El Partido Comunista de España propone potenciar el seguro de desempleo y repartir el trabajo existente

La protección a la población desempleada, como el paso más urgente a realizar mediante una potenciación y mejora de los mecanismos actuales del seguro de desempleo, y el protagonismo de la inversión pública, como factor generador de empleo, son dos de las líneas maestras recogidas en el plan de urgencia contra el paro, documento elaborado por una comisión nombrada al efecto por el Partido Comunista de España (PCE), y a cuyo primer borrador -«esquema para la discusión» lo denominan sus autores- ha tenido acceso EL PAIS.

Las medidas contra el desempleo recogidas en el documento elaborado por el PCE, plan de urgencia contra el paro, se encuentran localizadas fundamentalmente en el sector público; por una parte, contribuyendo a un notable esfuerzo de aumento en la inversión pública dirigido a generar empleo, dinamizar la economía e impulsar simultáneamente la inversión privada, y, por otra, aportando los recursos suficientes para que, en tanto se produce la recuperación del empleo, se logre un mínimo de satisfacción de las necesidades sociales de los dos sectores más castigados de nuestro sistema: los parados y los pensionistas.Por ello, el documento del PCE da especial Importancia a la adopción de medidas de protección a la población desempleada. En este aspecto, se señalan cuatro apartados: seguro de desempleo, seguro de desempleo agrario, subsidio de desempleo y reforma del empleo comunitario.

El primero de ellos acoge como beneficiarlos a «todos aquellos trabajadores incluídos en el régimen general de la Seguridad Social o regímenes especiales», y, dentro de ellos, no sólo a los que hasta ahora han sido considerados como parados en un sentido estricto. Para el PCE, la situación legal de paro abarca incluso a «aquellos que vean reducidas involuntariamente sus horas o jornadas de trabajo al menos en una tercera parte, con la consiguiente pérdida o reducción de su retribución».

«La prestación del seguro de desempleo», afirma el PCE, «tendrá una duración de doce meses, prorrogables por otros doce, y, en circunstancias especiales -familia numerosa, minusvalía, mayores de cincuenta años, etcétera-, se concederían prórrogas por períodos de seis meses. Una vez terminado el período de prestación el trabajador podría acogerse al subsidio de desempleo».

«Durante el primer año, la prestación sería del 80% del salario real percibido y del 70% en el segundo año».

«El seguro de desempleo agrario, para aquellos trabajadores incluidos en la Seguridad Social, tendría una cuantía en su prestación del ciento por ciento del salario mínimo interprofesional, más mil pesetas por persona a cargo del beneficiario, y, una reducción indefinida».

Lo que el PCE denomina subsidio de desempleo recoge una serie de aspectos hasta ahora no contemplados en los rnecanismos actuales. En primer lugar, abarca a todos aquellos trabajadores no protegidos por los sistemas anteriores, incluyendo a los emigrantes que retornen sin empleo, a los mayores de veinticinco años que busquen empleo por primera vez y a los trabajadores autónomos que hayan permanecido inscritos en la oficina de empleo por un período de tres meses y que no tengan derecho a disfrutar de renta o pensión alguna.

La duración de la prestación es de un año y su cuantía igual al salario mínimo, incrementada en un 10% por cada persona a cargo del beneficiario, hasta un máxirno del doble del salario mínimo. En todos los casos. la administración y gestión de las prestaciones correría a cargo del INEM.

Las actividades enmarcadas dentro del empleo comunitario serán costeadas en su totalidad o en su mayor parte por las instituciones promotoras (Administración central, periférica o local, entes autonómicos, etcétera). En estas actividades deberán ser ocupados «sólo y exclusivamente» los que se encuentren registrados como parados, neluidos los de «primer empleo».

Las instituciones promotoras, junto con el INEM y las centrales sindicales formarían comisiones de empleo en los diversos niveles territoriales, sobre las que descansaría la responsabilidad de la gestión y administración del empleo Comunitario, siendo el INEM el organismo a través del cual se administrarían los presupuestos y se efectuarían los pagos.

Con las cantidades aportadas por los diversos organismos que financian los planes se crearía el denominado Fondo Estatal de Empleo Comunitario, de donde se distribuirían por las diversas áreas, atendiendo al nivel de empleo existente y previsible y necesidades de equipamiento.

Reparto del empleo

Especial importancia tiene para el PCE el «reparto del empleo existente», señalando que ello «exige, en una proporción importante, la negociación sindical a nivel general y de empresa, pero su efectiva realización requiere, en la mayor parte de los casos, la adopción de medidas legislativas y la intervención de la Administración ».La reducción de la jornada laboral, según el PCE, ha de llevarse a efecto mediante las dos vías señaladas. La vía de la legislación o del acuerdo general sindicatos-empresarios, aunque no permite estimar el número de empleos a crear, sí hace aparecer «condiciones objetivas» para que éstos se produzcan o al menos para que no aumenten el paro.

Por su parte, el segundo camino, la negociación directa con la empresa, presenta, a juicio del PCE, un aspecto importante: la negociación simultánea de contratación de más trabajadores, a fin de mantener la producción. «Ello requerirá», dice el borrador del plan, «un aumento también simultáneo de la productividad. La jornada estimada para la vía de la legislación sería de 42 horas para 1981, 41 horas para 1982 y 40 horas para 1983.

Jubilación

Dentro de la política de reparto del empleo, se incluye la reducción de la edad de jubilación con el apoyo de la Seguridad Social. El primer paso es el adelantamiento de la jubilación obligatoria de los 69 a los 68 años, y de los 65 a los 64 en la voluntaria, con sustitución automática de cada jubilado por un puesto de trabajo fijo. La Seguridad Social financiará la diferencia que garantice el ciento por ciento de la percepción que les correspondería a los jubilados voluntarios en caso de haberlo hecho a la edad reglamentaria.Las edades señaladas podrían rebajarse hasta los 55 años, para quienes hubieran cotizado durante diez años como mínimo en trabajos tóxicos o penosos. En cualquier caso, el documento del PCE advierte que para que pueda ser aceptada por un colectivo importante se requiere una norma legislativa previa que garantice la revalorización automática de las pensiones.

Las jubilaciones voluntarias afectarían en 1981 a un colectivo de unos 43.000 trabaladores y su coste aproximado sería de 43.000 millones de pesetas. El adelantamiento de la jubilación obligatoria a los 68 años tendría un coste de 7.500 millones de pesetas.

El reparto del empleo se complementa con la reducción de horas extraordinarias y del pluriempleo. Según el PCE, el promedio de horas extraordinarias declaradas en España es de tres semanales, lo que en términos de sustitución automática equivalen a 600.000 puestos de trabajo.

Las medidas propuestas en el borrador del PCE recogen la reducción de los máximos diarios, mensuales y anuales previstos en el Estatuto de los Trabajadores, el aumento de la cotización a la Seguridad Social en concepto de horas extraordinarias por parte de trabajadores y empresarios y el establecimiento de medios de control.

En este sentido se propone aumentar las facultades de los comités de empresa para la inspección, control y denuncia, en caso de ilegalidad, reforzar el control de los inspectores de Trabajo y adscribir estas funciones de control a los controladores del fraude del seguro de desempleo.

En cuanto al pluriempleo, las medidas plasmadas en el plan de urgenciacontra el paro van desde una amplia campaña de concienciación hasta la prohibición estricta del mismo en la Administración pública.