La Comisión para la Libertad de Expresión acusa de fraude al editor de "El libro rojo del cole"

La Comisión para la Libertad de Expresión ha sido defraudada en la edición de El libro rojo del cole, realizada el pasado 31 de mayo con el sello de veintiséis editoriales, por el encargado de producción y la editorial Nuestra Cultura, de la que es director Luis Martínez Ros, cuyo procesamiento, a causa de la publicación de este libro, motivó la iniciativa editorial de la citada comisión.La agencia Efe informa que, al mismo tiempo que se lanzó la edición legal de 3.000 ejemplares de la Comisión para la Libertad de Expresión, salieron otras tres ediciones piratas: una de 10.000 ejemplares, realizada también por la comisión, sin el conocimiento de los veintiséis editores; otra de 25.000 ejemplares, por la editorial Nuestra Cultura, y otra de 2.000 ejemplares, que distribuyó Jesús González.

El fraude de Jesús González, encargado de la producción del libro en lo relativo a su impresión y encuadernación, y que fue detenido el día 10 de junio por su participación en la edición de la comisión y posteriormente puesto en libertad, está determinado por varias acciones. Jesús González, según las informaciones de que dispone la comisión, entregó a la misma 12.190 libros en lugar de los 13.000 encargados, es decir, 810 menos; imprimió 2.000 ejemplares más de los acordados, que distribuyó por medio de la empresa Distribuidora Futuro y en beneficio propio, junto a los 810 anteriores, y retrasó la edición pirata de Nuestra Cultura, cuya producción dependía de la misma imprenta y de la que él estaba también encargado.

La edición de Nuestra Cultura constituye, en opinión de la comisión, otro de los fraudes de que ha sido objeto, ya que su director, Luis Martínez Ros, procesado por el Juzgado Central de Instrucción número uno, se había comprometido a no publicar ningún ejemplar del libro hasta después de que se hubiesen vendido los realizados por la comisión.

La comisión decidió editar El libro rojo del cole a raíz del procesamiento de Luis Martínez Ros y en defensa de la libertad de expresión. Aunque la comisión corrió con todos los gastos, consiguió el apoyo de veintiséis editores, varios de los cuales fueron citados a declarar por el Juzgado Central de Instrucción número uno de Madrid, que ordenó también, aunque sin éxito, el secuestro de la edición el mismo día en que fue distribuida y anunciada en un acto público celebrado en Madrid.