Escasa controversia en el primer Pleno del Congreso

El Congreso de los Diputados abrió ayer su período de sesiones plenarias con relativa expectación hacia el nuevo Gobierno. Una ley, la de Arrendamientos Rústicos, importante y extensa -137 artículos-, fue objeto de escaso debate, como si se hubiera querido suavizar la rentrée parlamentaria, a la espera de las discusiones de la próxima semana. El ministro de Agricultura, Jaime Lamo de Espinosa, resaltó la voluntad de concordia puesta de manifiesto en la elaboración de una ley cuyo objetivo es buscar un punto de equilibrio entre arrendador y arrendatario y «el máximo provecho posible en beneficio de la agricultura».Parte del nuevo Gobierno se sentó en el banco azul. A su llegada al palacio del Congreso, el ex vicepresidente segundo, Fernando Abril, abrazó al nuevo ministro, Pío Cabanillas, y se dirigió con él al bar, entre saludos a los diputados que encontró a su paso. Poco después, Adolfo Suárez, acompañado del ministro del Interior, Juan José Rosón, se dirigió igualmente al bar de la Cámara, donde el presidente del Gobierno saludó muy afectuosamente a su ex vicepresidente y amigo y se sentó junto a él y Pío Cabanillas.

Al comienzo de la sesión, el presidente de la Cámara, Landelino Lavilla, dedicó un recuerdo al diputado fallecido Joaquín Garrigues y destacó su contribución a la democratización de la vida española y su ejemplo de convivencia en libertad. Seguidamente se aprobaron todas las modificaciones introducidas por el Senado a la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

A continuación, el ministro de Agricultura presentó ante la Cámara la ley de Arrendamientos Rústicos, que, según dijo, trata de mejorar las estructuras agrarias y posibilitar la incorporación de agricultores más jóvenes al campo español. Recordó la ley que hace casi medio siglo fue sometida al Parlamento desde la misma tribuna por el entonces ministro Manuel Jiménez Fernández, con el deseo de que tuviera un criterio de ponderación, fundamental para la política española de entonces y de siempre. Lamo de Espinosa se proclamó continuador de aquel propósito y declaró que el proyecto de ley pretende lograr el equilibrio entre los intereses del arrendador y el arrendatario, la mesura al incorporar las innovaciones que en el marco de la Comunidad Económica Europea se han producido y el contrapeso entre la libertad de empresa y los intereses generales que el Estado debe garantizar.

En el escaso debate que se produjo sobre los primeros artículos, los socialistas no lograron sustituir el concepto de profesionales de la agricultura, aplicado a los arrendatarios, por el de «cultivadores directos y personales».

En cambio, el socialista Miguel Angel Martínez logró incorporar el concepto de profesional de la agricultura a los sindicatos agrarios, que no aparecían contemplados en el dictamen de la comisión. Para ello apeló al recuerdo que el ministro había hecho de su antecesor en el cargo, el profesor Jiménez Fernández, miembro de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), Cuya ley sí los consideraba. El grupo centrista propuso una eninienda transaccional que, junto a los sindicatos agrarios, introdujo también a las cámaras agrarias.

No prosperó, en cambio, el propósito socialista de limitar a trescientas hectáreas de secano el total de la superficie susceptible ole ser arrendada y que en el dictamen de la comisión es de quinientas hectáreas de secano o cincuenta de regadío.

En el último artículo que se olebatió en la sesión -el número veinticuatro-, sobre el registro de arrendamientos, la Minoría Catalana consiguió sacar adelante una enmienda, con la oposición de UCD, gracias al apoyo de la izquierda.