Justicia democrática

EL DISCURSO del ministro de Justicia en la apertura del año judicial, sólo una semana después de haber tomado posesión de su cargo, ha puesto de relieve la necesidad de proceder a una reforma de los tribunales de manera que no se defraude a los ciudadanos que «esperan la rapidez, la eficacia, la objetividad, la independencia y la responsabilidad» como características de la vida diaria de la justicia española. Para nadie es un secreto que la desatención en medios humanos y materiales que la Administración de justicia ha recibido en los últimos lustros, la proliferación de jurisdicciones especiales durante la dictadura, la falta de dotación económica a magistrados y fiscales con arreglo a su rango y responsabilidad social han sido algunas de las causas que han generado la situación actual de lentitud, corruptelas entre los funcionarios y mala imagen ante los españoles de la Administración de justicia. Que esta situación tiene que resolverse cuanto antes si queremos dar funcionalidad y firmeza a la democracia española es algo que está en el ánimo de todos. Y de seguro que los altos responsables de la Administración de justicia están dispuestos a colaborar con el Gobierno en ello.Un apunte del ministro en la solemne sesión de ayer merece la pena ser tenido especialmente en cuenta. Aquel en el que señala los perfiles del ministerio fiscal. «Su misión esencial va a ser la defensa de las libertades, de los derechos fundamentales y del interés social», dice el ministro, calificando luego al ministerio fiscal como una «figura esencial del defensor social en la nueva ordenación de la justicia española». Y es aún más importante esta concepción cuando se contempla la realidad actual a la luz de semejantes criterios. Repetidas veces desde estas mismas páginas hemos puesto de relieve la escasa, por no decir nula, sensibilidad social del actual fiscal general del Estado. ,

No desentona, por lo demás, la mente jurídica del señor, Fanjul de la de otros muchos magistrados y jueces que se dedicaron a legalizar las arbitrariedades franquistas.

Difícilmente pueden ser, en su corazón y en su mente, defensores de la libertad quienes no tuvieron empacho en enviar con altísimas penas a la cárcel a los líderes populares, políticos o sindicales, que trabajaron activamente por la democracia.

Un ministerio fiscal como el que el señor Fernández Ordóñez sugiere y propone no puede ser desempeñado -a las pruebas nos remitimos- por un personaje como don Juan Manuel Fanjul Sedeño, que todavía ayer, en el acto que comentamos, hacía alarde de criterios sobre la seguridad y la libertad irreconocibles para un demócrata. El ministro de Justicia sabe, sin duda, lo que nosotros sabemos: que es, en efecto, necesario cambiar y adecuar leyes y potenciar la dotación económica de la Administración de justicia. Pero sin el relevo de los antiguos servidores del dictador que aún infiltran las responsabilidades judiciales en la democracia, sin el relevo de mentalidades caducas, los ciudadanos tendremos derecho a seguir mirando con escepticismo la balanza de la justicia. Dicho sea en defensa del honor de los tribunales y sin el más mínimo ánimo de desacato.