El Ministerio de Trabajo desmonta la Intersindical Remolachera de León

La Coordinadora Intersindical Remolachera de León, que agrupa a varios sindicatos agrarios y a unos 16.000 campesinos, ha sido privada de su carácter de «federación sindical» por el Ministerio de Trabajo, en vísperas de unas elecciones que están siendo boicoteadas por las organizaciones próximas a UCD. La resolución de Trabajo se ha producido a instancias del Sindicato Agropecuario Leonés (SAL), creado hace seis meses para neutralizar a la Unión de Campesinos (UCL), que actualmente dispone de mayoría de representantes en la coordinadora y que en los últimos años ha protagonizado fuertes enfrentamientos con el partido en el Gobierno.La decisión del ministerio se basa en supuestos defectos de forma que afectan a la inscripción en el registro de entidades sindicales, a pesar de que la coordinadora viene funcionando regularmente desde 1978 y participando con el Ministerio de Agricultura en las «comisiones mixtas» de las últimas campañas azucareras. La actual ejecutiva, que debe renovarse en un 50% en estas elecciones, está integrada por nueve representantes de la Unión de Campesinos y tres de la FTT-UGT, Unión de Agricultores y Ganaderos y antigua Asociación de Cultivadores de Remolacha.

El sistema electoral había sido pactado semanas atrás entre todos los grupos, incluido el SAL, que, sin embargo, en los últimos días dio un giro imprevisto en sus planteamientos, haciendo público varios comunicados en los que se impugnaba de antemano la votación (nominal y por correo). El mismo sindicato había intentado adelantarse al resto de los grupos mediante el envío de 20.000 cartas.

La resolución del Ministerio de Trabajo supone un claro apoyo al SAL en su pugna con la Unión de Campesinos, al privar a este último grupo de una importante plataforma política. La coordinadora controla actualmente un presupuesto de diez millones de pesetas anuales, correspondientes a las cuotas de los agricultores -diecisiete pesetas por tonelada cultivada-, que se mantienen constantes desde la desaparición de los sindicatos verticales. Siguiendo un proceso similar, otras entidades en las que la UCL figuraba como sindicato mayoritario han sido sistemáticamente «vaciadas» de competencias por la Administración, incluyendo en estas últimas a la propia Cámara Provincial Agraria.

En menos de un año, la UCL ha sufrido sanciones gubernativas por valor de dos millones de pesetas, la detención de sus principales líderes por supuestos delitos de terrorismo que no han podido ser probados, la expulsión de sus representantes en los mercados de origen (Empresa Nacional Mercorsa) y la apertura de una investigación oficial sobre supuestas irregularidades en la gestión de la Cámara Provincial Agraria, tampoco probadas.