Fernández Ordóñez abogó por una justicia eficaz y la modernización en de las leyes

La necesidad de una justicia eficaz, viva y al servicio del hombre, por la que clama la sociedad española, y la modernización de leyes, a veces arcaicas, que siguen vigentes en una sociedad que ya es distinta, son dos de las máximas preocupaciones del nuevo ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, expuestas ayer en el acto de apertura del año judicial 1980-1981, a lo largo de un discurso, que representa la primera toma de posición oficial del nuevo ministro.

Fernández Ordóñez, que inmediatamente antes había asistido a una misa junto con los máximos representantes de la magistratura, de la judicatura y del ministerio fiscal, celebrada en uno de los espaciosos vestíbulos del palacio de Justicia madrileño, echó sobre las espaldas de jueces, magistrados y fiscales la tarea de «alcanzar los valores que están en el corazón mismo de cualquier Estado democrático. Pero, en cualquier caso», precisó, «ésta va a ser, a partir de ahora, la gran responsabilidad del poder judicial ante todos los ciudadanos que confían en la promesa constitucional y esperan que la rapidez, la eficacia, la objetividad, la independencia y la responsabilidad configuren la vida diaria de la justicia española. En esta tarea estará también presente el Gobierno», añadió el ministro de Justicia, «en su preocupación máxima para que la sociedad española cuente con unos instrumentos de justicia seguros, eficaces y adecuados a los problemas reales de este momento histórico».«El Gobierno», manifestó Fernández Ordóñez, «ha de incluir prioritariamente en su programa el objetivo de que la justicia disponga de los medios personales, materiales y técnicos necesarios, con las limitaciones que imponga la gravísima situación económica. El Gobierno tiene el deber de presentar a las Cortes las leyes destinadas a perfeccionar los procedimientos, a purificar los instrumentos y los resortes decisivos del aparato de la justicia, y, en definitiva, aportar todo aquello que suponga un estímulo a este problema esencial para el Estado. Y quiero decir que en esta tarea, en la medida de mis fuerzas, en el ámbito de competencias del ministerio, está empeñada, ni más ni menos, que toda mi voluntad política».

Aparte de esta tarea, que el ministro de Justicia incluyó en el área de responsabilidad de su departamento, de «auxiliar, impulsar y defender una justicia fuerte al servicio de las libertades del hombre», Fernández Ordóñez se refirió en su discurso a una de las vertientes más importantes, «y para mí más queridas», dijo, «del Ministerio de Justicia, es decir, la culminación del proceso de desarrollo constitucional, con el fin de que este país pueda tener cuanto antes «un conjunto de leyes coherentes, armonizado y adecuado con nuestras necesidades. Tenemos ante nosotros», manifestó, «una tarea de modernización, de adaptación de leyes a veces arcaicas a una sociedad que ya es distinta. Tenemos que inscribir en nuestras normas y en su aplicación diaria los principios de progreso, justicia y libertad que hemos aprobado en la Constitución».

Fernández Ordóñez, al que no se le pasó en su discurso la importancia del cambio histórico que está a punto de producirse en el ámbito de la justicia por mandato de la Constitución, por la que se establecen, por primera vez en España, las bases para un efectivo autogobierno de la magistratura y una auténtica independencia del poder judicial respecto del ejecutivo, resaltó también el papel del ministerio fiscal en una adecuada organización de la justicia, que no puede ser -dijo- sólo el de un órgano de relación con el Gobierno o un sistemático acusador formal. «Su misión esencial», precisó, «va a ser la de la defensa de las libertades, de los derechos fundamentales y del interés social».

Con anterioridad al ministro, cuyas palabras fueron acogidas con moderados aplausos por los magistrados y por el público que asistía al acto, el fiscal general del Estado, Juan Manuel Fanjul Sedeño, hizo unas breves consideraciones sobre la libertad y la seguridad, con ocasión de presentar la memoria sobre la actividad judicial y el desarrollo de la delincuencia en el último año, que todos los años envía la Fiscalía General del Estado al Gobierno. El señor Fanjul, que presentó el tema de su disertación «como el más preocupante de cuantos se presentan a nuestra contemplación», mantuvo la necesidad de establecer en estos momentos «un pacto de cesión de libertad por seguridad, y es indispensable cumplirlo». «Ni más seguridad que la precisa, ni más libertad que la tolerable», fue el lema propuesto por el fiscal general del Estado para el establecimiento de dicho pacto. La tarea arbitral de buscar el difícil equilibrio entre seguridad y libertad fue atribuida por el señor Fanjul al poder judicial. «Es llegada la hora», concluyó su intervención, «de recordar dos verdades sin las que es imposible que en el dramático mundo actual se mantenga el anhelado equilibrio de las libertades humanas y seguridad colectiva: primera, que tan sólo un equipo de jueces equitativos y fiscales ponderados está en condiciones de competencia e imparcialidad para preservar aquel equilibrio, y segunda, que todos los ciudadanos deben ser conscientes de que el riesgo de transgredir la soberanía de esa parcela constitucional puede consistir, sencillamente, en perderla».

Durante la celebración del año judicial en Las Palmas de Gran Canaria se recibió una amenaza de bomba que obligó a desalojar la audiencia. La amenaza resultó falsa.