El programa a medio plazo para la economía española: una realidad vigente

Cuando, hace ahora aproximadamente un año, el Gobierno hizo público su programa a medio plazo para la economía española, dos hechos surgieron con toda claridad, tanto de su contenido como del conjunto de observaciones, críticas y comentarios que acompañaron a su presentación.En primer lugar, que el Programa Económico (PEG) es un conjunto coherente, en cuyo contenido se establecía un diagnóstico acertado de la situación económica española, poniendo de manifiesto sus causas externas e internas; se reiteraba, por otra parte, una filosofía económica de mercado en plena consonancia con la posición mantenida por el Gobierno en este terreno, y que está explícita e implícitamente reflejada en las diferentes proposiciones del programa; se fijaba una estrategia de actuación general para la política económica a corto y medio plazo y, finalmente, y más allá de las simples declaraciones de voluntad, se comprendía en el programa un conjunto de medidas y actuaciones concretas en cinco áreas fundamentales: el empleo, la reestructuración industrial, la financiación de la inversión, el sector exterior y el sector público.

El segundo hecho que se puso claramente de manifiesto hace un año y que, guste o no guste, sigue estando vigente, es que el PEG constituye desde las coordenadas políticas y económicas de la sociedad española actual un programa sin alternativa válida y realizable, esto es, sin arbitrismos carentes de fundamentos y sin hacerse eco de los cantos de sirena que ofrecen un desarrollo fácil que la experiencia -la nuestra y la de todos los países industrializados- ha demostrado reiteradamente que es cambiar una apariencia artificial de mayor actividad hoy por mayor paro y deterioro de la balanza de pagos del futuro inmediato.

No es mi propósito hacer una defensa a ultranza del programa a medio plazo para la economía española que consideraría fuera de lugar. Sí me importa, sin embargo, insistir una vez más en que desde su nacimiento cristalizaba dentro de él un planteamiento razonable y útil para afrontar la difícil situación de la economía española con un horizonte a medio plazo, huyendo de planes al viejo estilo, inoperantes en un marco de incertidumbre internacional, combinando medidas de intencionalidad inmediata con otras de diseño más estructural, pensando en sentar las bases de un crecimiento sólido y estable, sin apoyos artificiales, para el futuro. Las críticas que hoy -como hace un año- se dirigen al PEG, en muy escasa medida, discuten los aspectos centrales del programa o aportan mejoras concretas a su contenido. En su mayor parte -ayer como hoy- siguen siendo fruto de una preconcepción dictada por razones políticas -legítimas, aunque no siempre suficientemente explícitas- o por intereses de grupos -no siempre tan legítimos, aunque extraordinariamente explícitos- que olvidan el necesario equilibrio entre todas las aspiraciones y necesidades de una sociedad pluralista.

Ese punto de partida rígidamente preconcebido que caracteriza por uno u otro motivo a muchas de las críticas dirigidas al PEG y a la política económica del Gobierno en general, unido a la situación objetivamente difícil por la que atraviesa la economía española, hace que, con frecuencia, las discusiones adquieran un aire de generosidad con olvido poco excusable, en un análisis objetivo, de lo realizado en el primer año de vigencia del PEG. Y también se olvida, con demasiada frecuencia, que la realización de un programa económico que aspira a reformar y sanear en profundidad los mecanismos productivos y financieros debe, lógicamente, abordar en primer término reformas institucionales que son lentas en su instauración y pausadas en sus efectos y requieren, por ello, tiempo y rodaje para que se incorporen, rompiendo hábitos y abriendo nuevos canales, a las líneas de comportamiento de los diferentes sujetos y agentes económicos de la sociedad.

Nada más lejos de mi intención, en beneficio del lector, que hacer aquí y ahora un recuento de las realizaciones derivadas del PEG. Pero es injusto negar que desde hace un año la Administración ha ido adoptando medidas en la línea establecida en el programa, como también lo es hacer a la estrategia del PEG responsable de una difícil situación económica cuyas raíces son múltiples y complejas.

La preocupación básica

Afirmar la existencia de esas realizaciones no supone, bajo ningún concepto, negar la gravedad de la situación económica presente. Pero, análogamente, el hecho de una elevada tasa de paro en crecimiento, aunque con algunos indicios de pérdida de intensidad, que precisamente constituye la preocupación básica latente en el PEG y cuya mejora estable sólo podrá alcanzarse a medio plazo corno fruto de modificaciones profundas en la estructura productiva y en el supuesto de que no se produzcan nuevos cambios intensos en los precios energéticos, no debe tampoco llevar a negar los avances realizados, incluso en el puro plano coyuntural, en el que no conviene restar la merecida importancia a los logros alcanzados en el crecimiento de los precios; un objetivo considerado como prioritario en la política económica y respecto al ,que hoy se vislumbra para el conjunto de 1980 una tasa de crecimiento de los precios de consumo próxima al 14 % -con clara aproximación a lo que se espera para el promedio de países de la OCDE- y que era impensable hace tan sólo tres años.

En un terreno más permanente, creo que nadie puede negar objetivamente los avances producidos en terrenos que afectan muy directamente al proceso de ahorro-inversión en la economía española y al marco de las relaciones laborales. Ahí está el Estatuto de los Trabajadores o el esfuerzo realizado por el Comité de Inversión Pública para dotar de mayor racionalidad y eficacia a ese volumen importante de inversión controlada directa o indirectamente por el Estado, o el apoyo prestado reiteradamente a empresas de sectores en crisis, sometiéndolo a planes de reestructuración con visión de futuro o el estímulo prestado a la construcción de viviendas a través del crédito oficial.

Una mención especial creo que merece la reforma del sistema financiero. De una parte no me parece discutible la continuidad en el avance de la liberalización, tanto por lo que se refiere a la reducción de la inversión obligatoria de las entidades financieras como a las mayores posibilidades operativas de las instituciones distintas a la banca privada (cajas de ahorro y cooperativas de crédito), e incluso la mayor libertad concedida en la apertura de oficinas por parte de estas entidades, única forma de asegurar -junto con la creciente penetración de la banca extranjera- que la liberalización va a ser un proceso que beneficie finalmente al usuario del crédito.

De otra parte, la política monetaria ha discurrido con rigurosidad, pero sin grandes tensiones, ofreciendo un crecimiento de la liquidez positivo en términos reales. Estas mayores facilidades de financiación se han compaginado con la obligatoriedad de canalización de fondos a largo plazo por parte de la banca hacia la financiación de la inversión, y en la misma línea se apuntan próximas medidas para las cajas de ahorro.

El sector público

El sector público -al margen de su dimensión global, que es una responsabilidad parlamentaria- se ha venido financiando en forma más ortodoxa que en el pasado, a través del mercado de capitales, en el que por otra parte se ha impulsado en forma continua la potenciación de un mercado de renta fija.

Por primera vez, en muchos años, se han elaborado un conjunto de disposiciones que intentan abordar en forma coherente y global la reforma de las Bolsas. Proyectos que sobre cuestiones tan decisivas como la información, la transparencia y la contratación están ya dictaminados por el Consejo Superior de Bolsas y esperan, en trámite de urgencia, el informe preceptivo del Consejo de Estado.

Se ha elaborado un proyecto de ley del mercado hipotecario con el que se aspira a agilizar la financiación de la construcción, en general, y de la vivienda, en particular.

Pensar, sin embargo, que estas reformas habrían de repercutir inmediatamente en la rebaja del tipo de interés no deja de ser una ingenuidad, dada la estructura del sistema financiero, en proceso de cambio, y las tasas de inflación, aun llevadas pese al éxito conseguido en la política de estabilidad.

Creo, en suma, que respecto al programa económico del Gobierno se podrá discutir su filosofla o su ritmo de realización, e incluso aspirar a que en una realidad económica cambiante se introduzcan modificaciones que lo vayan ajustando a las circunstancias y lo hagan concordante con las coordenadas de la economía internacional en cada momento. Sin embargo, no cabe negar las realizaciones derivadas del PEG en la política económica de este último año, ni cabe responsabilizar al programa de la evolución desfavorable del empleo.

Lo que sucede es que el camino que está inscrito en el PEG es un camino de libertad, y ésta exige de esfuerzos y responsabilidades y nada tiene que ver con quienes aspiran a realizar una actividad cómoda, exenta de incertidumbres, como flor de invernadero.