El Estado cubrirá los 1.500 millones de pesetas de la ampliación de capital de Intelhorce

El traspaso de la empresa textil malagueña Intelhorce (Industrias Textiles del Guadalhorce) al Estado se ha consumado al precio de una peseta por la totalidad del capital, que ascendía en el momento de la transacción a 750 millones de pesetas. El Consejo de Ministros que autorizó esta compra el pasado 31 de julio decidió también que fuera el Patrimonio del Estado, del Ministerio de Hacienda, quien se hiciera cargo de la empresa, que unos años antes había sido fundada por el Instituto Nacional de Industria y vendida a un grupo privado catalán.

En ese mismo día se autorizó una ampliación de capital de 1.500 millones de pesetas, a realizar en dos fases de 750 millones de pesetas cada una. En definitiva, al sector público la operación Intelhorce le va a costar, en esta segunda fase, 1.500 millones de pesetas, más una peseta simbólica por la adquisición de la totalidad del capital de esta empresa, cuya situación parece entrever en estos momentos un cierto margen de optimismo, según comentaron a EL PAÍS en medios solventes próximos a la Administración.El sector público se había resistido a lo largo de estos últimos años a hacerse cargo de la empresa, al igual que sucedió con Babcock & Wilcox y alguna otra. Pero en ambos casos la solución final ha sido la misma y ambas se convierten en empresas del Estado a lo largo de los últimos meses de este año.

La reconversión

Intelhorce, sin embargo, es un ejemplo bastante diferente del caso Babcock, al menos por su trayectoria de empresa pública pnmero, fundada por el INI en el año 1957, y como empresa privada después, desde el año 1973, en el que el entonces presidente del holding estatal, Claudio Boada, negocia su traspaso a un grupo privado, catalán, el grupo Castell -propietario de los bancos de Madrid y Cadesbank-, por el precio de 824,77 millones de pesetas y a un precio del 55% del valor nominal de las acciones.Los resultados obtenidos por la empresa durante su etapa dentro del sector público se materializaron en unas pérdidas acumuladas de 331 millones de pesetas. Aprovechando la favorable situación del sector, el INI vende al grupo privado sus acciones en vísperas del inicio de la recesión económica consecuente al aumento de los precios del petróleo. Sólo en 1973 pudo cerrar Intelhorce su cuenta de explotación con resultados positivos, ya que en dicho año ganó 152,7 millones de pesetas. A partir de ahí, las pérdidas se multiplican y al finalizar el ejercicio de 1979 el déficit acumulado de la sociedad asciende ya a 11.430 millones de pesetas, que en el curso de este año se ha visto nuevamente incrementado hasta su traspaso al sector público.

Las pérdidas

El traspaso de Intelhorce nuevamente al sector público se ha realizado tras la negociación de dos acuerdos: uno de carácter laboral, ya pactado con los trabajadores el pasado mes de junio, con condiciones bastante duras en materia salarial, aunque con el compromiso de mantenimiento del empleo, y otro de carácter financiero, con los propietarios y acreedores de la empresa, es decir, los bancos de Madrid y Cadesbank, con la incorporación de Banesto, que es el accionista mayoritario del primero de los dos citados.El convenio financiero aprobado consiste básicamente en la condonación de créditos que los dos bancos tenían conced Idos a Intelhorce, por un importe global de 7.750 millones de pesetas. Este conjunto de créditos ha puesto en serias dificultades a ambas instituciones, lo que ha traído como consecuencia que el Cadesbank pasase recientemente a integrarse en el Fondo de Garantía de Depósitos, y el Banco de Madrid -en la actualidad presidido por Claudio Boada, el autor de la venta de Intelhorce al grupo que ahora capitanea-, a entrar de forma definitiva y mayoritaria en la órbita del Banesto, que desde hace dos años tenía ya una participación del 17% y que ahora es ampliamente mayoritario.

El resto de los créditos que Intelhorce tenía concedidos de estas dos entidades financieras ha sido renegociado en condiciones bastante duras para ambos bancos, ya que el monto global del riesgo es de 3.913 millones de pesetas, repartido a partes iguales entre ambas sociedades. Esta cifra, de acuerdo con las negociaciones entabladas en su momento, se convertirá prácticamente en una aportación de capital sin derechos políticos, ya que pasa a formar parte del pasivo a largo plazo de Intelhorce, con tres años de carencia de amortizaciones e intereses y a un tipo del 10% para los siete años finales de vida del crédito. Finalmente, sobre ambos bancos gravitarán las líneas de avales, por un importe global de unos 1.500 millones de pesetas, que le tenían concedidos a la empresa. Previamente, los anteriores accionistas (ambos bancos) habían aceptado una reducción del capital social de la empresa de 3.000 millones a 750 millones. Y este último paquete ha sido vendido al Patrimonio del Estado por una peseta.

Inversiones

La operación ha sido juzgada como bastante beneficiosa para el nuevo accionista, el Patrimonio del Estado, propietario de un fuerte holding empresarial en el que conviven empresas de diverso calibre y objetivos, como Telefónica, Campsa y otras, a las que, recientemente se unió la sevillana HYTASA, incautada, que realiza unas actividades industriales muy similares a las de Intelhorce. Según medios solventes, esta habría sido la razón por la que finalmente se decidió integrar a la empresa malagueña en la órbita del Patrimonio, más que decidir su regreso al INI, de donde había salido.Medios solventes aseguraron a EL PAÍS que la situación financiera de la empresa ha quedado bastante limpia después de los acuerdos financieros logrados con los anteriores propietarios, entre los que destaca el paquete accionarial del Banco Catalán de Desarrollo (Cadesbank), con el 75%. El hecho de que este banco se encuentre incluido en el Fondo de Garantía de Depósitos implica que el coste de la operación de saneamiento será pagado en un 50% a costa de los fondos públicos.

En cuanto al futuro de la sociedad, una vez logrados los accierdos de carácter laboral, los nuevos rectores de la empresa van a abordar un plan de inversiones inmediato que implicará unos 938 millones de pesetas, con los que se van a modernizar algunas líneas de producción de la empresa. Los objetivos que se han marcado y que justifican estas inversiones, a realizar dentro del año en curso, son la mejora de la calidad de los productos, la sustitución de maquinaria obsoleta y un mayor valor añadido, incrementando la cantidad y calidad de los productos terminados.

Con este giro industrial y comercial, una vez consolidada la reforma financiera de la sociedad, los nuevos propietarios esperan modificar para el año próximo el signo de la cuenta de explotación y ofrecer resultados positivos.