Posición patronal
La posición de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ante la declaración programática del Gobierno se contiene en un extenso coraunicado difundido ayer, en el que se valoran las intenciones económicas del Gabinete, sin concretar su rechazo o aceptación.
1. Resulta positivo el señalamiento de la lucha contra el paro como objetivo prioritario de la futura actuación del Gobierno. Coincide la CEOE en considerar negativa una política de austeridad a ultranza que no determine la consecución de dicho objetivo. Sin embargo, no es alentador afirmar que en 1981 será imposible cambiar radicalmente esta situación. La justificación de las medidas propuestas por el Gobierno debe situarse en la rápida contención de la actual situación de destrucción de empresas y pérdida de puestos de trabajo, sin perjuicio de reconocer la evidente dificultad de generar a corto plazo nuevos puestos de trabajo en cantidad significativa.2. Resulta adecuado proponerse la consecución de este objetivo incrementando -la inversión, el ahorro y la demanda, dentro de las posibilidades que permite nuestra situación inflacionaria. Y también es conveniente una actuación más intensa y eficaz de la inversión pública. En estos objetivos coincide la CEOE.
Sin embargo, es criticable y desmoralizador el tratamiento que el presidente del Gobierno ha dado a la inversión privada, considerándola prácticamente descalificada a corto y medio plazo.
No puede aceptarse esta apreciación porque si la inversión privada no ha funcionado suficientemente hasta ahora es debido a que no se han creado las condiciones necesarias para que pueda desarrollarse la inversión y la empresa privada, que contribuye cuantitativamente mucho más que la pública a la creación de riqueza y de puestos de trabajo. Es cierto que en la actual declaración del Gobierno se enuncia el propósito de apoyar la inversión privada, pero no se detallan los instrumentos que piensan emplearse para hacerlo.
Sin embargo, el Gobierno debería delimitar lo antes posible, al no haberlo hecho en su declaración, los campos de actuación y la forma concreta en que desarrollará la inversión pública para evitar que se produzca, por esta falta de concreción, una indeseable incertidumbre en el sector privado y una simple y perjudicial sustitución de la actividad privada por la pública.
La financiación de la inversión pública se pretende buscar por dos caminos: mayor ahorro del sector público -es decir, contención del gasto público corriente- y elevación de los impuestos indirectos. La experiencia y los antecedentes conocidos hacen temer a la CEOE que el Gobierno no consiga efectivamente contener el gasto público -para el Presupuesto del Estado de 1981 ya se ha desechado este objetivo-, lo cual determinará que esta financiación se concrete en una excesiva elevación de los impuestos indirectos, que provocaría mayor inflación, pérdida del poder adquisitivo de las rentas y mayor conflictividad social.
3. La CEOE siempre ha reconocido la necesidad de una reforma del sistema fiscal. Sin embargo, la que hasta ahora se ha desarrollado, en determinados aspectos, ha contribuido a desalentar el ahorro y la inversión y a crear desempleo.
Para conseguir el objetivo fundamental propuesto de generar más empleo es preciso adecuar dicha reforma a este objetivo, introduciendo las modificaciones adecuadas en la legislación vigente. Y es preciso, también bajo esta óptica, reelaborar los proyectos de ley pendientes, entre ellos el del impuesto de sucesiones, por su gran incidencia en el ahorro familiar, al que puede desalentar profundamente.
En cuanto a la regulación legal del impuesto sobre el valor añadido, debe abordarse con enorme prudencia y gradualismo, ya que esta imposición puede producir efectos muy negativos en la inflación y el mantenimiento de nuestro sistema productivo.
Por ello debería estimarse un plazo mínimo de siete años para iniciar su aplicación.
4. En cuanto a la reconversión de nuestro sistema industrial, la CEOE ha defendido permanentemente la necesidad de establecer criterios objetivos y rigurosos para aplicar soluciones a los sectores en crisis, en razón de la actual situación difícil para la actividad de las empresas.
La declaración del Gobierno recoge este objetivo. Sin embargo, no establece criterios para definir estos sectores y para concretar las soluciones aplicables.
Por ello, es necesario situar con rigor y seguridad jurídica estos criterios y aplicar soluciones adecuadas, para lo que es necesaria la colaboración de las organizaciones empresariales.
5. Como reconoce la declaración del Gobierno, una pieza clave contra el paro es el incremento de la inversión privada.
Ahora bien, para que esta inversión privada se produzca, además de los factores de seguridad, de confianza, de expectativas de beneficios, de clima laboral, etcétera, es fundamental la existencia de unos mecanismos financieros que permitan la materialización de dicha inversión. En otras palabras: de una financiación a medio y largo plazo en condiciones razonables de coste.
Aunque en las medidas anunciadas por el Gobierno en el punto 7 de su programa (medidas económicas) se anuncia el propósito de orientar una parte creciente de los recursos hacia la financiación a medio y largo plazo, mientras ésta no se produzca en condiciones de coste razonables, deberían mantenerse las posibilidades y mecanismos actualmente existentes.
6. Es importante y positivo el objetivo propuesto por el Gobierno de aligerar las numerosas trabas administrativas e intervenciones que dificultan la actividad de las empresas. Pero este esfuerzo debe trasladarse, con la mayor seguridad jurídica, a las actuaciones y decisiones no sólo de la Administración central, sino también de la Administración local y de las autonomías.
En este orden, los procesos administrativos de control de los precios deben ser revisados íntegramente, liberalizando los precios y simplificando los mecanismos imprescindibles de intervención que deban subsistir excepcionalmente.
7. Particular importancia tiene el tratamiento que otorga la declaración del Gobierno a las relaciones laborales y a los costes del trabajo.
La CEOE entiende clue una declaración que pretende definir la actuación económica y social del Gobierno para tres años no debería haberse limitado a decir que tratará de desarrollar el vigente Estatuto de los Trabajadores. Por ello resulta necesario completar con urgencia la regulación legal de las relaciones laborales en aspectos como los conflictos colectivos, el derecho de huelga y la sindicación. Lo contrario no sería congruente con la importancia que hay que conceder a esta materia.
En cuanto al tratamiento de la evolución adecuada de los costes de trabajo, la CEOE coincide en la necesidad de establecer una política racional y firme de moderación de los mismos, que debería ser asumida por las fuerzas sociales y por el propio Gobierno en su actuación específica, si se pretende con eficacia conseguir el objetivo de mayor empleo.
En los costes de trabajo incluyen no sólo la evolución de los salarios nominales, sino la estructura salarial de las empresas, el nivel de productividad, el clima laboral, la menor conflictividad y, fundamentalmente, la incidencia de los costes de la Seguridad Social, a los que no se dedica ninguna mención en la declaración del Gobierno, y que exisgen una enérgica y urgente reducción, al menos en la misma medida en que deban crecer las aportaciones del Estado a la Seguridad Social.
El propósito del Gobierno de señalar criterios orientadores para la evolución de los salarios tan sólo será eficaz en cuanto no anule o deteriore la posibilidad de negociación entre las organizaciones empresariales y los sindicatos. En este sentido, el Gobierno y la sociedad deben otorgar apoyo y respeto a la actuación responsable y democrática de las fuerzas sociales que, como CEOE, UGT y USO, han suscrito y deben aplicar el acuerdo-marco interconfederal en 1981.
8. Finalmente es positivo el objetivo de apoyar las exportaciones como medio de incrementar nuestra actividad económica y generar empleo. Sin embargo, desalienta comprobar la inexistente concreción de este propósito y la total ausencia de medidas específicas para conseguir dicho objetivo.
Asimismo merece especial preocupación el estado de las negociaciones con la CEE. Y de nuevo debe la CEOE expresar su convicción de la conveniencia de una integración adecuada de España en la comunidad europea. Pero sin que ello determine una negociación apresurada o concesiones anteriores a la propia negociación que determinen una mayor agravación de nuestro sistema productivo.
9. La CEOE, en su continuada esperanza de que si se pone el empeño y la decisión necesaria Puede frenarse el incremento del paro y superarse la crisis que padecemos, continuará luchando para ello, y desea que este nuevo Gobierno, que acaba de obtener la votación de confianza del Parlamento, sea capaz de superar anteriores inhibiciones y gobernar con decisión, energía, dedicación, eficacia la necesaria celeridad para llevar a cabo el programa general que hemos comentado, atendiendo a las indicaciones y sugerencias que coadyuven a los fines propuestos.
