Las reacciones militares en torno a la amnistía de la UMD, prueba sobre el espíritu constitucional

La reincorporación de los oficiales de la autodisuelta Unión Militar Democrática (UMD) a las armas de que fueron separados puede convertirse en una prueba sobre el espíritu constitucional de las Fuerzas Armadas.Esa reincorporación está prevista en el texto de una proposición de ley suscrita por todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, excepto Coalición Democrática. Según se desprende de la exposición de motivos del mencionado texto, se trata, en definitiva, de aplicar el principio de no discriminación, consagrado en los preceptos constitucionales, y abolir las diferencias establecidas en la ley 46/1977, sobre la amnistía concedida a los militares profesionales y a los funcionarios civiles."

La oposición que se ha detectado en determinados sectores de las Fuerzas Armadas a esa reincorporación ha sido evaluada por algunos analistas políticos como posible fulminante de un conflicto institucional con el Parlamento, intérprete de la soberanía nacional.

En sus declaraciones publicadas ayer, el ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, al hacer balance de los quince meses que lleva en el departamento, se refiere a la proposición de ley en términos de significativa distancia y cuidadosa actitud reglamentaria. Para nada menciona el hecho de que el primer grupo firmante de la proposición de ley sea precisamente el suyo propio: Unión de Centro Democrático. Además, el ministro adelanta su criterio personal de que serían convenientes algunas modificaciones, y afirma que piensa promover las oportunas enmiendas, que se abstiene de precisar.

Rodríguez Sahagún afirma compartir los deseos de reconciliación de que habla la proposición de ley, pero afirma que existen también otros valores a tener en cuenta, recogidos en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Fuentes de la Comisión de Defensa del Congreso han insistido, frente a estos criterios del ministro, en su posición de que las Reales Ordenanzas están penetradas del espíritu de la Constitución y que no pueden invocarse contra la proposición de ley, donde se propugna el reingreso de los oficiales de la autodisuelta UMD.

Una alta fuente militar, de cuyo pleno acatamiento constitucional sin reservas ni resistencias hay amplia constancia, señalaba recientemente que el test de la amnistía a la UMD llega precisamente escasas semanas después de: la definitiva resolución judicial sobre la «operación Galaxia», que ha servido de termómetro del ambiente caracterizado que reina en filas.

En cuanto a la actitud adoptada por la Junta de Jefes de Estado Mayor (Jujem, de la que dio cuenta EL PAIS (12-7-1980), el ministro Rodríguez Sahagún, en sus declaraciones al negar la existencia del documento mencionado en esa información, acepta que la Jujem ha dado curso a notas informativas que recogen los estados de opinión detectados en los Ejércitos.

De la inquietud que entre los componentes de la Jujem, máximo organismo de la cadena de mando militar, ha suscitado la ampliación de la amnistía a la UMD, puede dar idea la audiencia solicitada por el teniente general Gabeiras al Rey, en fecha reciente, causa de abierta incomodidad para el ministro de Defensa.

A la proposición de ley, reiteradamente referida, se le han querido buscar intenciones ocultas y patrocinadores con oscuros y determinados fines, pero en fuentes parlamentarias se han descartado unas y otros. Por el contrario, se recuerda que la ampliación de la amnistía a los oficiales de las Fuerzas Armadas surgió con ocasión de la reforma del actual Código de Justicia Militar. Las enmiendas que entonces presentó el partido socialista fueron retiradas, una vez ofrecido el compromiso por los demás grupos de plantear la ampliación de la amnistía en una proposición de ley independiente, que es la que ahora ha sido cursada ante la secretaría del Congreso de los Diputados.

Los antecedentes remotos están ampliamente reflejados en el diario de sesiones del Senado, donde, por ejemplo, con fecha del 27 de julio de 1977, se recoge la proposición no de ley instando al Gobierno a terminar con la discriminación sufrida por los oficiales militares en relación con la amnistía. Aquella proposición, defendida por el entonces senador Joaquín Satrústegui, tuvo el respaldo expreso de todos los grupos políticos, incluido, naturalmente, el de Unión de Centro Democrático, del que era portavoz el hoy secretario general del partido, Rafael Calvo Ortega.

El Senado volvió sobre esta discriminación -que excluía a los oficiales cuya amnistía se pretende ahora con todas las consecuencias-, según consta en el diario de sesiones del 14 de octubre de aquel mismo año. Todos los senadores, puestos en pie, aplaudieron entonces el compromiso de que, una vez establecida la serenidad en el país, se presentaría una proposición de ley reintegrando plenamente a los militares excluidos de los beneficios plenos de la amnistía. Aquel turno de explicación de voto fue pronunciado también por Joaquin Satrústegui, a quien ha correspondido, dentro de UCD, promover la iniciativa legal en el caso.

Para los socialistas más críticos del ministro Rodríguez Sahagún, la situación detectada es preocupante y traduce la falta de energía del responsable de la cartera de Defensa. Para los observadores más independientes, se evidencia la necesidad de que las Fuerzas Armadas se imbuyan del espíritu de la Constitución y de las reales ordenanzas. Dos áreas neurálgicas deben recibir atención preferente: la información interior en las Fuerzas Armadas y la enseñanza en todos sus grados.