Se da la circunstancia de que Hortala fue nombrado, por entonces, consejero del llamado Consorcio de abastecimientos de Aguas del Río Llobregat que es una sociedad más del grupo de Aguas de Barcelona, en la que participan varios ayuntamientos, pero no el de Barcelona.

Lo único que ha aprobado la sala de lo contencioso es que rebajar la tarifa en 3,27 pesetas el metro cúbico resulta mucho más perjudicial a la compañía de aguas que a la sociedad privada impugnante y al total de los abonados.

Según la propia compañía de aguas, dejar de ingresar estas 3,27 pesetas supondría, si el proceso judicial se alargara tres años, un costo para la SGAB de 4.570 millones de pesetas. Esta cifra es superior al capital escriturado de la compañía, por lo que supondría una situación de disolución legal.

El contencioso sobre las tarifas de la SGAB está teniendo lugar precisamente en un momento económicamente difícil para esta compañía. Precisamente esta situación sería fruto de haber comprometido el dinero de los accionistas e importantes préstamos en varias sociedades del grupo que luego no han funcionado y en la formación y posterior funcionamiento del citado consorcio de abastecimiento de aguas del río Llobregat.