"Nuestra confianza en el Gobierno la votaremos día a día"

Pregunta. En línea con el tono intencional de la declaración económica del Gobierno, la CEOE hizo público ayer su valoración sobre la misma. La falta de concreción patronal en cuanto a la aceptación o no del esbozo de programa que comporta la declaración gubernamental podría ser compensada con la imaginaria votación de la confianza solicitada por el presidente Suárez del Parlamento. ¿La patronal, pues, vota sí, no o se abstiene?Respuesta. Nosotros no somos un partido político y, en consecuencia, el esfuerzo de imaginación que requiere su pregunta no es posible. De otra parte, la CEOE es una organización muy pragmática y lo que podemos hacer es ir dando nuestros votos positivos o negativos día a día. Nuestro Parlamento es permanente y la situación es de votación diaria. Cada vez cree uno menos en las palabras y más en los hechos.

Lo que importa hoy, si es que definitivamente se deciden a gobernar, es la acción diaria. Ya hemos visto cinco o seis programas económico, y en unos casos se han cumplido y en otros no. Concretamente, el tema del déficit público, sobre el que sucesivamente se viene actuando, resulta frustrante.

En este país se ha producido un profundísimo cambio, casi una revolución, dicho entre comillas este término, que ha supuesto el paso de la dictadura a la democracia, con todo lo que ello comporta. Esta revolución en otros países se ha producido como consecuencia de una guerra, casos de Alemania o Italia, o de manera traumática, como ha ocurrido en Portugal. En nuestro país, incluida la revolución autonómica, se está abordando pacíficamente y el coste está siendo fundamentalmente económico. Creo que de haber existido una política económica más adecuada, se habría podido fomentar mucho más la inversión privada y evitarse el alto nivel de paro que el Gobierno parece ahora decidido a abordar.

P. No obstante, en este proceso que usted apunta algunas voces han denunciado una cierta huelga de inversiones por parte de la iniciativa privada. En alguna medida, pues, la responsabilidad de la crisis actual no sería únicamente de la política económica de los sucesivos Gobiernos de la transición.

R. No, en absoluto ha existido huelga de inversiones. Lo que no ha habido han sido circunstancias favorables. La reforma fiscal que nosotros apoyábamos, por ejemplo, no es esta que se ha hecho. La reforma ha incidido precisamente en este punto, penalizando la inversión y el ahorro.

En la intervención del presidente ante el Parlamento se ha dejado traslucir una clara duda acerca de la capacidad inversora de la iniciativa privada, partiendo del presupuesto de que hasta ahora no se ha invertido. Este juicio, sin embargo, no es válido si no se analizan las causas de esta falta de inversión. Los problemas financieros han encarecido el dinero e imposibilitado el crédito.

Y ello es consecuencia de la política económica seguida en este país. Lo fundamental, ahora, es que se haga menos política y se administre más el país. La Administración pública está paralizada desde hace seis o siete meses. Hay un desgobierno que paraliza la vida administrativa del país.

'Hay que revisar la reforma fiscal'

P. Ante su valoración de la reforma fiscal, aún sin culminar, es fácil desprender que el patronato demanda una contrarreforma.

R. El término contrarreforma no es popular. Lo que hay que hacer es adaptar la reforma fiscal al fomento de la inversión y del ahorro. Y eliminar aspectos demagógicos que frenen la inversión. La publicación de las listas... pero, ¡qué es eso!... Cuando lo que el país realmente necesita es fomentar los patrimonios, no los castiguemos. El delito fiscal en España, que ese es otro tema, está contemplado con unas penalizaciones enormemente superiores a otros países. Hemos pasado de un sistema fiscal que todos sabemos cómo era a otro definitivamente demagógico. Y así ha pasado con la Bolsa, con la grave incidencia que su situación tiene para el sistema financiero.

No hay más remedio, hace falta una revisión de la reforma fiscal. Hablar de contrarreforma quizá sea impopular, pero revisión, sí, es lo que hay que hacer, revisar la reforma.

P. El seguimiento puntual que anuncia la CEOE en cuanto a la política económica del Gobierno podría desembocar en diversos medios de presión para lograr las correcciones que la patronal considere necesarias. Esta, posibilidad recuerda la movilización empresarial que concentró miles de patronos en el Palacio de los Deportes madrileño en el año 1977, o aquella otra movilización en torno al debate del proyecto de ley de acción sindical. ¿Sería posible hoy un plante patronal si sus exigencias económicas no son atendidas por el Gobierno?

R. Hablar de plante me parece excesivo. Las movilizaciones que usted recuerda fueron ante hechos muy concretos. La primera de ellas consiguió que el Gobierno nos reconociera como interlocutor social, aunque luego no nos haya hecho mucho caso. En cuanto a aquel proyecto de ley de acción sindical, en la práctica aquella norma habría supuesto la colectivización de las empresas.

La CEOE tiene como función primordial la defensa de un modelo determinado de sociedad; en concreto, la que impera en el mundo occidental y sajón. En defensa de dicho modelo de sociedad, y dentro de las reglas de juego que nos concede la democracia, actuaremos para su definitiva implantación en este país.

No obstante, aquellos métodos no los considero hoy necesarios. Pese a que en España la política económica se hace sin contar con las empresas, sin concertación con el mundo industrial, hay que reconocer que ya existe un cierto diálogo fluido con la Administración y un cierto reconocimiento de nuestra fuerza social.

En Japón, por ejemplo, país que en lo económico no va precisamente muy mal, el Gobierno consulta con su equivalente a nuestra CEOE hasta el presupuesto del Estado. Aquí, aunque ha habido el cambio de que antes hablaba, pasándose de un Estado corporativista y una sociedad disminuida a la democracia con una cierta relevancia de las organizaciones de su sociedad, aún no se ha asimilado del todo.

En este sentido, comparo a los ministros ingleses y, en general, del mundo sajón -que al ser nombra dos se dice que entran al servicio de su país- con los funcionarios españoles, que toman posesión de sus cargos, es decir, se posesionan de ellos.

'Veo con serenidad una alternativa socialista'

P. La aplicación del programa económico esbozado por el presidente Suárez parece verse gravemente dificultada por la falta de apoyo popular a unas medidas de austeridad económica con las que no se identifican las fuerzas sociales vinculadas a los partidos que le han negado la confianza en la votación del Congreso. Un nuevo fracaso económico de la opción ucedista podría precipitar los acontecimientos políticos, e incluso situar en el poder la alternativa de izquierda que representan los socialistas. ¿Supone esta posibilidad un elemento más de preocupación para la patronal?

R. En política todo es posible, aunque no siempre deseable. Creo que para la estabilidad de la democracia sería bueno que se culminara el período legislativo y UCD gobernara durante el tiempo que resta hasta las elecciones de 1983. El propio Felipe González así lo ha manifestado en el Parlamento.

Ello no excluye, en efecto, que por el procedimiento constitucional puede haber una votación parlamentaria que derribe al Gobierno. A su vez, tampoco esta posibilidad supone que la alternativa sea el PSOE. No obstante, veo con serenidad una alternativa de izquierda socialista. Si el PSOE sigue las reglas del juego democrático, y estoy convencido de que así será, nosotros seguiríamos con la función de convencerle del modelo de sociedad que defendemos. Si se tratara de ir a un régimen marxista, cambiando la sociedad, lógicamente nos opondríamos.

La evolución del PSOE es hacia los socialismos europeos. Hay un proceso de moderación en su comportamiento político de estos últimos años que permite una alternativa pacífica de izquierda.

P. El mensaje del presidente Suárez, según aseguró en el mismo debate Felipe González, no ha llegado a la calle. Es decir, el destinatario de las medidas de austeridad que se piden al país no aparece comprometido con el objetivo perseguido por el Gobierno. De ser esto cierto, y de hecho faltaría el respaldo popular que representan los partidos de la oposición, entre ellos los comunistas, que ya han anunciado movilizaciones, ¿no estaríamos de nuevo ante un plan inviable?

R. El Gobierno debe gobernar. Es una necesidad perentoria. Debe salir a la calle y comunicarse con el país. El tema económico debería ser un tema regular en las intervenciones públicas del presidente y no sólo tratado en situaciones tan graves como la actual.

En cuanto al respaldo popular, no debemos caer en la tentación de trasladar al terreno sindical los votos políticos. No todos los que votan a Comisiones Obreras son comunistas, como lo demuestra la reducida representación parlamentaria de este partido. Por otra parte, considero histórico y trascendental para el país el compromiso catalán con el nuevo Gobierno. Quizá sea porque el modelo de sociedad que defiende Convergencia y Unión es muy similar al que defiende UCD. Lo cierto es que es muy importante el compromiso estatal asumido por un partido nacionalista como Convergencia.

Volviendo al tema del respaldo popular, la historia demuestra que uno de los factores más importantes en la inestabilidad de este país en el siglo XX ha sido la falta de unas relaciones laborales normalizadas, Es decir, la falta de incorporación de la clase laboral en las tareas nacionales.

Y esta situación se está remediando. Ahí está el acuerdo firmado con la central socialista, que ha supuesto un hecho trascendente. Y fue posible dicho acuerdo por la libertad en que se movieron los interlocutores sociales.

Precisamente la preocupación de UGT se centra en la velada pretensión del Gobierno de interferir en la política salarial. Ello sería grave. Tanto UGT como USO tienen conciencia de que hay que ir a una estabilidad y austeridad de cara al futuro. El factor que une a todo el mundo es el paro. Se trata de escoger entre que cada vez menos trabajadores vivan mejor y se aumente el número de parados creando una casta de parias, o que se genere más empleo a costa de moderar el crecimiento salarial de los que trabajan. Creo que esta última opción es generalmente aceptada.

El caso de Comisiones Obreras, por el contrario, es, sin duda, un factor desestabilizador. Esta central no admite las reglas del juego y pretende emplear sistemáticamente la violencia como instrumento de negociación, o bien es instrumentalizada por el partido comunista. El señor Carrillo pasa por ser el dueño de la calle y de las fábricas. Lo que no se puede hacer es utilizar al sindicato políticamente porque tiene pocos diputados en el Parlamento.

Lo importante, insisto, es estabilizar la democracia, pretensión que, por cierto, también está en el propio interés del PCE.

En cuanto a una supuesta instrumentalización de la central socialista por parte del PSOE para mantener su postura contraria a la confianza solicitada por el presidente Suárez, el propio Felipe González afirmó en el Parlamento, y yo así lo creo, que su partido persigue objetivos nacionales y nunca obstaculizará la acción del Go bierno.

P. La positiva valoración que usted hace del acuerdo-marco interconfederal sugiere la posibilidad de que, ante la política de austeridad salarial que se avecina, la patronal estuviera interesada en establecer un pacto social. ¿Sería éste el momento oportuno para intentar este acuerdo?

'No considero necesario un pacto social'

R. La patronal, ya lo dije antes, es muy pragmática. El término pacto social ha sido muy devaluado en este país. Prefiero acuerdos puntuales a generalizaciones. Ahí está el acuerdo-marco. Con su aplicación se ha logrado rebajar en un 60% el número de horas perdidas por huelga durante este año y el poder adquisitivo de los trabajadores se ha elevado considerablemente.

Es mejor Ir a la negociación de temas concretos. Sobre el empleo buscamos un acuerdo con las centrales. En esta línea se puede avanzar indefinidamente. Institucionalizar la negociación entre centrales y empresarios no ha dado resultado en los países donde existe el llamado Consejo Económico Social, o cualquier otra institución equivalente. En Francia, este consejo constituye un gran foro sin resultados prácticos. En la mayor parte de los países europeos funcionan comisiones paritarias que negocian cuestiones puntuales y obtienen buenos resultados. P. En la normalización de las relaciones laborales debería haber jugado un papel preponderante el Estatuto de los Trabajadores, cuyo contenido fue posible merced al pacto entre la central socialista y CEOE. No obstante, entre las exigencias que la patronal plantea del Gobierno figura el desarrollo de dicha norma y el cumplimiento de lo ya legislado. ¿Qué es lo que no se ha cumplido?

R. En conjunto, el Estatuto de los Trabajadores puede quedar en letra muerta y no precisamente por su contenido, que es el menos malo en las circunstarcias actuales. Ocurre, sin embargo, que en este país las leyes no se cumplen. La liberalización de plantillas que permite dicho estatuto no se ha podido aplicar. Existen incluso sentencias de magistratura en las que, después de reconocer la procedencia del despido, y con independencia de lo que establece el Estatuto de los Trabajadores, se declara improcedente por anteponer la estabilidad en el empleo.

En cuanto a las regulaciones de empleo, sólo se autorizan cuando la empresa está a punto de cerrar. No se permite sanear las empresas. Aquí se ignora que en Estados Unidos, por ejemplo, ahora mismo hay medio millón de trabajadores del sector automoción en suspensión temporal de e inpleo a causa de la crisis de dicho sector.

En este país es más fácil hacer leyes que mentalizar a la sociedad en su cumplimiento. Hay demasiadas leyes. Si el Parlamento tuviera menos tiempo de actuación, el país iría mejor. El país no tiene capacidad de asimilación de la cantidad de leyes que se están haciendo en los últimos cuatro años. Cada día se produce mayor separación entre el mundo legal y el mundo real. Y estamos llegando a una situación grave: la falta de respeto a la ley.

Por otra parte, el desarrollo del Estatuto de los Trabajadores debe completarse con el establecimiento de las leyes de hueIga, cierre patronal y función sindical. Bueno, pues todavía estamos esperando.

'Sería bueno que Calvo Sotelo fuera el señor Barre español'

P. Para termina, señor Ferrer, y a propósito de la polémica entablada entre la CEDE y el equipo de Fuentes Quintana en torno a los papeles manejados por el presidente Suárez antes de la decisión final por la opción económica presentada al Parlamento, ¿qué opinión merece al patronato español la persona designada para dirigir la política económica del Gobierno?

R. Siguiendo con el pragmatismo que ya he dicho que nos caracteriza, en la CEE atendemos a programas, no a personas. Nosotros damos el margen de confianza que sea necesario a quien se encuentre al frente de la responsabilidad económica. En la aplicación diaria de la acción de gobernar ya adoptaremos decisiones. Lo que reclamamos es que se gobierne. Que alguien con capacidad y decisión aborde el programa económico.

P. En los debates del Parlamento se apuntó la necesidad de que el responsable económico actuara como en Inglaterra lo hace su primer ministro. Puede ser, pues, el señor Calvo Sotelo la señora Thatcher española?

R. Si fuera el señor Barre, sería ya una muy buena aportación para el país.

'No considero necesario un pacto social'

'Sería bueno que Calvo Sotelo fuera el señor Barre español'