La oposición tendrá 24 horas para preparar su respuesta al presidente del Gobierno

A última hora de ayer la Mesa del Congreso de los Diputados acordó conceder un plazo de veinticuatro horas para que los grupos parlamentarios responsan al discurso del presidente del Gobierno, en el que planteará a la Cámara la cuestión de confianza. Este acuerdo se adoptó después de una primera reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, en la mañana de ayer, en la que el grupo centrista y la Minoría Catalana trataron de imponer a los representantes de los demás grupos un plazo de tan sólo una hora para que se iniciara el turno de respuestas al discurso del presidente del Ejecutivo. En la sesión de hoy, que no se iniciará hasta las 17.30 horas, sólo intervendrá Adolfo Suárez. Después de su discurso, la sesión se levantará hasta las 16.30 horas de mañana.

La Junta de Portavoces del Congreso se reunió a primera hora para estudiar las normas a seguir, ya que el actual reglamento del Congreso no regula la discusión de confianza. La reunión estuvo cargada de tensión por el enfrentamiento de posiciones en el tema del plazo de contestación.Antes de esta reunión, el Gobierno había presentado ante la Cámara su decisión formal de plantear la cuestión de confianza en un breve documento, en el que únicamente argumenta como razones «la crisis económica en concurso, entre otros factores, con la necesidad de proseguir el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre el desarrollo legislativo de las libertades e instituciones públicas, y sobre el régimen autonómico del Estado».

Todos los grupos parlamentarios, excepto Unión de Centro Democrático (UCD) y Minoría Catalana (MC), a la vista de esta declaración, han considerado que, puesto que los verdaderos propósitos del Gobierno no se conocerán hasta que Suárez pronuncie su discurso, al abrirse la sesión, debería transcurrir un plazo razonable para poder estudiar una respuesta meditada. Alfonso Guerra, portavoz socialista, argumentó que el artículo 55 del actual reglamento del Congreso indica que ningún debate puede comenzar hasta pasadas 48 horas de la presentación de la declaración o documento que le da pie.

Sin embargo, el Gobierno y su grupo, junto a los nacionalistas catalanes, defendieron la tesis de que, como en la regulación de la moción de censura, sólo debe transcurrir una hora entre el discurso del presidente del Ejecutivo y las reacciones de los grupos.

El ministro de la Presidencia, Rafael Arias Salgado -que representaba al Gobierno-, afirmó que no hay ningún motivo para que el presidente explicite previamente la declaración programática, puesto que la cuestión de confianza puede plantearla el Gobierno en cualquier momento, y no tiene por qué anticipar nada.

Fraga habla de estafa

En cambio, socialistas, comunistas y Coalición Democrática (CD) mostraron su disgusto con calificativos como «burla», «estafa» y «cachondeo». El líder de CD, Manuel Fraga, afirmó que había sido «la reunión más lamentable a la que he asistido en la Junta de Portavoces, porque UCD se niega a que exista debate». También dijo que debe darse el plazo de 48 horas, porque, de otro modo, «se le hace al país la burla y la estafa más lamentable que pueda existir desde el punto de vista parlamentario».Alfonso Guerra dijo, por su parte, que estamos ante la misma situacion que cuando la investidura de Suárez, en que el presidente no se atrevió a salir a la tribuna, y no hubo ningún debate. Guerra calificó de «papelín» la comunicación del Gobierno, y se preguntó qué sensación de fortaleza política puede dar «un Gobierno que no se atreve a presentar su programa con un mínimo de antelación para que pueda ser conocido por la oposición». Añadió Guerra que «el presidente del Gobierno tiene manía persecutoria, por estar siempre encerrado en la Moncloa, y no quiere que salga ningún papel ni carta al exterior».

El también dirigente socialista Gregorio Peces-Barba dijo de su lado que el debate que empieza hoy «es fundamentalmente una operación de imagen del presidente del Gobierno para recomponer la situación crítica producida por el deterioro del Gobierno y del propio presidente tras el voto de censura presentado por el PSOE». Según Peces-Barba, el efecto de aquella acción y el inmovilismo posterior obligan al Gobierno de Suárez a pedir la confianza.