Demolido el colegio de Alcobendas construido ilegalmente

El nuevo edificio del colegio Cíes, en Alcobendas, construido ilegalmente -por no tener la correspondiente licencia de obras- en terrenos del polígono de Valdelasfuentes, fue demolido por el ayuntamiento de esa localidad a las cinco y media de la madrugada de ayer, una vez que su propietaria, María Amalia Vázquez, y el grupo de padres y alumnos que lo habían ocupado para evitar el trabajo de la máquina contratada para tal fin desalojaran voluntariamente la obra en construcción.La decisión formal de demoler la Obra ilegalmente construida fue tomada por el pleno de la corporación municipal en el curso de la reunión que celebró el día 5 de este mes. Esta ha sido la primera vez en veintitrés años que un acuerdo de demolición de una infracción urbanística es llevado a cabo. El antecedente inmediato, excepción hecha de la demolición de unos portales de la calle de Antonio Leyva, está en la de un piso de la Gran Vía, que fue ejecutada en el año 1947.

Según informaciones recogidas por EL PAIS de fuentes municipales, el desalojo de la obra en construcción fue realizado voluntariamente por la propietaria del colegio y sus acompañantes.

Denegación de licencia

La licencia de construcción del colegio fue denegada tanto por el ayuntamiento como por la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana (Coplaco), en base a que en el polígono en que se pretende construir no ha sido formada la junta de compensación de los propietarios del mismo y a la falta de garantías de la urbanización del mismo.

Escudándose en la necesidad de plazas escolares en Alcobendas, la directora y propietaria del colegio decidió comenzar las obras de construcción del colegio a pesar de no disponer de la necesaria licencia de obras para ello. Las obras realizadas hasta ahora -en su mayoría sin asistencia técnica de arquitecto ni aparejador alguno- son las que fueron demolidas ayer.

Por su parte, la Confederación Española de Centros de Enseñanza hizo público ayer un durísimo comunicado contra el Ayuntamiento de Alcobendas por el derribo del centro en construcción, que calificó de «atentado jurídico», de violar la ley y de haber hecho un acto de fuerza bárbaro e injustificado.