Opciones económicas e investigación científico-técnica españolas

Desde hace veinte años, los investigadores españoles han denunciado periódicamente la falta de interés por el desarrollo científico-técnico existente en nuestra sociedad. El «abandono» en el que se ha dejado a la investigación científica y el desarrollo tecnológico españoles ha encontrado una traducción presupuestaria, tanto en el sector privado como en el público: el gasto anual total en I+D es solamente 0,3% del PIB, frente a más del 2% para países desarrollados. El bajo nivel de financiación de la investigación española no es una explicación ni la «falta de interés» una causa final de nuestro subdesarrollo científico-técnico: tienen solamente un carácter sistemático e instrumental en un problema más hondo.En efecto, si en esos (al menos) veinte años la demanda de los investigadores de que se aumente el gasto público en investigación y, desarrollo no ha sido atendida, esto se debe, probablemente, a que lo que los investigadores perciben como una carencia representaba sencillamente una opción para otros sectores sociales. La opción a que nos referimos es una característica del reciente crecimiento económico español: un desarrollo industrial fundado en la tecnología importada en lugar de desarrollada de forma autóctona.

Recordemos que el gasto español en importación de tecnología es dos veces superior al consagrado a la financiación total, pública y privada, de la investigación y el desarrollo, mientras que otros países consagran a la I+D un volumen de recursos varias veces superior al gasto en importación tecnológica...

Pero lo esencial del hecho que acabamos de mencionar no estriba en que gastemos «mucho» en importar tecnología, sino en lo que la mencionada pauta de conducta representa como opción económica. En efecto, si sumamos lo gastado en importación tecnológica y en financiar la investigación y el desarrollo propios, llegamos a un volumen total de gasto inferior al 1% del PNB, lo que constituye un porcentaje considerablemente inferior al consagrado en la mayoría de los países desarrollados en esos dos conceptos.

Esta constatación revela un hecho importante: el considerable crecimiento de la economía española durante estos pasados veinte años se ha efectuado con un gasto total en el factor tecnológico extremadamente bajo.

Desde el punto de vista de un estrecho y corto análisis coste-beneficios, la inversión de recursos en desarrollar la investigación científico-técnica. española constituía, por tanto, un costo poco rentable. En efecto, si tomamos como ejemplo y paradigma de la otra alternativa posible al Japón, país reputado por su gran importancia tecnológica, vemos que, sin embargo, gasta siete veces más en I+D propia que en importación tecnológica. Esto indica que la alternativa consistente en desarrollar una producción industrial fundada en un mayor uso de la I+D propia es varias veces más cara que la política seguida de apoyarse en la compra de tecnología foránea.

Modelo de crecimiento rápido

Contra esta opción efectiva en nuestro crecimiento económico se ha argumentado que constituía una política de corto alcance, poco previsora, que hipoteca nuestro futuro. Pero aunque esta argumentación sea cierta, el hecho es que no ha servido para modificar el conjunto de decisiones presupuestarias y organizativas que, año tras año, han configurado nuestro sistema científico-técnico. Los Presupuestos del Estado y los de la empresa privada española han seguido traduciendo en la parquedad de las cifras consagradas a financiar la investigación española al «desinterés» -¡tantas veces denunciado!- existente respecto a esa actividad.

A la luz del análisis precedente, parece evidente que el «desinterés» en cuestión no es más que la consecuencia lógica de haber elegido un modelo de crecimiento rápido, en el que los beneficios son tanto más elevados cuanto se utiliza una tecnología que, a corto plazo, es barata. Por ello, las repetidas denuncias de la situación, los más serios análisis de ésta, las fundadas demandas de aumentar el gasto público en I+D, han encontrado la callada por respuesta. El «que investiguen ellos» tiene, si no razones, al menos motivos económicos de peso.

Hemos visto por qué el argumento que para justificar un aumento del gasto en I+D se apoyaba en lo oneroso de la importación de tecnología no surtía efecto: porque, por mucho que se haya gastado en importar tecnología, siempre era más barato importarla que producirla. Este hecho ha sido más importante que cualquier argumento. Y las demandas de desarrollar nuestro sistema científico-técnico se quedan en pías intenciones mientras que no se modifique dicha situación.

Ahora bien, el contexto determinante del crecimiento económico español ha cambiado ya y además cambiará más aún en los próximos anos. La creciente integración de la economía española en el mercado mundial, y sobre todo en el Mercado Común; la imperiosa necesidad de aumentar nuestras exportaciones para cubrir las inevitables importaciones, introducen nuevos factores en la selección de las opciones tecnológicas.

En efecto, cuando el producir para la exportación se hace imprescindible, cuando las empresas españolas tienen que competir tanto dentro como fuera de España con las extranjeras, la compra de tecnología extranjera deja de ser la mejor alternativa. Y deja de serlo, sencillamente, porque el que cueste menos pierde relevancia frente al hecho que la tecnología que nos ofrecen las empresas extranjeras impide a las españolas competir con ellas en el mercado mundial. Esto es verdad no solamente porque los proveedores de tecnología imponen condiciones contractuales que impiden el acceso de los productos españoles a ciertos mercados, sino porque, cuando no las imponen, la tecnología ofrecida está anticuada y los productos fabricados con ella pierden competitividad. Para los empresarios españoles no quedará más alternativa que la de pagar el precio del desarrollo de una tecnología propia, aunque sea caro. Y con ello, el «interés» por nuestro desarrollo científico-técnico aumentará lo bastante como para traducirse en un aumento del gasto público en investigación y desarrollo. Cabe, pues, pensar que, por mucho que se quiera reducir el déficit del sector público, existirán presiones para que se aumente el gasto en I+D. La socialización de costos es siempre la mejor solución para las empresas.

Poco tardará en hacerse efectiva esta alternativa, aunque lo hará progresivamente, al ritmo impuesto por el fracaso de las demás soluciones posibles. Por ello, el tan esperado inicio del desarrollo de nuestro sistema científico -técnico está cercano.

Honda reforma

Este desarrollo, sin embargo, no puede consistir solamente en aumentar el gasto público en investigación, sino que tiene que ir acompañado por una honda reforma de las pautas que rigen la organización de nuestro sistema científico-técnico. Las razones de esta afirmación son de peso y conviene explicarlas.

Nuestro sistema científicotécnico, abandonado a su suerte, considerado como una especie de lujo improductivo, tiene una organización que corresponde a la vez al escaso volumen de recursos del que dispone y a la escasa demanda social de sus productos. Si la demanda social, si la exigencia de producir una tecnología propia se hace sentir, sólo se consentirá el asignarle a la I + D un mayor volumen de recursos en la medida en que, sin ellos, no podrá ofrecer los productos exigidos por nuestra nueva coyuntura económica. Pero es evidente que el aumentar los recursos no garantiza que nuestro sisterna científico-técnico vaya a producir las tecnologías requeridas por la economía española hoy. Se trata de una condición necesaria, pero no suficiente. En efecto, la organización actual, adaptada a su función en las anteriores circunstancias, es incapaz de traducir un aumento de recursos en un aumento no sólo de la calidad, sino de la adaptación y de la eficacia de sus productos. Y como lo que puede motivar un aumento de recursos es el objetivo de generar una oferta suficiente de tecnologías adecuadas a la demanda, y no el satisfacer las reivindicaciones de los investigadores, hay que pensar desde ahora que la política científica que exige la actual coyuntura española no puede consistir más que en aumentar el gasto en investigación, al mismo tiempo que se modifica la organización de la investigación y, particularmente, su administración y gestión.

No es aquí lugar de hablar de a qué ritmo hay que aumentar el gasto en I + D ni cuál debe ser el detalle de las necesarias reformas en su organización. Basta con mencionar que a la definición de objetivos y prioridades y a su traducción en programas concretos debe añadirse el desarrollo de mecanismos de evaluación y seguimiento, la utilización de nuevas técnicas presupuestarias y, en resumen, una mejor comunicación entre el sistema científico-técnico y su entorno socioeconómico y cultural.

Lo esencial, por el momento, es que el desarrollo de la política científica encuentre los necesarios apoyos para producirse.