El Pleno de la confianza

POR DELANTE del análisis pormenorizado del Pleno de la confianza debe señalarse que, esta vez, el repetidamente anunciado cambio de actitud política del presidente del Gobierno se ha producido. Suárez ha estado seguro ante el Parlamento, y cabe suponer que ha ganado puntos de credibilidad ante la opinión pública. El largo Consejo de Ministros inmediatamente posterior al Pleno, y que se prolongará durante el lunes, a más de la anunciada conferencia de Prensa de la próxima semana, también son indicios de que las mejores virtudes políticas del presidente del Gobierno vuelven a primar sobre sus defectos. Parece, en suma, que el presidente ha tomado la sabia decisión -no menos acertada por obvia- de «presidir» su Gabinete prescindiendo de valimientos y haciendo acopio personal de sus responsabilidades como gobernante.Por lo demás, de las varias cuestiones que el Congreso tuvo ocasión de examinar en el Pleno de esta semana, los temas relacionados con el estatuto de libertades y la reforma de la organización de la justicia recibieron una atención marginal. Seguramente la decisión gubernamental de dejar fuera del debate el tema del terrorismo, propósito que no terminó de ser cumplido desde el momento en que el ministro del Interior se vio forzado a responder -de manera insuficiente- a las alusiones de algunos portavoces, contribuyó a ese injusto relegamiento. Porque las libertades se hallan especialmente amenazadas tanto por los atentados y crímenes de los activistas de ultraizquierda y ultraderecha contra la seguridad ciudadana como por las eventuales tendencias a confundir la necesaria persecución del terrorismo con la represión indiscriminada de la población y el recorte de las garantías constitucionales.

La discusión de la política económica incluida en la declaración del Gobierno implicaba necesariamente la descripción de la situación de nuestra economía, el avance de diagnósticos y remedios, la evocación de las responsabilidades de los anteriores Gobiernos centristas -Y no sólo del encarecimiento del petróleo- en el agravamiento de la crisis, el análisis de las medidas propuestas y la defensa de otras posibles alternativas. Demasiados mimbres para construir una buena cesta en las horas de debate consagradas a esos temas. El deseo de ganar respetabilidad ante los ciudadanos explica, tal vez, que los oradores rivalizaran en hacer alardes de competencia técnica a propósito de las cuestiones económicas, tanto si eran expertos en la materia como si se limitaban a repetir los apuntes o las ideas de sus asesores. En cualquier caso, es presumible que la mayor parte de los ciudadanos que siguieron el Pleno por radio y televisión sacaran pocas cosas en limpio tras escuchar la estruendosa catarata de cifras, porcentajes y términos técnicos (con variables de cierre incluidas) procedentes de la tribuna. No resulta fácil adivinar cuáles podrían ser las líneas de una discusión parlamentaria que contribuyera a elevar la cultura de la sociedad española sobre temas económicos en vez de fomentar el despego hacia la ciencia lúgubre. Pero algo habría que inventar para conseguirlo.

Los temas autonómicos recibieron el lugar de honor en el debate, tanto por el pacto de legislatura implícito en el voto favorable de la Minoría Catalana como por ese conejo que se sacaron al alimón de la chistera Alejandro Rojas Marcos y Rodolfo Martín Villa a propósito de la vía para el autogobierno de Andalucía. La profundidad de los acuerdos entre UCD y la Minoría Catalana se hizo más patente en el brillante y despiadado ataque de Miguel Roca a Ernest Lluch que en su intervención desde la tribuna. Por lo demás, la bolsa, digna del mariscal Rommel, preparada por UCD y el PSA para copar al PSOE en Andalucía, metido primero en el callejón del artículo 151 por el hostigamiento desde los flancos de la minoría andalucista, y luego abandonado en ese encierro, tras el acuerdo entre el Gobierno y el PSA, a propósito del artículo 144, tiene mucha tela que cortar y alimentará una viva polémica en los meses futuros. El rechazo por Manuel Clavero de la fórmula y la airada reacción de socialistas y comunistas ante la maniobra auguran serios problemas al respecto. En cualquier caso, parece ineludible que el Tribunal Constitucional sea requerido para el control previo de inconstitucionalidad, regulado en el título VI de su ley orgánica, antes de que las cosas pasen a mayores. Por lo demás, la rígida postura del portavoz del PNV, que la poco diplomática réplica del ministro de Administración Territorial no logró sino endurecer, terminó con las especulaciones en torno al eventual apoyo del nacionalismo vasco moderado al nuevo Gobierno. Finalmente, las perspectivas de negociación del Estatuto de Galicia abren un compás de esperanza al respecto.

La declaración política, a mitad de camino entre la manifestación de intenciones y el programa detallado, era el soporte para la cuestión de confianza planteada por el presidente del Gobierno al Congreso. El resultado final confirmó el acuerdo previo entre el centrismo y Convergencia Dernocrática de Cataluña, y no ofreció más novedad que la de despejar las dudas acerca del comportamiento de otros grupos. La adhesión del PSA estaba, presumiblemente, pactada de antemano, y el debate sólo sirvió para la puesta en escena del encuentro políticoexistencial entre Alejandro Rojas Marcos y Rodolfo Martín Villa. Fraga deleitó una vez más a los espectadores con sus chascarrillos y asombró a quienes conocen su historia política con su desenfadada autopresentación como adalid de las libertades y del bien común y como ese «buen señor» que los «buenos vasallos» españoles merecen. Por lo demás, la agresividad con que Fraga atacó al Gobierno al justificar su voto adverso desveló las desmesuradas expectativas de Coalición Democrática, alimentadas durante este largo verano de intrigas y conspiraciones, que resultaron frustradas en las vísperas del Pleno. Finalmente, el voto negativo del PNV resulta congruente con la historia de las relaciones entre el nacionalismo vasco moderado y UCD, las fricciones con el Gobierno en torno al ritmo y dimensión del traspaso de competencias y la tensa situación en la comunidad autónoma de Euskadi y en Navarra.

El voto negativo de los grupos parlamentarios socialista y comunista había sido anunciado de antemano. Ahora bien, el inesperado intercambio de agresiones personales entre Felipe González y Adolfo Suárez alumbró la novedad política más importante del Pleno. El juicio de intenciones que hizo Suárez de las palabras del secretario general del PSOE terminó con una sentencia condenatoria de un eventual Gobierno de coalición de centristas y socialistas.

El presidente Suárez tiene ya esa confianza que había solicitado al Congreso de los Diputados. El acuerdo con la Minoría Catalana proporciona al Gobierno monocolor centrista el control, de hecho, de la Cámara; y los votos andalucistas, la mayoría absoluta para el caso de que la necesite. El tajo que le espera al nuevo equipo ministerial no le permite ya aplazar por más tiempo el trabajo a pie de obra. La declaración aprobada ayer Incluye líneas generales de política económica que tienen que ser concretadas, cuantificadas e ínstrumentadas cuanto antes, a fin de que el paro no desborde los niveles a partir de los cuales la frustración y la desesperación producidas por el hambre y la ausencia de horizontes pueden servir de fulminante a graves conflictos sociales. El temor de un sector de la opinión pública a que la reciente ofensiva contra las libertades sea consecuencia de una decisión deliberada e intimidatoria del Gobierno sólo será disipado por un estatuto de las libertades que las refuerce y no las cercene. La reforma progresista de la organización de la justicia y del ministerio fiscal tampoco admite espera, y debería comenzar por el nombramiento de un fiscal general del Estado idóneo para los anunciados propósitos de garantizar los derechos de los ciudadanos. La tercera lectura del título VIII debería ser, en cualquier caso, la última y definitiva, y no incurrir, para aplicarla en los hechos, a ningún procedimiento susceptible de ser invalidado por un recurso de inconstitucionalidad. Mientras el conflicto vasco no sea resuelto políticamente, y en esa perspectiva la situación en Navarra debe ser afrontada con inteligencia antes de que se pudra, como ya ocurrió en Guipúzcoa y Vizcaya, la democracia en España no estará consolidada y el azote del terrorismo no se inscribirá definitivamente en el marco del bandidaje asocial. Finalmente, los desafíos a nuestra soberanía nacional y la encrucijada de senderos que se presenta a nuestra acción exterior exigen un planteamiento imaginativo y una instrumentación audaz de nuestra política internacional.

El presidente y su quinto Gobierno no podrán quejarse de falta de trabajo ni tampoco de la ausencia de apoyos para realizarlo con acierto. Nunca se puede decir de una nueva oportunidad que sea la última. Sin embargo, los márgenes de confianza que UCD, el Congreso y el electorado han otorgado a Adolfo Suárez ni han sido escasos ni son ilimitados. La moción de censura de mayo no abrió la cuenta atrás de su carrera política, pero sí señaló las lindes que no puede traspasar sin arruinar su futuro.