Admitida la denuncia contra el vicario judicial del Arzobispado

El Juzgado de Instrucción número 3, de Madrid, ha decidido admitir a trámite, la denuncia presentada por un grupo de abogados contra el vicario judicial del arzobispado de Madrid-Alcalá, por un posible delito de amenazas y coacciones a la abogada Cristina Alberdi. La denuncia, para la cual se han abierto ya las diligencias previas, está basada en el escrito remitido días atrás por el vicario a la mencionada letrada, advirtiéndole que, si no se retractaba públicamente de unas declaraciones contrarias al matrimonio, procederían a «retirarle la aprobación para el ejercicio de su profesión ante este tribunal eclesiástico».

Este hecho fue interpretado por la afectada y por los abogados denunciantes como una amenaza que impide el libre ejercicio de la profesión. En el escrito de la denuncia, se especifica que pudiera ser un delito de coacción el hecho de obligar a Cristina Alberdi a retractarse de sus declaraciones, ya que entienden que contradice la libertad de expresión garantizada por la Constitución, y se solicita del juzgado el esclarecimiento de los hechos, «el castigo a los culpables y el restablecimiento, en lo posible, del orden jurídico que entendemos conculcado».En principio, el juez ha citado a declarar a Cristina Alberdi, y es muy posible también que tuviera que pasar por el juzgado el propio vicario judicial.

Entre las acciones judiciales que la abogada tiene previsto emprender figura la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por los acuerdos firmados el pasado mes de diciembre entre el Estado y la Santa Sede, cuyo texto establece que las separaciones matrimoniales tramitadas antes de esa fecha tienen que seguirse necesariamente ante los tribunales eclesiásticos, de acuerdo con lo establecido en el Concordato de 1953. La circunstancia de que aún haya casos de disolución matrimonial que sean competencia exclusiva de la Iglesia le merecen a Cristina Alberdi la calificación de «antidemocráticos y anticonstitucionales», por cuanto, a partir de la fecha del 4 de diciembre, cualquier separación de los cónyuges debe acudir a la jurisdicción civil.

Cuarenta firmas de diputados

Para poder presentar este recurso es necesaria la firma y el apoyo de cuarenta diputados antes del próximo 15 de octubre. En principio, Cristina Alberdi piensa conseguir el apoyo del Grupo parlamentario Comunista, ya que fue el único que se opuso a la aprobación de los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, cuando se sometieron a votación en el Congreso.«Si se cumple el plazo de diez días que me ha impuesto la vicaría para retractarme de mis declaraciones», dice la abogada, «y el arzobispado cumple su amenaza, es muy probable que les demande por daños y perjuicios, ya que alrededor de doscientos clientes se quedarán con su proceso de separación Patrimonial invalidado y habrán perdido todo el dinero que llevan invertido hasta ahora».