Dos años y medio de actuaciones judiciales

A los dos años y medio de que fuera firmada una de las más importantes operaciones financieras de los últimos tiempos en nuestro país, la integración del Banco Coca en Banesto, aún siguen coleando actuaciones judiciales por presuntas irregularidades en la gestión y contabilización de operaciones de revalorización de activos realizados por los administradores del Banco Coca.Banesto, que se hizo cargo de la administración del Coca en los primeros días del mes de junio de 1978, tres meses antes de que la operación quedase escriturada, adquirió directamente a la familia Coca el 69% de las acciones de su banco, pagando por ellas 5.560 millones de pesetas. El 31% restante lo adquirió mediante un canje de tres acciones del Banco Coca, totalmente desembolsadas, por trece de Banesto, más cinco pesetas en metálico. Las acciones nuevas parcialmente desembolsadas con que contaba el Coca en aquellas fechas fueron canjeadas en la proporción de tres títulos de Banesto y 75,21 pesetas en metálico por cada dos acciones parcialmente desembolsadas del Coca.

En la última semana del mes de mayo de 1978, Enrique Miñarro, consejero del Coca, era detenido por miembros de la Brigada de Delitos Monetarios y reconocía haber evadido de España 651 millones de pesetas.

En el transcurso de las largas actuaciones judiciales aparecieron los nombres de Cristóbal Martínez Bordiú, marqués de Villaverde; Alfonso Márquez Patiño, marqués de Castro, junto al propio Ignacio Coca, como presuntos vinculados personalmente o a través de empresas en las que participaban, en las operaciones que generaron los 4.500 millones de pesetas, en las que se estiman las revalorizaciones ficticias.