Creciente oposición interna a los acuerdos de Suárez con los nacionalistas

La estrategia de coaliciones de gobierno o pactos parlamentarios para el próximo curso político será uno de los temas centrales de la reunión de la comisión permanente de Unión de Centro Democrático (UCD), prevista para mañana. Diversos sectores centristas y personalidades del Gobierno, hasta ahora afines al presidente Suárez, califican los proyectos de acuerdo con las minorías nacionalistas como prematuros y fruto más de un intento de huida hacia adelante ante el hostigamiento socialista a Adolfo Suárez que de una meditación profunda y responsable.

Desde estas posiciones, el argumento básico es que el proceso constituyente, todavía inacabado, ha de tener como principales autores a quienes fueron los dos fundamentales protagnonistas de la elaboración de la Constitución: UCD y Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Quienes continúan manteniendo esta tesis advierten que el propio Adolfo Suárez ha sido uno de sus abanderados, hasta que el debate de la moción de censura le convenció de que los socialistas son compatibles con buena parte de UCD, pero no con su figura política.Las diversas fuentes centristas consultadas por EL PAIS estiman comprensible la reacción de Adolfo Suárez, al poner sus ojos en las minorías nacionalistas, en una operación cuyo principal efecto será, quizá, mostrar al PSOE que, a falta de la novia ideal, existen otras novias capaces de consolar la soledad centrista. Al mismo tiempo, consideran no demasiado racional, desde la perspectiva de Estado en que gusta situarse a muchas de las personalidades del PSOE, concretar la pugna política con el partido gubernamental en la persona de Adolfo Suárez, olvidando injustamente sus servicios a la transición.

La "entente" con el PSOE

Sea como fuere, en el seno de UCD se está gestando una fuerte oposición a los proyectos de pacto con las minorías nacionalistas. Aun reconociendo que, a la larga, la afinidad ideológica de UCD con Convergencia i Unió (CiU), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el propio Partido Socialista de Andalucía (PSA) hace coherente un acercamiento a estas fuerzas políticas, estiman que a corto plazo -a plazo de finalizar el proceso constituyente- es preferible un entendimiento con los socialistas. El techo de este entendimiento es el Gobierno de coalición UCD-PSOE, que algún miembro del Gabinete continúa sin descartar, porque «aunque es cierto el riesgo de acabar con la vida política, de no llegarse a esta fórmula existen riesgos más graves de acabar con muchas otras cosas». Sin necesidad de llegar al pacto de Gobierno, otras fuentes centristas estiman necesario, en todo caso, una entente cordiale con el PSOE sobre los grandes temas de Estado, y de modo especial para la construcción del Estado de las autonomías diseñado conjuntamente en la Constitución..Por el contrario, estiman que incorporar ahora a los nacionalistas al Gobierno de Madrid es convertir de alguna manera a los legítimos agentes de las respectivas autonomías en jueces y parte del proceso. Junto a esto se señalan otros problemas prácticos, consecuencia de la falta de arraigo y credibilidad que las fuerzas autonómicas tienen determinados poderes de hecho, como los militares. Si la simple extensión de la amnistía a los antiguos miembros de. la Unión Militar Democrática (UMD) está poniendo en peligro una proposición de ley firmada por el grupo parlamentario del partido gubernamental, no es probable que entre los sectores militares que se resisten a esta medida provoque entusiasmo ver sentados en la mesa del Consejo de Ministros a representantes de fuerzas políticas periféricas que, aunque de lejos, puedan poner en peligro «la indisoluble unidad de la nación española» que el estamento militar logró incorporar a la Constitución, para compensar el derecho «a la autonomía de las nacionalidades y regiones».

La "llave" electoral

El final de los problemas centristas está ligado a una nueva configuración del Congreso de los Diputados que permita una mayoría holgada al partido gubernamental. Sin embargo, esta solución -que podría producirse en 1983 o mediante unas elecciones anticipadas- está encadenada también al consenso constitucional, que obliga a una ley electoral que, aunque en fase de elaboración todavía muy verde, es seguro que alzaprimará a las zonas de mayor población y desfavorecerá a los núcleos rurales. Esto, sobre la base de arnpliar hasta cuatrocientos los actuales 350 diputados, favorecerá, en general, a la izquierda y a los grandes partidos.La solución que preconiza Manuel Fraga, y que básicamente consistiría en aproximar al máximo el sistema proporcional al mayoritario, mediante la introducción de fuertes correctivos, sería el único que podría asegurar una fuerte mayoría a UCD. Sin embargo, esta solución -que paradójicamente barrería del mapa político a Fraga, segón los expertos- es juzgada por fuentes gubernamentales como de dudosa constitucionalidad.