La interinidad del primer inversor del país

Hace ya varios años que se viene hablando de la inminente aparición del Estatuto de la Empresa Pública en España. Es posible que este documento sea absolutamente irrelevante para mejorar la situación de estas empresas, como argumentan algunos liberales y enemigos de la burocracia y el intervencionismo, con los que uno puede estar de acuerdo, aunque sólo sea por una vez. Renunciemos, pues, a ese estatuto, que, además de servir probablemente para poco, se está pudriendo en el cajón de algún despacho por innecesario.Pero si se renuncia a un estatuto, lo que no cabe es renunciar a unas ciertas constantes en la conducta pública con respecto a las empresas públicas. Involucrar en la interinidad de los cargos públicos políticos a los gestores de determinados organismos que gozan de cierta autonomía funcional parece un precedente peligroso, ya que con el baile de nombramientos que, por desgracia, se produce inexorablemente cada vez que cambia un político, se pierden muchos papeles, muchos proyectos, muchas ideas, muchas ilusiones, y se crea una sensación de interinidad peligrosa en los que tienen por fuerza que afrontar su trabajo con la perspectiva de un cierto largo plazo. Estamos hablando, naturalmente, de la necesidad de que los cambios políticos no arrastren a todos y cada uno de los rectores de organismos de gestión, porque el riesgo de desastre puede ser muy costoso. Lo que resulta menos comprensible aún es que, incluso dentro de UCD, los cambios de ministros impliquen también masivos desplazamientos de responsables de los organismos de gestión, como si de una cuestión de camarillas se tratara.

Uno de los organismos que quizá reclame a gritos un cierto grado de serenidad y de estabilidad es el INI, grupo industrial que maneja al año cientos de miles de millones de pesetas, en el que trabajar con una cierta perspectiva de durabilidad se hace imprescindible. Quizá no esté de más reclamar para los órganos rectores del Instituto un tratamiento similar al que se ha otorgado ya a los rectores del Banco de España, que tienen ahora cuatro años por delante para desarrollar su trabajo, sin que los vaivenes políticos influyan ni en su movilidad ni en sus actitudes.

Es preciso agregar que esta petición se hace desde una posición absolutamente aséptica respecto a la persona que ocupa el cargo en la actualidad. Hecha la norma, se le puede contratar por cuatro años o despedirle. Pero, por favor, el próximo que entre sabiendo que va a durar cuatro años, esté quien esté en el poder. La seriedad de 250.000 millones anuales de inversión parece exigirlo.